Constituyente: la pieza que faltaba en el desastroso cambio

Todo parece indicar que la constituyente es un punto innegociable en la agenda del Gobierno en el corto plazo. El Gobierno ya ha explorado alternativas, entre las que se cuenta realizarlo por la vía ordinaria de la iniciativa popular y llevarlo al Congreso de la República, como dictan los mandatos constitucionales. Sin embargo, esta opción se ve lejana frente al bajo nivel de apoyo popular de la gestión presidencial.

Al mes de abril del presente año, la desaprobación del presidente alcanza el 60 %, es así que se ha planteado como camino alterno una decidida e intencional política de gobierno que pretende llevarnos a un abismo de desespero que reduzca, como única solución a todos nuestros problemas, el tránsito a una nueva Constitución.

La estrategia está diseñada para recrear en la versión moderna los eventos de los años noventa, épocas en las que el país se encontraba sumergido en una de sus peores crisis, propiciando así la iniciativa de la constituyente de 1991. En esta versión 2024, el país está en alarmantes niveles de ebullición política, económica, social y de orden público que promete estallar al país y llevarse puesta a la sociedad civil, a la institucionalidad y a todo lo que suene legalidad de por medio.

Los protagonistas principales siguen siendo los políticos corruptos y los históricos carteles de la droga, ahora organizados y uniformados, con lema, himno y manifiesto, fingiendo una vez más poseer una lucha legítima contra el Gobierno, escondiendo su verdadero rostro, que no es otro que el de grupos armados violentos y violadores de derechos humanos que en nada les interesa la lucha política, sólo pretenden imponer sus gobiernos mafiosos de facto en el territorio, controlar las rutas del fructífero negocio de la droga, la minería ilegal y el contrabando.

Según datos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA), sólo para el primer semestre de 2023, los grupos al margen de la ley lograron abarcar más territorios, en los que se han registrado múltiples ataques a la población civil.

Por el lado de los políticos, el panorama no es otro que la compra descarada de la conciencia de nuestros legisladores, la negociación de los principios de legalidad y orden, y la rampante ignorancia de quienes –se supone– deben manejar con mayor pertinencia la cosa pública.

La crisis no puede estar más desatada. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgos latentes de que ocurran desplazamientos forzados masivos en Colombia en este 2024. De enero hasta la fecha se registran 73 eventos de riesgo de desplazamiento. Lo que es más preocupante es que se han registrado más de 35 eventos de desplazamiento masivo que han afectado a cerca de 12.000 personas en todo el territorio nacional. Según cifras de Indepaz, se han presentado 24 masacres en 2024, con 79 víctimas (corte al 24 de mayo de 2024). Más de 50 militares han sido asesinados por grupos armados en 2023 y otros 163 han resultado heridos.

La situación anterior escaló del ámbito rural al urbano. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol registran, a 24 de mayo de 2024, un total de 4.947 casos de homicidio doloso o intencional, en las ciudades capitales la cifra asciende a 1.932. A su turno, en cuanto al hurto a personas en el mismo período, se registran 131.534 casos denunciados; en cuanto al hurto a residencias, la cifra asciende a 11.739; al comercio, 13.481 casos, y automotores y motocicletas, 4.268 y 14.629, respectivamente. Por otro lado, el reporte estadístico de secuestro y la extorsión encontró 82 víctimas de secuestro en lo que va del año 2024 y una cifra de extorsión por las nubes en que se reporta un número de 3.909 de casos.

El Pacto Histórico, y quienes nunca abandonaron el ropaje de activistas y hoy de forma indecorosa se encuentran revestidos de la vestidura política, han reconocido que no les gusta la Constitución de 1991 y que la reelección del presidente es necesaria dado que son muchos años más los que se necesitan para implementar el gobierno del cambio. Así que, mientras sus arquitectos fraguan el adefesio jurídico que le daría vida al ilegítimo camino constituyente a proponer, nos regalan el anticipo de lo que sería el desastroso cambio.

Desgobierno absoluto, inseguridad en niveles descomunales, una crisis advertida a la salud, como retaliación a la caída reforma a salud, evento que hoy le cuesta la prestación eficiente de los servicios de salud del magisterio, a los usuarios de Sanitas, Nueva EPS, Sura, entre otras. El descarado robo de 380 mil millones de pesos a manos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales de la UNGRD. Anarquía social e irrespeto a la autoridad; el llamado y la convocatoria a la sublevación a las bases y milicias urbanas y terroristas de la primera línea; un control absoluto de las estructuras criminales urbanas manejadas desde las cárceles del país; la intervención en la economía, los gremios; la injerencia en los gobiernos autónomos de las universidades públicas... En fin, una suerte de situaciones caóticas producidas por él, premeditadamente por el Gobierno, a fin de ofrecer el remedio: la constituyente.

El asunto es preocupante y nos muestra el tráiler de una película cuyas escenas están por desarrollarse y prometen dejar a su paso miseria, muerte y destrucción. Colombianos, no podemos permitir que se nos conduzca al camino de nuestra propia destrucción, nos concita una causa nación, una causa que nos involucra a todos y nos hace responsables por los venideros eventos. Es la causa nacional de defender nuestra democracia y nuestra Constitución.