Históricamente, los proyectos políticos que llegan al poder prometiendo transformaciones radicales comparten un rasgo común: cuando la realidad los contradice, recurren al relato. Ajustan el discurso, cambian el énfasis, buscan culpables en otro lado. Lo que rara vez hacen es mirar de frente el resultado de sus propias decisiones. Colombia no ha sido la excepción a esa regla, y el primer —y esperamos que último— gobierno de izquierda en la historia de la República nos lo ha demostrado con una contundencia que ya no admite evasivas.
La llamada paz total, joya de la corona del proyecto de Gustavo Petro, no solo fracasó en sus objetivos declarados, sino que contribuyó activamente a un reacomodo del poder territorial en favor de los grupos armados ilegales. Lejos de consolidar la autoridad del Estado, el país asiste hoy a la expansión de estructuras criminales que llenaron los vacíos dejados por una estrategia errática y, en muchos casos, abiertamente complaciente con quienes nunca tuvieron intención real de deponer las armas. Los números que hoy sacuden al país no son accidentales. Son la consecuencia directa de cuatro años de ilusión negociadora que los grupos armados aprovecharon con una eficiencia que contrasta de manera dolorosa con la torpeza del gobierno que los convocó a la mesa.
En lo corrido de 2026, Colombia ha registrado 48 masacres, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Para dimensionar la gravedad: en el mismo período de 2025 se habían documentado 20, y en 2024, 23. El primer trimestre de este año ya es el más violento de la última década, con 133 personas asesinadas en hechos colectivos ocurridos en 34 municipios de 17 departamentos. El propio Ministerio de Defensa respalda ese diagnóstico con sus cifras: las masacres aumentaron un 32 % frente al año anterior. Son datos que no necesitan exageración para estremecer, pero sí contexto para comprenderlos: esto no apareció de la nada, es la consecuencia directa de una política fallida.
El sábado 25 de abril, la vía Panamericana en Cajibío, Cauca, fue escenario del peor atentado terrorista en Colombia en años. Un cilindro bomba lanzado por el Frente Jaime Martínez —disidencia de las antiguas Farc— contra vehículos en el sector de El Túnel dejó al menos 20 muertos. En las 36 horas previas, otras cuatro masacres habían sacudido a Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander. Ese fin de semana no fue una anomalía: fue la confirmación de una tendencia sostenida que el gobierno prefirió no ver, o que vio y decidió no nombrar.
Las cifras de homicidios en Colombia desmontan cualquier relato triunfalista sobre la seguridad. En 2022 el país registró 13.939 asesinatos; en 2023 subieron a 14.260; en 2024 hubo una leve reducción a 14.021, pero en 2025 la violencia volvió a dispararse hasta 14.780 casos, la cifra más alta de la última década. Es decir, lejos de mejorar, Colombia pasó de promediar 38 homicidios diarios en 2022 a más de 41 en 2025. Detrás de cada número hay una familia destruida, una comunidad intimidada y un Estado que pierde control territorial. El homicidio no admite maquillaje estadístico; cuando aumentan los muertos, lo que fracasa no es la percepción ciudadana, sino la política de seguridad.
La pregunta que Colombia lleva formulando desde agosto de 2022 tiene hoy respuesta. ¿Qué se compró con cuatro años de negociaciones simultáneas con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo? Según la Fundación Ideas para la Paz, el número de integrantes de grupos armados ilegales creció un 23,5 % en 2025, con más de 5.000 nuevos reclutas. Los enfrentamientos entre estructuras aumentaron un 34 %. El Estado Mayor Central continuó controlando territorios en al menos siete departamentos mientras negociaba. Las disidencias de Calarcá ejecutaron a 26 rivales en Guaviare con disparos en la nuca y atacaron un helicóptero de la Policía en Antioquia, matando a 13 agentes. Todo esto, mientras las cámaras captaban apretones de manos en La Habana y Caracas. Lo que se compró, en resumen, fue tiempo para ellos. Y más muertos para nosotros.
El 22 de abril de 2026, a cuatro meses de terminar su mandato, Petro anunció el fin de las negociaciones con el Estado Mayor Central. Era, en cierta forma, el acta de defunción de su mayor promesa política. Pero la violencia no esperó el comunicado oficial: ya había retomado el paso de los peores años.
Colombia se encuentra hoy a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La ola de atentados del último fin de semana de abril cayó sobre la campaña como un detonador. Los candidatos reaccionaron de manera predecible: acusaciones cruzadas, llamados a la firmeza, instrumentalización del miedo.
Pero en medio del ruido, hubo un instante que vale la pena registrar. Algunos políticos, confrontados por las imágenes del Cauca, dejaron de hablar en clave electoral. Dejaron los formatos. Las cámaras los captaron sin libreto, leyendo en silencio lo que la pantalla les mostraba, y lo que salió no fue un discurso: fue una reacción humana. La tragedia, cuando es suficientemente grande, tiene esa capacidad brutal de romper el formato. De recordarle a quien aspira a gobernar que hay cosas que no admiten el envoltorio de la campaña. Que las víctimas del Cauca no son un argumento. Que el dolor no tiene colores partidistas y que, si hay algo que Colombia debería exigirle por igual a la izquierda y a la derecha, es que nunca, bajo ninguna circunstancia, se juegue con las vidas de los muertos para ganar votos.
Colombia ha acumulado errores de todos los colores políticos: los de quienes apostaron por la solución puramente militar sin atender las causas sociales del conflicto, y los de quienes apostaron por la negociación sin mecanismos de verificación ni costos reales para el incumplimiento. Ambas vías, aplicadas de manera absoluta y sin autocrítica, condujeron al mismo lugar: más muertos, más territorios perdidos, más comunidades abandonadas a su suerte.
El próximo gobierno heredará un mapa de violencia más complejo que el de 2022. Heredará grupos armados que aprendieron a negociar y a expandirse al mismo tiempo. Heredará comunidades que perdieron la fe en el Estado y buscaron acomodo en la sombra de quien les ofreciera orden, así fuera un orden criminal. Heredará también la obligación moral de no repetir los mismos errores con distintos nombres.
Las cifras de 2026 no mienten, aunque muchos quieran mirar hacia otro lado. Son la prueba del fracaso de una política que prometió paz y terminó profundizando la violencia. Pero también deberían ser una alerta para que Colombia asuma, sin evasivas, la discusión de fondo que ha postergado durante años: cómo recuperar la seguridad, fortalecer la justicia y restablecer la autoridad del Estado.