De la Ley 100 a la destructora ley de Murphy-Petro-Jaramillo

Con el tema de la salud, el Gobierno de Petro reafirma el cumplimiento de la ley de Murphy: “Lo que pueda ir mal, irá mal”.

Aunque la Ley 100 de 1993, que creó el sistema de seguridad social, amplió al 95 por ciento la cobertura del aseguramiento, el acceso real en miles de casos se obstaculizó. Las barreras financieras y administrativas, entre varias, se reflejan en mortalidad por causas evitables, aumento de quejas y reclamos, tutelas y en el execrable “paseo de la muerte”.

El Instituto Nacional de Salud (INS) dice que entre 1979 y 2021 hubo 7.993.591 muertes, pero 4.132.013, el 50,7 por ciento, las clasificó como evitables por políticas públicas y recomienda bajar esa tasa con seguridad alimentaria, saneamiento básico y vacunación, control a enfermedades transmisibles, reducción de la pobreza, y añade que “la implementación del actual sistema de salud puede estar asociada a esa reducción, pero es un reto saber en qué proporción”.

Contraria a esta recomendación, la política de salud en los últimos dos años y medio se enfocó más en “reformar el sistema”, retocarlo y sin resolver el problema central: la insuficiente financiación. El principio de solidaridad contenido en la Ley 100 consistía en que el 60 por ciento de los afiliados contribuyeran y el 40 por ciento fuera subsidiado. Esa relación se invirtió con los años, entre otras cosas, por la política económica fallida y la informalidad laboral, solo el 44 por ciento aporta, lo demás depende del presupuesto de la nación.

Se estableció también que el riesgo financiero y de salud correría a cargo de las EPS por cuenta de la administración de recursos y de la operación que harían sobre la red de prestadores del servicio. La ley estatutaria de 2015 extendió y equiparó el plan obligatorio de atención y ordenó que el aporte por persona, la UPC, fuera igual para los dos regímenes.

Aunque la mayoría de los usuarios son del régimen subsidiado, el Estado no igualó los aportes y buscó financiar el faltante con la elevación mayor del contributivo. Los datos lo prueban: cuando se llevan las dos UPC en 2019 a pesos constantes de 2024 y se agrega el 5,2 por ciento de ajuste inflacionario para 2025, en el subsidiado el alza neta real es del 5,8 por ciento, menos de 1 por año, y en el contributivo del 13, apenas 2,1 en promedio anual. Es más grave: el gráfico muestra que, en pesos constantes, incluido el aumento para 2025, esa diferencia del valor entre las dos UPC crece, antes que disminuir y más aún desde 2022. Práctica que inició Duque, que continuaron Petro y sus ministros Corcho y Jaramillo.

Asimismo, dado que los costos de la salud suben más que la inflación general, es insuficiente ajustar la UPC solo por dicho índice. Por ejemplo, mientras que los primeros subieron 5,39 por ciento en el año corrido hasta noviembre de 2024, la segunda aumentó solo un 4,72 (Dane). Como agravante, es notorio el deterioro de los factores que señaló el informe del INS: la tasa de violencia interpersonal por 100.000 habitantes pasó de 116,08 en 2020 a 171,73 en 2023; de homicidios, de 24,61 a 26,95 y la cobertura del alcantarillado se estancó en 75 por ciento (www.asivamosensalud.org).

Otra arista son las intervenciones a las EPS. En el caso de Emssanar, Asmet Salud y SOS, que suman 4 millones de afiliados, un informe de la Superintendencia (oct. de 2024) encontró, entre los disparates cometidos por los interventores nombrados por el superintendente Luis C. Leal, “riesgo en el uso de los recursos”, entrega a terceros de funciones propias, descuentos por desempeño a IPS aparte de las cuentas por pagar, anticipos a IPS por valor mayor que los servicios prestados e inconsistencias en la información.

Ni hablar del manejo a Sanitas y a la Nueva EPS con más de 17 millones de usuarios sumados. Se intervinieron en abril y la primera disminuyó –de septiembre de 2023 a septiembre de 2024– los pesos de caja para cubrir pagos de 0,83 a 0,76, y en la segunda el margen operacional, de enero a junio de 2024, cayó de 6,16 por ciento a -29,69. Escandaloso.

Debe examinarse si la reforma en curso a la Ley 100 enfrenta el problema estructural de la salud, máxime cuando a noviembre de 2024 los giros directos a las IPS, sin intermediación, vía Adres superan los $41 billones y todavía los hospitales públicos siguen asfixiados, ¿será solo esa la solución? (www.asivamosensalud.org).

Ante la incertidumbre los ganadores son las compañías aseguradoras y de medicina prepagada. En 2024 los afiliados a esos planes son 4,7 millones de usuarios, cuando en 2019 eran 1,5, y las carencias en el suministro de medicamentos dispararon el gasto de bolsillo. ¡Se amplió la discriminación! En fin, es la destructora ley de Murphy-Petro-Jaramillo.