Colombia dejó de procesar el escándalo como un mecanismo de control político. Lo que antes debilitaba a un gobierno hoy apenas altera el ciclo de noticias. La controversia ya no obliga a corregir decisiones ni genera costos sostenidos, y la diferencia no está en la gravedad de los hechos, sino en la forma en que el sistema responde a ellos. En ese contexto, gobernar con lógica de campaña deja de ser excepcional y se convierte en estrategia: las crisis no solo se administran, también se aprovechan e incluso se incentivan, y se convierten en réditos políticos a través de narrativas que, en un entorno polarizado, resultan rentables.
Un sistema democrático funciona si logra que el escándalo produzca efectos reales, porque ese tránsito disciplina, ordena y fija límites al poder. En Colombia no ocurre. La exposición dejó de ser un riesgo para convertirse en un activo, de modo que la lógica dominante ya no es corregir, sino administrar la controversia hasta que pierda fuerza o resulte útil.
Esto no es un fenómeno aislado, sino una forma de gobierno que la literatura ha descrito como permanent campaign. Sidney Blumenthal utilizó ese término para explicar cómo la lógica electoral invade la toma de decisiones públicas, y Samuel Kernell mostró cómo los gobiernos pasan a actuar de cara a la opinión pública y no a las instituciones. En Colombia, esa dinámica se expresa en la subordinación de la gestión a la narrativa, en la que cada crisis se convierte en una oportunidad de posicionamiento y cada controversia en un instrumento para movilizar apoyos.
El Congreso debería convertir denuncias en presión sostenida, pero no lo logra porque sus integrantes enfrentan el mismo calendario y miden cada intervención por su rendimiento electoral, lo que diluye la supervisión y evita que la crítica acumule efecto real.
La opinión pública debería evaluar el desempeño, pero la polarización sustituyó el criterio, y los ciudadanos reaccionan según identidad y no según resultados. Sin votantes dispuestos a cambiar de posición, el escándalo no se traduce en pérdida de apoyo.
Los medios deberían sostener los temas hasta producir efectos, pero la agenda se renueva antes de consolidar impacto: cada episodio desplaza al anterior y, sin continuidad, la consecuencia reputacional se desvanece.
El episodio alrededor de Angie Rodríguez ilustra el punto. Sus denuncias incluyen una supuesta conspiración para apartarla del cargo, en la que señala a Carlos Carrillo. También afirma que Juliana Guerrero tendría injerencia en el Dapre y en otras entidades nacionales, y que habría mencionado presuntos vínculos con el ELN como herramienta de disuasión. Desde otro sector del Gobierno se respondió cuestionando a Rodríguez por supuestas cercanías con el congresista Jorge Tovar, hijo del paramilitar Jorge 40.
La gravedad de estas acusaciones habría desestabilizado a cualquier gobierno democrático de Occidente. En Colombia, en cambio, es previsible que se diluyan en pocos días, no por un hecho aislado, sino porque ya no existe un mecanismo efectivo que convierta estos episodios en costos políticos sostenidos. La respuesta del presidente no busca responder los señalamientos, sino cambiar el eje de la discusión: evita el fondo, desplaza el debate hacia su vida personal y lo convierte en una conversación sobre libertad individual, lo que reduce el costo político y le quita contenido al escándalo.
Esa misma lógica se replica en otros frentes. El choque con el Banco de la República no se limita a un desacuerdo técnico. El ministro de Hacienda se retiró de la junta directiva como un gesto político dirigido a su base, con el que buscó mostrar que el Gobierno estaba del lado de la gente y no de una institución presentada como ajena o elitista. Luego volvió a integrarse porque la ley así lo exige, lo que confirma que el movimiento no buscaba cambiar decisiones, sino consolidar una narrativa. Desde el entorno de la izquierda, espacios como el Centro de Pensamiento Vida han ido más allá y no discuten únicamente las decisiones del banco, sino su concepción y su papel dentro del sistema económico. La discusión deja de ser técnica y se vuelve política, y la autoridad monetaria, que es y debería ser independiente, deja de ser un ancla para convertirse en un actor más del conflicto.
La forma en que se construye el debate político responde al mismo patrón. Iván Cepeda, candidato del Gobierno, propone un escenario delimitado frente a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, con el objetivo de ordenar el campo en dos polos. Solo le interesan los actores que ya tiene definidos como antagonistas, a quienes invita a debatir, mientras al resto los convoca a dialogar. El debate implica contraste y confrontación de ideas, mientras que el diálogo, en ese planteamiento, queda reducido a un espacio sin tensión real. La propuesta desconoce la representatividad de otros sectores y limita el intercambio a posiciones previsibles, en un formato que recuerda una lógica cercana al Frente Nacional. El debate deja de ser un instrumento para contrastar ideas y se convierte en una herramienta para diferenciar bloques.
Esa pérdida de capacidad para traducir el escándalo en consecuencias no es irreversible. En Italia, Mani Pulite mostró que la acumulación de investigaciones puede reconfigurar un sistema político. En el Reino Unido, el escándalo de gastos parlamentarios produjo renuncias porque se sostuvo en el tiempo. En Estados Unidos, la acción coordinada entre Congreso, fiscalías y medios evita que los casos se diluyan. En todos esos contextos, la persistencia es lo que convierte la controversia en costo político.
Eso supone una tarea distinta para quienes buscan ejercer control político en Colombia: convertir denuncias en expedientes, sostenerlas en el tiempo y unificar mensajes. Sin ese trabajo no hay acumulación ni costo político. En ese sentido, la oposición ha sido cómplice, sin advertirlo, al reaccionar sin profundidad ni orden a cada una de las acciones del presidente.
Colombia no enfrenta solo un problema de liderazgo, sino de funcionamiento. Mientras el escándalo no produzca consecuencias, seguirá siendo parte del juego y no un límite para quien gobierna. En los próximos meses veremos cómo el aparato del Estado seguirá operando como herramienta de campaña y no como instrumento de gobierno.