En los últimos días, Colombia ha abierto un debate importante sobre los verdaderos límites y alcances del derecho a la protesta social. La línea que separa la legítima expresión ciudadana de la delincuencia se ha venido desdibujando bajo una peligrosa tergiversación: la idea de que, amparados en el derecho a movilizarse y tras el velo del anonimato, unos pocos tienen la facultad de destruir los bienes públicos, atacar comercios y paralizar ciudades enteras.
Y si bien es cierto que el derecho a la protesta tiene en sí mismo un carácter ‘disruptivo’ o ‘incómodo’, como se menciona en la Sentencia C-014 de 2023 de la Corte Constitucional, en el marco del ejercicio legítimo de este derecho, se ha visto cómo una minoría de la población ha abusado de este condicionante.
He ahí la verdadera distorsión: marchas que nacen de forma legítima y son convocadas pacíficamente terminan siendo instrumentalizadas por un sector reducido. Estos infiltrados usan a la multitud como fachada para atacar la infraestructura pública y privada, los comercios, los sistemas de transporte y, en algunos casos, hasta para agredir a la Fuerza Pública. Así, la protesta pacífica queda desnaturalizada por unos pocos que vulneran los derechos de una mayoría.
En ese modus operandi, la capucha se convirtió en el camino predilecto de las minorías infiltradas para que cualquier acto de violencia en la protesta quede en la aparente impunidad. Cubrirse el rostro dejó de ser, en algunos casos, un acto de rebeldía y de protección para transformarse en una maniobra calculada: los vándalos asumen que la máscara los hace intocables y confían en que el anonimato, sumado a una legislación donde el daño en bien ajeno es excarcelable, les garantiza volver a sus casas a las pocas horas de ser capturados. Es esa percepción de impunidad la que alimenta este tipo de violencia y es precisamente allí donde se necesitan herramientas legales más severas para combatirla.
Ahí cobra sentido el proyecto de “Ley Anticapuchos”, iniciativa que impulsamos en el Congreso junto al representante a la Cámara Jaime Arizabaleta. La propuesta contempla la creación de un tipo penal autónomo que exige la concurrencia de tres elementos: que la conducta ocurra en el marco de una movilización social, que la persona oculte deliberadamente su rostro y que efectivamente se ejecute un acto vandálico.
De esta manera quedan desvirtuados los dos relatos que han intentado posicionar los detractores de esta iniciativa: que se criminaliza la protesta y que se persigue el uso de la capucha. Nada más alejado de la realidad.
Quien quiera usar cualquier elemento para ocultar su rostro en una marcha puede seguir haciéndolo, siempre y cuando no incurra en ningún delito. La Corte Constitucional ha sido clara en determinar que el uso de elementos para ocultar el rostro se enmarca en el ejercicio de los derechos fundamentales, “siempre que la conducta se circunscriba a la ejecución de una manifestación constitucionalmente legítima”. La situación cambia radicalmente cuando la capucha se utiliza como un medio para facilitar la comisión de delitos: en ese escenario, bajo nuestro proyecto de ley, quien lo haga enfrentará penas de 54 a 96 meses de prisión, una sanción que en ningún caso será excarcelable, como ocurre actualmente.
Mientras la discusión sigue encendida en las redes sociales y la opinión pública, el Proyecto de Ley Anticapuchos continúa su trámite legislativo. Tras su reciente aprobación en la Comisión Primera de la Cámara, le restan tres debates para convertirse en ley de la República. El Congreso tiene hoy la oportunidad histórica de respaldar una propuesta que trasciende sesgos ideológicos: se trata de blindar la protesta pacífica y atender el clamor de millones de ciudadanos que han visto a sus ciudades quedar a merced de la violencia de vándalos encapuchados que jamás rinden cuentas ante la justicia.