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Columna de Isabel Cristina Jaramillo
Columna de Isabel Cristina Jaramillo - Foto: SEMANA

El debate constitucional sobre el aborto: los retos de la maternidad deseada (6 de 6)

Termino esta serie de columnas con lo que puede ser una nota pesimista sobre el avance que representa la sentencia C-055 de 2022.


Por: Isabel Cristina Jaramillo

La sentencia C-055 de 2022 termina la historia de la criminalización del aborto con una invitación a pensar lo que sería una “política pública integral” que reduzca los márgenes de desprotección de las personas gestantes y proteja incrementalmente la vida en gestación.

Señala que, como mínimo, la política debe incluir, por una parte, medidas de información sobre las alternativas disponibles para las personas gestantes en relación con la maternidad y de educación sexual para prevenir embarazos no deseados y, por otra parte, medidas que garanticen los derechos de los niños “no deseados”.

También se refiere a medidas para impedir las barreras documentadas por las demandantes y por la misma Corte Constitucional en su jurisprudencia y que básicamente se relacionan con el incumplimiento de las órdenes constitucionales y la más cruda violencia institucional contra mujeres que se asumen como dignas de ese maltrato por sus decisiones vitales.

Este llamado se encuentra íntimamente ligado al importante argumento que hace la Corte sobre el exceso en el uso del derecho penal para proteger la vida en gestación y por eso se concentra en los “mínimos” sin aventurarse a reflexionar sobre lo que verdaderamente supondría que las mujeres pudieran decidir sus maternidades.

Y digo aventurarse porque nada más oscuro y misterioso que el deseo y la maternidad. Ni nuestras reflexiones más abstractas, ni nuestros conocimientos más profundos de los cuerpos han establecido un solo camino o camino correcto para decidir.

De la exigencia de la maternidad pasamos a dudar de todo anhelo reproductivo cuando nos damos cuenta de que puede ser resultado de nuestras carencias, el consumismo o el individualismo.

De la creencia en el embarazo y parto como hechos naturales pasamos a desconfiar de la medicina al leer las cifras sobre mortalidad materna y darnos cuenta de las pocas explicaciones que existen sobre las causas de las muertes y los fracasos de los tratamientos.

Como madre de hijas gemelas, pasé todo el embarazo escuchando de los médicos que en cualquier momento sus vidas podrían estar en peligro, pero no se sabía cómo ni cuando y tampoco se podía hacer nada.

Padecí cada examen como una contribución al conocimiento médico, pues honestamente, si no había nada que hacer, yo no estaba ganando nada con las largas horas invertidas y el dolor causado por cada ecografía, toma de sangre y examen de orina.

Esta reflexividad es un lujo que existe para pocas ―no estoy segura de poder estar incluida en este privilegio―. Y no solamente por la rampante ausencia de información, la falta de formación en pensamiento crítico y autonomía, el maltrato de los prestadores de servicios de salud o la falta de conocimiento de quienes nos atienden en calidad de expertos.

Hay tres elementos del contexto en el que vivimos que debemos mantener presentes para no trivializar los esfuerzos que invertimos las mujeres colombianas en la maternidad: la violencia doméstica, incluyendo la violencia sexual por la pareja, familiares o conocidos; los privilegios paternos en materia de custodia y cuidado de los hijos, y la discriminación de las mujeres en el acceso al empleo, la remuneración y la promoción.

En efecto, es difícil hablar de deseo en relaciones construidas sobre la imposición de una parte de la pareja sobre la otra. En Colombia, se estima que un 32 % de las mujeres alguna vez casadas o en unión han sufrido algún tipo de violencia física por parte de su pareja (ENDS 2015). De las mujeres agredidas, un 71 % manifestaron haber perdido interés sexual en su pareja como consecuencia (ENDS 2015). La violencia sexual por parte de la pareja es solamente estimada para el 7,6 % de las mujeres alguna vez casadas o en unión, tomando las respuestas de la muestra encuestada (ENDS 2015). La misma encuesta que revela estas cifras de violencia se aproxima al embarazo deseado y señala que “De los nacimientos y embarazos al momento de la encuesta, el 49.5 por ciento fueron deseados, el 29.2 por ciento eran deseados para después y el 21.3 por ciento fueron declarados no deseados.” (Resumen Ejecutivo ENDS 2015, p. 56)

Otro elemento para considerar en relación con la maternidad es el régimen que concede derechos a los hombres cuyo material genético estuvo involucrado, con poca consideración de la salud mental y estabilidad emocional de los hijos y las mujeres que se hacen cargo.

En Colombia, no puede terminarse el vínculo que se establece con la paternidad, salvo en situaciones extremas que perduran en el tiempo sin ninguna modificación en cuanto a su gravedad o intensidad. Así, se considera que un señor que llama a su hijo o hija una vez cada año, le paga una muda de ropa o le manda mensajes por WhatsApp, tiene derecho a visitarlo, a decidir sobre sus estudios y tratamientos médicos, y puede impedirle viajar a otros países. Para controvertir estos derechos, la madre no solamente debe acudir al defensor de familia, sino en últimas obtener una decisión judicial que respalde su posición.

Como lo ha mostrado la Corte Constitucional, lo peor es que los jueces de familia carecen de herramientas para analizar los casos con perspectiva de género y terminan culpabilizando a la mujer por “alienar” los afectos de los padres y condenándola por violencia “recíproca”.

No es ni mucho menos irrelevante que las mujeres, además de todo, tengan que “resignarse” a la maternidad porque el mercado laboral las expulsa al preferir hombres menos calificados, pagarles menos a las mujeres por el mismo trabajo y abstenerse de ascenderlas porque van a tener hijos o ya los tuvieron. Como lo mostraron los estudios de Ximena Peña para Colombia, es tan significativo el rechazo del mercado laboral a las mujeres que no esperan a tener los hijos para salir. Basta con la promesa que implica un matrimonio para que decidan dedicar su vida a lo que la sociedad espera de ellas y lo único que les valora de todo lo que hacen.

Termino esta serie de columnas con lo que puede ser una nota pesimista sobre el avance que la sentencia C-055 de 2022 representa.

Ciertamente, nadie propuso la liberalización del aborto creyendo que con ello resolvería el problema de la maternidad deseada. Tampoco hay que despreciar el significado de eliminar este obstáculo en la relación de poder entre hombres y mujeres, entre mujeres y autoridades y entre mujeres y prestadores de salud.

De las nuevas negociaciones que resulten, esperamos que haya cambios significativos sobre otros escenarios: menos hijos en relaciones violentas o abusivas que se convierten en infiernos, aún cuando las mujeres deciden salir de ellas, menos empleadores que parten del supuesto de que todas las mujeres aspiran o son ya mantenidas por los hombres que quieren verlas reproducirse, menos mujeres que se resignan a la maternidad porque la violencia del trabajo y la función pública las obliga a refugiarse. Todos estos son buenos resultados. Debemos atesorarlos mientras nos apuramos a mejorar para todas las mujeres la experiencia de la maternidad.