La liquidación del Ministerio de la Igualdad no representa el fracaso de la igualdad como principio constitucional. Lo que fracasa es una forma de hacer política que confunde la creación de burocracia con la solución de los problemas sociales. La igualdad nunca necesitó un nuevo ministerio: necesitaba un Estado eficiente, instituciones fuertes y políticas públicas capaces de transformar la vida de los colombianos.
Desde el primer día, sostuve que este ministerio había nacido muerto. No porque la causa que decía defender careciera de importancia, sino porque su creación respondió más a un compromiso político e ideológico que a una verdadera necesidad administrativa. Nunca quedó claramente definido qué funciones ejercería que no estuvieran ya asignadas al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Interior, al ICBF, al Departamento para la Prosperidad Social o a otras entidades del Estado. En lugar de fortalecer la coordinación institucional, se creó una nueva estructura con competencias difusas, duplicidad de funciones y un enorme costo para los contribuyentes.
Crear un ministerio nunca es gratuito. Significa comprometer recursos públicos en infraestructura, tecnología, sedes, vehículos, sistemas de información, contratación, nómina, comunicaciones y funcionamiento permanente. Para 2024, el Ministerio de la Igualdad contó con un presupuesto cercano a 1,8 billones, una cifra que por sí sola refleja la magnitud de la apuesta del Gobierno. Sin embargo, durante buena parte de ese año fue objeto de fuertes cuestionamientos por registrar una ejecución cercana al 2,4 % de esos recursos.
No se trata simplemente de dinero que quedó sin gastar. Cuando una apropiación no se ejecuta, esos recursos no desaparecen ni quedan a libre disposición de la entidad. Al cierre de la vigencia fiscal, retornan al Tesoro Nacional y vuelven a la caja general de la nación, donde pueden ser reasignados en el siguiente ciclo presupuestal. Aunque una baja ejecución no constituye automáticamente una conducta sancionable, sí puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales o administrativas cuando se demuestra negligencia, omisión o una gestión deficiente de los recursos públicos.
Lejos de corregirse, las dudas continuaron durante 2025. Aunque el presupuesto del Ministerio de la Igualdad se redujo a cerca de 455.775 millones, el problema dejó de ser cuánto dinero recibía la entidad para concentrarse en cuánto de ese dinero se convertía realmente en beneficios para los ciudadanos. El Gobierno informó que había comprometido cerca del 99,5 % de los recursos asignados, pero, al cierre de la vigencia, los pagos efectivos apenas superaban el 23 % del presupuesto. Esa diferencia entre comprometer recursos y transformarlos en resultados concretos volvió a poner en evidencia las dificultades de gestión de un ministerio que prometía cerrar brechas sociales, pero que nunca logró demostrar un impacto proporcional a los recursos públicos que administró.
Ahora el país enfrenta una segunda factura. A los costos de crear el ministerio se suman los costos de liquidarlo. El Estado deberá asumir la supresión de cargos, la terminación de contratos, el traslado de funciones, la reorganización administrativa, la custodia de archivos y todos los gastos propios del proceso de liquidación. En otras palabras, los colombianos terminaron financiando el nacimiento y ahora deberán financiar el entierro de una institución que nunca logró demostrar que era indispensable.
Un Estado moderno no se mide por el número de ministerios que posee, sino por la eficacia de sus instituciones. Los países que mejores resultados obtienen en materia de desarrollo social no son aquellos que acumulan entidades públicas, sino los que hacen funcionar correctamente las que ya existen. Cada nuevo ministerio implica mayores costos de coordinación, mayores niveles de burocracia y una inevitable dispersión de responsabilidades. Cuando todos son responsables, al final nadie responde.
Algunos dirán que el Ministerio de la Igualdad desarrolló programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, jóvenes, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros sectores históricamente vulnerables. Es cierto. Sin embargo, la verdadera pregunta nunca fue si esas poblaciones merecían atención. Por supuesto que la merecen. La pregunta era otra: ¿era indispensable crear un ministerio completamente nuevo para ejecutar funciones que históricamente ya desarrollaban otras entidades del Estado? La respuesta, a la luz de los resultados, parece ser un contundente no.
Las políticas públicas exitosas no dependen del nombre de una entidad, sino de la capacidad de ejecución. La igualdad no se construye inaugurando despachos ministeriales. Se construye garantizando educación de calidad, acceso oportuno a la salud, seguridad, empleo formal, infraestructura, justicia eficaz y oportunidades reales para superar la pobreza. Ninguno de esos objetivos requería necesariamente otra capa de burocracia.
Paradójicamente, uno de los mayores problemas del Ministerio de la Igualdad fue precisamente la dificultad para convertir el presupuesto en resultados. Las enormes expectativas con las que fue presentado nunca se tradujeron en una transformación institucional proporcional a los recursos invertidos. El país escuchó grandes discursos sobre cerrar brechas sociales, pero nunca vio una política pública capaz de justificar la existencia de un nuevo ministerio.
La liquidación también deja un impacto humano que no puede minimizarse. Detrás de esta decisión hay decenas de servidores públicos y contratistas que hoy enfrentan incertidumbre sobre su futuro laboral. Ellos no son los responsables del fracaso institucional. Cumplieron las funciones para las cuales fueron vinculados. La responsabilidad corresponde a quienes decidieron crear una entidad sin una arquitectura institucional sólida, sin competencias claramente diferenciadas y sin demostrar que el país realmente necesitaba otro ministerio. Cuando un gobierno improvisa en la organización del Estado, no solo compromete recursos públicos, también compromete la estabilidad de quienes terminan trabajando en esas instituciones.
El Ministerio de la Igualdad pasará a la historia como uno de los experimentos administrativos más costosos del Gobierno Petro. Consumió tiempo, recursos, esfuerzo institucional y expectativas ciudadanas para terminar donde muchos advirtieron que terminaría desde el principio. La igualdad sigue siendo una deuda con Colombia. Lo que desaparece hoy no es ese ideal. Lo que desaparece es una burocracia que nunca logró demostrar que era el camino para alcanzarlo.