El “racero” moral de la izquierda

La polarización política en Colombia se ha consolidado como un instrumento de manipulación masiva, mediante el cual determinados sectores ideológicos pretenden monopolizar la narrativa pública a través de discursos populistas, retóricos y emocionalmente calculados. Bajo el pretexto de promover un cambio estructural y una sociedad más equitativa, estos discursos terminan desviando la atención ciudadana y reduciendo el debate democrático a simples consignas vacías, con el propósito de mantener cuotas de poder y control sobre la opinión pública.

Resulta lamentable observar cómo la política —concebida constitucionalmente como un mecanismo de representación y orientación del interés general— se ha degradado hasta convertirse en un escenario de satisfacción de intereses personales y partidistas. El ejercicio político, en lugar de responder a los principios de moralidad, eficiencia y transparencia administrativa previstos en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido instrumentalizado como medio de saqueo institucional y de deslegitimación del Estado social de derecho.

Durante décadas, la izquierda radical colombiana pretendió presentarse como respetuosa de los recursos públicos, abanderada de la lucha contra la corrupción y defensora de los derechos humanos y la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, una vez alcanzaron espacios de poder dentro de una democracia sólida y garantista, demostraron una lamentable incongruencia entre su discurso histórico y sus prácticas políticas. El pueblo, que depositó su confianza en ellos esperando un cambio ético y administrativo, presencia hoy con desilusión una evidente contradicción entre lo dicho y lo hecho.

Basta con ver el proceso que enfrenta el representante David Racero, quien actualmente se encuentra sometido a un juicio de pérdida de investidura —figura que constituye la sanción política más severa para un congresista— por presuntas irregularidades en la gestión de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Recordemos que es investigado por el presunto maltrato a los empleados a su cargo; se conoce que estas personas figuraban como funcionarios del Congreso, pero en la práctica prestaban servicios personales al congresista, atendiendo su fruver y pagando sus deudas. Lo anterior no solo transgrede los principios de la función pública, sino que demuestra un claro abuso de autoridad en detrimento de los recursos estatales y de la dignidad laboral de sus colaboradores.

En la misma línea, la conducta del exalcalde y hoy candidato estelar de la izquierda, Daniel Quintero, refleja un patrón similar: un discurso populista sustentado en la narrativa de la “transparencia” y la “renovación política”, mientras enfrenta múltiples cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés durante su gestión. A ello se suma la participación de su hermano, Miguel Quintero, cuya influencia en la alcaldía fue evidente y determinante en la búsqueda insaciable de réditos personales y lujos estruendosos.

A este panorama se añade el caso de Armando Benedetti, ministro y figura cercana al actual desgobierno, conocido por su “versatilidad” política y su cuestionada trayectoria, que encarna el deterioro ético de la izquierda del país. Su comportamiento refleja el uso instrumental de la política como medio de enriquecimiento y de consolidación de redes clientelares, contrariando el mandato de probidad que debe regir el ejercicio de la función pública.

Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de una profunda crisis ética y de representatividad dentro de estos movimientos socialistas. Los autodenominados “líderes de izquierda” han mostrado, en su praxis, el desprecio absoluto por los principios de legalidad, pluralismo y respeto a la oposición. La estigmatización del disenso y la instrumentalización de la violencia simbólica y política son hoy prácticas recurrentes que atentan contra la libertad de expresión y la deliberación democrática.

El reciente episodio ocurrido en Norte de Santander, donde un ciudadano fue víctima de la incineración de su vehículo solo por demostrar apoyo al precandidato Abelardo de la Espriella, es muestra del proceder de la izquierda radical: quien no está con ellos, está en su contra. Esta es la lamentable propuesta política de la izquierda con miras a 2026. No nos podemos dejarnos engañar como el actual desgobierno engañó a algunos colombianos: los comportamientos de estos adalides del progre, exponen el “racero” moral de la izquierda.