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Opinión

  • | 2019/01/17 16:45

    Corazón arrugado

    Entre pasmada y abrumada con tanta noticia, se me arruga el corazón. Una tras otra, las del año pasado, la del año nuevo con el asesinato del guardaparques Wilton Orrego, y la del carro bomba en pleno corazón de la Policía Nacional, en ataque frontal a quienes tienen que cuidar la vida. ¿Qué sigue después?

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Esperemos que ya se acabe la agresión y que una tragedia no empantane la anterior, en un momento donde todos los esfuerzos investigativos se concentrarán en encontrar a los osados culpables que buscan desestabilizar el país. 

Cada una de las regiones con conflictos socio ambientales tiene su propia historia y sus dinámicas internas. Los hechos perpetrados en Bogotá, el corazón del centralismo colombiano, están conectados con los sucesos en las regiones, pero tienen historias distintas. Encontrar a los culpables del crimen de Wilton, son los mismos que están en contra de la conservación de la biodiversidad en todos los Parques Nacional Naturales del país. 

Amerita hacer memoria de cómo ha funcionado el acaparamiento de tierras, de playas, la desecación de humedales como la Ciénaga Grande de Santa Marta,  y cómo se relacionan estos fenómenos con la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. Varios cánceres en una solo cuerpo territorial, enfermedades diagnosticadas pero  manejadas por separado de forma ineficiente por entidades del Estado nacional, regional y municipal, como si esos delitos no fueran interdependientes e interconectados.

En el caso específico de la zona rural del Municipio de Santa Marta, tierra de mis antepasados por parte de padre, sigue siendo vox populi el dominio paramilitar y la extorsión urbana y rural a comerciantes, a plena luz del día, ante las narices de la Policía, la Alcaldía, la Gobernación, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamag, y otras entidades estatales que han tolerando el desarrollo de la metástasis  que aqueja la región. Las entidades regionales tienen “dueño”, una familia de políticos locales, que quita y pone funcionarios, según sus intereses. Igual sucede con Cardique, otra entidad que valdría la pena ponerle la lupa a su “dueño”, porque la recuperación del Canal y del Río Magdalena, tan anunciada, sigue igual de estancada. Todo el mundo sabe quiénes son y en qué partido político militan.

¿Será que como todo cuerpo con cáncer terminal, este termina apagando los delitos del vivo para poder evolucionar hacia un nuevo cuerpo territorial donde se superen los vicios incrustados en una de las regiones más hermosas y biodiversas del planeta?    

Haciendo memoria, desde hace décadas, la Sierra Nevada, habitada por los hermanos mayores, ha sido azotada por conflictos de tierras y el mercado de drogas, gracias a su espléndida geografía en el extremo norte de América Latina. En época de adolescente rebelde, a mediados de los años setenta, el Autoferro del Sol nos permitió viajar en patota desde Bogotá hasta Santa Marta para explorar las bahías del Parque Tayrona y los caminos hacia los sitios sagrados de los Pueblos Indígenas que habitan la Sierra. Combinábamos mar, playa, baño de cascada helada y encuentros por con caminantes Kogui, Arhuaco, Wiwa y Arsarios, con paisas y santederanos finqueros y hippies acampando debajo de una palma de coco. Eran tiempos de deleite explorando cauces de ríos cristalinos, bosques frondosos de mangle y observación de una fauna variada de bosque seco y tupido. La buena ducha donde la tía Margot en Santa Marta fue el premio colectivo después de varios días de sal y arena del turbulento mar en el Tayrona. 

De esas épocas juveniles quedan vivas algunas escenas en la memoria: filas de hombres sudorosos cargando pacas de marihuana en lanchas ancladas cerca a las bahías del parque. Escena tranquila donde ninguna autoridad intervenía y a plena luz del día, en las playas de Villa Concha, Cinto, Naguanje, Taganga, Guachaca, Cañaverales, entre otras. El cargue sucedía con frecuencia y sin interferencias. El contrabando y el tráfico de drogas se volvieron  “normales” y la violencia entre narcos de varios orígenes, ya se evidenciaba. Uno, de estudiante inocente, observaba impávida la escena. Es allí, en esa zona cruzada por la troncal que va hacia Riohacha y la Alta Guajira, donde paramilitares mafiosos mataron, en febrero del 2004 a Martha Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, y posiblemente, casi quince años después, a Wilton Orrego, el guardaparques de Perico Aguao, zona rural de Santa Marta. Entre tanto han ocurrido muchos otros crímenes que quedan en la bitácora del Parque Nacional y en la memoria celeste de los sitios sagrados. 

Ella, él y cientos de personas, defensoras de la conservación y amantes de la naturaleza tropical, han sido asesinadas en la región y en otras regiones del país, con su propia historia de conflictos. Hoy hay que decir que el Estado está obligado a brindar la protección ante las amenazas anunciadas por la Defensoría del Pueblo, en el Tayrona y en las otras regiones igualmente vulnerables, atacadas por el mismo cáncer.

 Ante tal desprotección de líderes y funcionarios de Parques Nacionales y organizaciones campesinas, afros e indígenas amenazados en las regiones, uno se pregunta por qué el Estado provee, con nuestros impuestos, tanta parafernalia a gente que ya no la necesita y qué tiene guardaespaldas de sobra.  Mucho congresista, muy bien pago y con fortunas guardadas, podrían asumir sus propios costos de protección, mientras humildes campesinos y funcionarios de campo, no lo pueden hacer. ¿Cómo solicitarle al Ministerio del Interior que priorice la protección a quienes realmente la necesitan y no se la pueden financiar? 

