Acore rechaza ataques contra ley de Defensa Técnica

Como presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE), expreso mi enérgico rechazo a los ataques de algunos sectores de la izquierda radical contra la ley de Defensa Técnica que les permitirá a los miembros de la fuerza pública, protegerse en los procesos judiciales derivados del cumplimiento de su misión constitucional. 

La ley, aprobada recientemente por el Congreso de la República,  permitirá financiar la defensa de los integrantes de la Fuerza pública, “siempre y cuando la falta o delito haya sido cometido en ejercicio de la misión constitucional asignada o con ocasión de ella”, como reza el texto de la norma. 

La ley es clara, y a diferencia de lo que aseguran algunos voceros de movimientos políticos de izquierda radical, también es precisa en el sentido de que esa garantía de defensa asumida por el Estado, excluye “faltas o delitos no cometidos en ejercicio de la misión constitucional asignada a la Fuerza pública o con ocasión de ella, o que correspondan a su ámbito privado”. 

Por ello no se requiere ser un experto para entender que, por ejemplo, tal como se afirmó, si un miembro de la Fuerza pública en actividad o de la reserva activa  atropella  en estado de embriaguez a una persona, ese delito no es cobijado por la norma, porque se trata de una actuación personal o del ámbito privado.  

Pero lo que muchos no saben es que la mayoría de miembros de la fuerza pública procesados por ‘presuntos’ delitos deben acudir a defensores de oficio que no tienen el conocimiento ni la experiencia en asuntos relacionados con el quehacer del servicio, razón por la cual no gozan de una justa y adecuada defensa.

Ahora bien, es necesario destacar que estos pronunciamientos contra la ley de Defensa Técnica, se suman a otros similares que continuamente se formulan en contra de las Fuerzas Militares y de Policía, por parte de sectores que sólo pretenden menoscabar y atacar a las instituciones más respetables y de mayor credibilidad en el país. 

Se trata de una estrategia habilidosamente utilizada en la guerra político-jurídica lanzada contra la institución por sectores que reconocen en las Fuerzas Militares y de Policía,  los principales obstáculos frente a los objetivos que persiguen las distintas organizaciones terroristas.

En este sentido también es importante recordar que, en un golpe más contra la moral de la institución militar y policial, la Corte Constitucional declaró inexequible,  por supuestos vicios de forma la reforma al fuero penal militar. 

Con este inexplicable proceder, sencillamente se evitó debatir el fondo de  una figura tan importante para las Fuerzas Militares. Ello, sin lugar a dudas, se constituye en una falta de compromiso con esta institución esencial para el Estado, cuyos miembros sacrifican diariamente su integridad, su seguridad y su vida para garantizar la protección de todos los colombianos.

   

Con esas posiciones, los únicos beneficiados son los grupos de izquierda radical y las organizaciones terroristas, que buscan sustituir la derrota militar sufrida en el campo de combate, por grandes victorias en los estrados judiciales.