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Opinión

  • | 2019/11/12 00:37

    “¿De qué te hablamos, viejo?”

    La Constitución consagra que toda persona que trabaje para el gobierno y con el gobierno es un servidor público.

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Esto implica que de la misma forma en que usted o yo le respondemos a nuestros jefes y estos pueden tomar la decisión de echarnos en caso de faltas graves contra los códigos de la empresa, nuestra voz representada en el Congreso de la República puede echar, por medio de una moción de censura, a cualquier miembro del gabinete ministerial. 

Esta petición, que fue diseñada como la mayor interpretación del control político que se ejerce ante un gobierno en ejercicio, nunca ha sido utilizada por la legislatura bicameral en nuestro país ya que ante la inminente expulsión, la mayoría de ministros deciden irse “voluntariamente” antes de someterse, y someter al Ejecutivo, a este largo y traumático proceso. 

Esto logra, además, que el gobierno no tenga que aceptar la causal por la moción pues una renuncia se puede dar por diferentes motivos: para buscar nuevos retos y oportunidades, para presentarse a otros trabajos, etc. Es similar a cuando cogen a un adolescente fumando en el colegio y este prefiere retirarse para que la causal de la expulsión no quede en su hoja de vida. La diferencia es que, gracias a los medios y a la movilización social, esta jugada política ya no burla a nadie. 

La renuncia del exministro de Defensa Guillermo Botero el pasado 6 de noviembre se unió a la de la exministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien se alejó del cargo a mitad de un proceso de moción de censura por perder evidencia contra Jesús Santrich. El caso de Botero es tristemente más macabro y sangriento: en bombardeos contra las disidencias de las Farc, ocho niños menores de edad fueron bajas en combate. Lo anterior se sumó a un mal ciclo de noticias, como la que publicó recientemente la revista Semana con nuevas evidencias sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia –que se supone el ministro controla para evitar cualquier desmán– en los asesinatos del excombatiente Dimar Torres y el líder social Flower Trompeta y su posible vinculación con la masacre de Tacueyó. 

Las circunstancias no permitían que el ministro siguiera en el cargo después de una semana de numerosos anuncios de muertes de nacionales en situaciones dudosas. Sin embargo, la victoria no podía ser de la oposición y Uribe no estaba dispuesto a dejar que la primera moción de censura efectiva de la historia, a partir de la Constitución del 91, la tuvieran los partidos antagónicos o que el primer ministro que cayera fuera del gobierno de su pupilo Iván Duque, por lo cual en la noche del 6 de noviembre Botero renunció, lavándose la cara y saliendo por la puerta de atrás para no enfrentar la realidad de sus acciones. 

El ministro estaba afuera antes de su perspicaz renuncia. La dimisión y las desafortunadas declaraciones de todo el aparato uribista solo demuestran que el partido de gobierno ha sobrellevado muy mal su derrota política en las regiones y las ciudades más importantes de Colombia. Todas las bancadas de oposición se unieron en lo que parece ser un consenso de país. 

Lo claro es que detrás de esta renuncia hay una historia de lucha: la de una ciudadanía que por fin se está parando a reclamar los derechos que la Constitución le provee. “La vida es sagrada, no habrá pena de muerte” (Artículo 11 de la Constitución de 1991) y “La paz es un derecho y un deber de mandatorio cumplimiento” (Artículo 22 de la Constitución de 1991). Cada uno de estos artículos es una promesa que los constituyentes escribieron, pero que nosotros los jóvenes debemos cumplir. La presión social ayudó a tumbar a Botero y tumbará a quien sea que le siga si la Constitución no se cumple y nuestro futuro y el del país que heredaremos no queda asegurado. 

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