Estado grande y empresarios pequeños

¿Estado grande y empresarios pequeños?, o ¿Estado pequeño y empresarios grandes? Sobre estas dos cuestiones, en apariencia sencillas, debería girar el debate económico en Colombia. Cada modelo encierra una visión distinta sobre quién debe liderar el desarrollo. Lo único cierto es que, del camino que se escoja, dependerá la competitividad, la sostenibilidad fiscal y la capacidad de generar empleo en los próximos años.

El primer modelo, en el que el Estado concentra una mayor proporción de poder frente al sector privado, se define por una intervención excesiva, proliferación de empresas públicas queriendo reemplazar a los privados, control de precios, expropiaciones indirectas y un esquema de subsidios que termina siendo insostenible. Bajo este esquema, el sector productivo queda subordinado a la lógica del aparato estatal, lo que debilita los incentivos para competir en escenarios internacionales y reduce la capacidad de innovación. En varios frentes es evidente que esta es la postura que ha guiado las acciones —e inacciones— durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Esta miope visión del desarrollo, además de generar desconfianza en el mercado e inseguridad jurídica, se acentúa con los pronunciamientos desaforados del presidente de la República en contra de todo aquello que no cabe en su discurso: la empresa privada, la propiedad privada y la inversión extranjera. Al final, esta criatura amorfa denominada Estado ‘Macondo’ termina debilitando el ecosistema de innovación y productividad por falta de incentivos, debilita el empleo formal e incrementa la migración de capital humano y recursos.

Por su parte, el modelo opuesto ubica al sector privado a la cabeza de la generación de riqueza, mientras el Estado mantiene su rol como instrumento para la generación de bienestar social y económico. En este contexto, el Estado promueve y consolida reglas de juego claras y sostenibles, genera un ecosistema de libre competencia, y se dedica a garantizar los servicios básicos como la salud, educación, seguridad y justicia. Este equilibrio produce confianza en el mercado y crea un terreno fértil para la generación de empleo y el crecimiento económico sostenido. Al desplazar el protagonismo del gasto estatal hacia la iniciativa privada, también reduce la presión sobre las finanzas públicas y limita la necesidad de recurrir al endeudamiento como fuente estructural de desarrollo.

Hoy Colombia es un Estado gigante sostenido por empresarios cada vez más pequeños. En tres años, este Gobierno ha asfixiado sistemáticamente a los empresarios con reformas tributarias devastadoras. Nuestro país obtuvo un nuevo récord histórico de insolvencias: más de 10.600 personas y empresas se declararon en quiebra hasta agosto de 2025, lo que representa un aumento del 53,3 % frente a 2024. Esta cifra no es casualidad; es una ataque que permea gota a gota la confianza en el sector privado y aumenta el gasto burocrático, cumpliendo con la fórmula de un Estado que tiene por enemigo al empresario. Los datos son más contundentes que las palabras: los contratos de prestación de servicios crecieron de 45 mil en 2021 a 63 mil en 2024, un salto del 40 % que significa casi 10 billones de pesos sin un propósito productivo, salvo engordar la base electoral. Y ahora, en medio de ese panorama, el Gobierno insiste en una nueva reforma que pretende recaudar otros 26 billones. ¿Quedan dudas del modelo que se está aplicando?

Lo paradójico es que se exprime más a los contribuyentes justo cuando las finanzas públicas están al borde del colapso: déficit entre 6 % en el 2024 y, según proyecciones, el 7 % en el 2025 del PIB, deuda en el 60% y un gran porcentaje de los ingresos nacionales desperdiciados en el servicio a la deuda. La inversión, motor esencial del crecimiento, cayó del 20 % al 17% del PIB en los últimos años; el crecimiento potencial apenas llega aproximadamente al 2,7% cada año. Además de cálculos que especulan que cerca de 500 mil personas abandonan el país, reduciendo nuestro talento humano. En otras palabras, no alcanza para generar empleo estable ni para reducir la pobreza.

A pesar de todo, el Gobierno prefiere mirar a otro lado. En sus informes de gestión celebra que la economía está bien, que el desempleo en algunas regiones es bajo y que hay dinero circulando, promoviendo una falsa sensación de bienestar económico. Lo que no reconoce es que esta burbuja proviene de una economía subterránea de la que nadie quiere hablar: 350 mil toneladas de cocaína sembrada, crecimiento de grupos ilegales armados y minería ilegal que está desangrando la economía regional.

No existe una economía que se pueda sostener sacrificando el aparato productivo y el capital humano. Mucho menos sobre bases ilícitas. La bonanza de la coca o del oro ilegal alimenta la sensación de abundancia, pero destruye el aparato productivo, concentra rentas en mafias y perpetúa la violencia.

En Colombia, la obsesión del Gobierno por castigar al sector privado se traduce en cargas impositivas excesivas y en una institucionalidad incapaz de ofrecer reglas claras. Esa estrategia tuvo un respiro en Venezuela, donde la renta petrolera permitió sostener durante años un modelo que arrasó con los empresarios. En Colombia ese salvavidas no existe. Aquí asfixiar al empresario no solo es inviable; es suicida.

Colombia enfrenta un punto de inflexión. Aún tenemos la oportunidad de elegir congresistas y un próximo presidente que comprendan que un Estado más pequeño y eficiente puede marcar la diferencia. No se trata solo de recortar gasto, sino de reducir entidades y ministerios para que los que permanezcan funcionen mejor. Lo que el país necesita es un Estado compacto y un sector privado robusto, que no dependa solo del 0,7 % de los grandes empresarios, sino que respalde de verdad al 99,3 % de pequeños y medianos que hoy cargan con la peor parte de la visión económica del actual Gobierno y que, en muchos casos, los está llevando a la quiebra.