En las ciudades se ven las caravanas de carros blindados, protegiendo a familiares de influyentes políticos que no son blanco real, malacostumbrados a los servicios gratis del Estado. Aquellos que están en alto riesgo por ser testigos directos de las rutas de la droga hacia el mar y del acaparamiento de tierras, son los que sí necesitan de esos servicios y son urgentes. Es hora que revisen la asignación de esa parafernalia de protección y se re- direccione a donde si se necesita proteger la vida de líderes y mujeres y niños amenazados. Mucho concejal, diputado y congresista y sus esposas, viudas y separadas de ex presidentes, con guardaespaldas para ir a hacer mercado o asistir a exposiciones de arte en la capital. 

¿Se le salió de las manos al Estado- Nación el manejo de la paz en las regiones dominadas por mafiosos cocaleros y por la cadena de intermediarios de insumos para las cocinas de la droga?  Ahí siguen tan campantes los corruptos quemando selva, metiendo vacas y legalizando tierras baldías, lavando activos de la deforestación y de la minería ilegal, cambiando usos de la tierra que deben estar prohibidos en zonas de reserva forestal y en Parques Naturales Nacionales. A los funcionarios de las CARs y de Parques Nacionales que no andan armados, ¿quién los protege para que cumplan con su deber? 

Es con el corazón arrugado que la ciudadanía clama al unísono, que no aguanta una tragedia más, que no admite otro cuento que concluya con vencimiento de términos, arresto domiciliario y con la trillada frase de se hará una “investigación exhaustiva”. Ya no comemos cuento.

 En el Parque Sierra Nevada de Santa Marta, como en la Macarena, en Parque Picachos, Tinigua, Chiribiquete, en la Reserva Nukak Maku en el Guaviare, en Mapiripán y Puerto López, en la Orinoquia, en las costas del Cauca y Nariño, en particular Tumaco y Buenaventura, en los Resguardos Indígenas del Cauca y Territorios Colectivos del Chocó, pueblos del bajo Cauca antioqueño, las familias más pobres en esos territorios son víctimas del cáncer generado por las rutas estratégicas que sacan la droga a los mares del Golfo de Urabà, pueblos costeros de Córdoba y Sucre, para mercados internacionales. 

A los pueblos del Cañón del Río Cauca, además, se les suma el drama humanitario generado por EPM con la construcción de la Represa de Hidroituango, que mantiene en vilo a miles de barequeros y pescadores, que no quieren sembrar coca ni meterse en el negocio y necesitan nuevas opciones de vida.   

Poniéndole imaginación a la crisis, el freno a la violencia desencadenada en Colombia estaría en la forma audaz en que el Estado le haga corto circuito al negocio transnacional, de una forma distinta, creativa, innovadora, participativa e independiente, exigiendo acción conjunta de los países donde se consumen las drogas. Todos sabemos que el manejo actual es inocuo, con visión de corto plazo y con intereses comerciales en el mercado de las armas y el glifosato. Así no se ha frenado la violencia en años, al contrario, la ha incrementado. 

La cura del cáncer en el Caribe, con sus distintas historias clínicas, debería tener varias terapias localizadas, considerando su propia historia. En el momento, la región rural de Santa Marta arde de desprotección, como las otras mencionadas en redes sociales y en los medios de comunicación regional y nacional.

El asesinato del guardaparques  Wilton Orrego, se suma entonces a los crímenes de centenas de personas caídas como en un siniestro juego de dominó. La causa de todo este desastre humanitario: la ausencia de una Política de Estado para enfrentar el manejo territorial del narcotráfico, la falta de oportunidades de ingreso para miles de “obreros” contratados por las mafias, y entre otros, la falta de independencia para asumir una política anti-drogas que permita transformar la materia prima en productos legales, en emprendimientos creativos de la economía naranja y de la economía circular, para que entren a los mercados internacionales legales.

Mientras Colombia no enfrente con otro enfoque su viejo problema del cáncer prostático del mercado ilegal de drogas, la conservación de la biodiversidad y el turismo de naturaleza que tanto queremos promover, estarán coartados por la imagen de un país enfermo, desangrándose por corruptos que solo buscan lucrarse del negocio y el acaparamiento de tierras. 

En todas las regiones donde persiste la “cultura” tolerada del tráfico de drogas y dragas de minería aluvial, existe violencia y amenazas a quienes ven y oyen del negocio.  Hoy, la ciudadanía está saturada de tanta tolerancia frente al delito y a la agresión. Una política anti-drogas diferente tiene que frenar el genocidio.  A la fecha no se oye de un arresto, ni de una sanción visible a deforestadores, a notarios entregando escrituras en baldíos quemados para ganadería, ni a asesinos de líderes sociales. Para volver a creer en la justicia, hay clamores que piden la renuncia de quien representa la verdad. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia haga eco de las demandas ciudadanas para creer que sí se pueden salvar enfermos terminales, con transfusiones de decencia, ética y respeto y una buena dosis de creatividad. 

P.D.: Merecido homenaje al amigo Rafael Vergara Navarro en sus 70 años, comprometido con la conservación y restauración del patrimonio marino y costero,  en Cartagena y en el Caribe. Te deseamos muchos años más trabajando por la defensa de los Corales de Varadero, de los bosques de mangle en los caños de la ciudad, las Ciénagas y el Malecón de Crespo, que te inspiran a diario para seguir escribiendo tus columnas de opinión en El Universal.



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