De la infancia al sicariato

La instrumentalización de menores de edad en la comisión de delitos es una problemática tan triste como persistente en Colombia. Desde la década de los noventa, los grupos criminales han encontrado en niños y adolescentes un medio eficaz para ejecutar crímenes de alto impacto, aprovechándose tanto de su vulnerabilidad como de los beneficios que el ordenamiento jurídico les reconoce en el marco de la protección integral de la niñez.

En el contexto del conflicto armado, esta práctica se agudizó: los grupos ilegales no solo reclutaron, adoctrinaron y manipularon a menores para convertirlos en combatientes, sino que incluso los utilizaron como escudos humanos frente a operaciones militares del Estado. Se trata de una violación directa al derecho internacional humanitario y a tratados internacionales ratificados por Colombia, con un impacto devastador sobre los derechos de esta población.

El pasado 7 de junio, el país fue testigo de un hecho que reabrió un debate urgente: ¿deben los menores de edad ser sancionados bajo el mismo marco jurídico que los adultos? La pregunta surgió tras el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado por un adolescente de 14 años. Este episodio, que recuerda casos como el homicidio de Bernardo Jaramillo, a manos de un joven de 15 años, evidencia que el problema es estructural y que la respuesta del sistema jurídico no ha sido lo suficientemente eficaz para desincentivar la instrumentalización de menores de parte de estructuras criminales.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), inspirado en un modelo garantista y protector, ha cumplido con su objetivo de reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Sin embargo, su aplicación en la práctica ha generado incentivos perversos para la delincuencia organizada, que encuentra rentable pagar a un menor para cometer un homicidio, pues la sanción será pedagógica y no equiparable a la de un adulto. Así, la criminalidad se percibe como una actividad de “bajo riesgo y alta ganancia”, lo que aumenta la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la manipulación criminal.

Es hora de tomar el tema con la seriedad que merece y abrir un debate jurídico y político sobre la necesidad de reformar el SRPA. No se trata de desconocer la protección constitucional y convencional de los menores, sino de ajustar el sistema a las nuevas dinámicas delictivas que amenazan la seguridad nacional y la estabilidad democrática. En este sentido, es indispensable revisar que los adolescentes que cometen delitos graves y cumplen la mayoría de edad durante el proceso sancionatorio sean evaluados y tratados bajo criterios propios de la justicia penal de adultos, evitando que la impunidad de facto se convierta en herramienta de la criminalidad.

También resulta imperativo diferenciar con claridad los procesos de resocialización. No es razonable que mayores de edad sancionados convivan en los Centros de Atención Especializada (CAE) con adolescentes en proceso de recuperación. Esto vulnera los derechos de los menores y dificulta la resocialización efectiva de quienes ya alcanzaron la mayoría de edad. Una reforma en este sentido reafirmaría que la niñez debe ser protegida, pero que la responsabilidad penal no puede diluirse ni convertirse en excusa para perpetuar la instrumentalización de jóvenes en manos de organizaciones criminales.

Los criminales no pueden seguir amparándose en la especial protección de los menores. La experiencia demuestra que muchos adolescentes tienen plena conciencia del costo-beneficio al delinquir. Es hora de erradicar la noción de sanción simbólica y avanzar hacia condenas efectivas cuando la edad lo permita, evitando que los niños pasen de la infancia al sicariato.