A veces las grandes crisis nacionales no llegan con estruendo ni titulares internacionales. Avanzan en silencio hasta que, un día, millones descubren que su modo de vida está colapsando. Eso puede ocurrir con la caficultura colombiana en menos de un mes si el Gobierno sigue dilatando la firma del contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) o tratando de imponer condiciones que hagan inviable su ejecución.
Desde 2022, el Gobierno de Gustavo Petro ha tratado de tomarse o acabar la Federación Nacional de Cafeteros. No por diferencias técnicas ni debates legítimos sobre el sector. Busca el control político de una institucionalidad que, durante casi un siglo, ha sido administrada por los propios productores y ha beneficiado a cientos de miles de familias en 605 municipios, el 55 por ciento del total del país.
La Federación es una organización construida desde las bases cafeteras, con representación democrática y una presencia territorial que pocos organismos públicos pueden exhibir. Su legitimidad proviene de haber trabajado armónicamente con gobiernos de todas las tendencias, manteniendo siempre su independencia frente a los intereses políticos del momento. Y es esa independencia la que incomoda al actual Gobierno.
Durante décadas, la relación entre el Estado y la Federación se desarrolló sobre la base del diálogo institucional. El escenario ha sido el Comité Nacional de Cafeteros, donde se definen políticas públicas sobre desarrollo rural, inversión social, investigación científica y estrategias para la prosperidad del sector. Allí participan los ministros de Hacienda, Agricultura y Comercio, y el director del Departamento Nacional de Planeación. Ha habido desacuerdos, por supuesto, pero siempre se resolvieron sin poner en riesgo la continuidad del Fondo ni someter políticamente a la institucionalidad cafetera.
Quienes hoy acompañan algunas candidaturas presidenciales conocen el valor de este modelo. José Manuel Restrepo, actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, formó parte del Comité Nacional Cafetero como ministro de Comercio y luego de Hacienda. Sabe que aquí no se discute un asunto burocrático menor, sino uno de los esquemas de desarrollo rural más exitosos del país.
Por eso los cafeteros deben preguntarse: ¿qué opina el candidato del Gobierno? ¿Considera aceptable que, a menos de un mes del vencimiento del contrato, persista la incertidumbre sobre servicios esenciales? ¿Respalda los esfuerzos por politizar una institucionalidad que históricamente ha pertenecido a los productores, o defenderá la autonomía de una organización que ha servido eficazmente al campo? El silencio también es una posición política.
Mientras tanto, el Gobierno ha optado por torpedear la labor de la Federación y aumentar la burocracia gubernamental cafetera. Durante años ha existido la figura de los asesores cafeteros: cuatro o cinco personas que servían de puente con el Gobierno, reportaban al Ministerio de Hacienda y cuyos costos asumía la institucionalidad cafetera. Ahora, por presión del Gobierno, se han creado nuevas oficinas regionales cuya utilidad para el productor nadie ve. Son plataformas de activismo político en favor del proyecto oficialista: mientras públicamente se reclama mayor control sobre la Federación, por la puerta de atrás se construye una estructura paralela susceptible de convertirse en maquinaria electoral, financiada –paradójica y renuentemente– por la propia Federación.
Pero el verdadero problema va más allá de una disputa institucional. Si el contrato no se firma oportunamente y bajo condiciones que permitan su ejecución, las consecuencias serían devastadoras. La garantía de compra –el mecanismo que permite que cualquier caficultor venda su café a un precio transparente y en condiciones conocidas– desaparecerá. La Federación, en nombre del FoNC, tendrá enormes dificultades para acceder al crédito necesario para operar ese mecanismo. Sin financiación, la comercialización se volverá casi imposible; incluso con voluntad de comprar la cosecha, faltarán las herramientas financieras.
A ello se sumará la parálisis del Servicio de Extensión, la red de asistencia técnica rural más importante del país. Cientos de miles de familias perderán el acompañamiento para enfrentar plagas, mejorar su productividad, adaptarse al cambio climático o incorporar nuevas tecnologías. También se paralizará Cenicafé, uno de los centros de investigación agrícola más prestigiosos del mundo. Décadas de avances en variedades resistentes, sostenibilidad y productividad quedarán bloqueadas por una crisis administrativa de origen político.
Es contradictorio que un gobierno que dice defender al campesinado termine poniendo en riesgo uno de los pocos modelos exitosos de asociatividad rural en Colombia. Aquí no está en juego el futuro de una dirigencia gremial ni el prestigio de una institución, sino la estabilidad económica y social de más de medio millón de familias cafeteras en más de 600 municipios.
El plazo límite es el 8 de julio. En menos de un mes, Colombia enfrentará una crisis cafetera sin precedentes, generada por la falta de voluntad política para preservar un modelo que ha servido al país durante generaciones y no por una catástrofe climática o una caída de precios internacionales, como sería de esperar en este mundo convulsionado.
Quienes creen que están arrodillando a la Federación para imponerle condiciones políticas no entienden quién pagará realmente el precio. Porque cuando desaparezcan la garantía de compra, el crédito, la asistencia técnica y el respaldo institucional, quienes terminarán arrodillados no serán los directivos de un gremio: serán los campesinos que madrugan cada día a recoger el café que ha construido buena parte de la historia económica y social de Colombia. Y para entonces, quizá sea demasiado tarde para corregir un error que nunca debió cometerse.