Nunca pagará por todos los males que causó a Colombia. Y por ganar su reelección de manera tramposa.
Pero no será él, sino su calanchín el que termine en prisión por delitos electorales y serán los colombianos los que sigan poniendo los muertos. Porque hay que ser cínico y desalmado para celebrar como un éxito el décimo aniversario de su ficticia paz en medio de una sanguinaria arremetida terrorista. Y hacerlo en las fechas en que el pendenciero José Roberto Prieto, su gran amigo y estrecho colaborador, afronta nuevas imputaciones de fraude procesal y enriquecimiento ilícito en favor de terceros. Es decir, en favor de la campaña Juan Manuel Santos Presidente de la que fue gerente.
En resolución de esta semana, quedó probado, según la juez del proceso, que el admirado camarada de los criminales farianos coronó aquellos comicios de manera sucia. Y eso que no incluyeron el esperpéntico montaje del hacker, creado con la ayuda de Eduardo Montealegre.
Juan Manuel Santos, en todo caso, no tiene nada de que preocuparse. Ningún presidente ha estado tan protegido por un teflón mediático y reputacional como el cachaco que traicionó, con absoluto descaro, a sus primeros votantes y, después, a la mayoría del pueblo colombiano.
Porque Santos sabe que será otra vez su lacayo Prieto el que pagará entre 6 y 12 años de prisión, si lo declararan culpable por ocultar, con malas artes, haberse volado los topes de la campaña con el famoso millón de dólares de Odebrecht, y cobrar la reposición de votos.
Obvio que tanto la trama como las falsedades que Prieto reportó al CNE solo tenían por objeto afianzar el triunfo electoral de su candidato y amigo. Y pese al riesgo de una condena, en la audiencia judicial lució tan irrespetuoso y altanero como siempre, aunque, por sus gestos, se diría que era volcán a punto de erupcionar.
Entretanto, un orondo Juan Manuel Santos conmemoraba jubiloso los primeros diez años de su doloso proceso de paz, posando de pacifista y volviendo a reírse del país que lo derrotó en el plebiscito.
Convendría recordarle que fueron millones los colombianos que avizoraron los crasos errores de sus negociaciones y anticiparon la insultante impunidad y la continuación de la espiral de violencia.
Por esas razones, los magistrados de la JEP, que actúan de manera altanera ante sus críticos, carecen de autoridad moral para desestimar cualquier alegato en contra de su existencia. Que tengan presente que solo cuando Santos pisoteó la democracia y desoyó la voz de las urnas pudieron conformar el tribunal de las Farc que tan buenos ingresos mensuales proporciona a sus integrantes. Deberían, por consiguiente, bajarle el tonito a la supuesta superioridad moral que imprimen a sus manifestaciones públicas y acoger con tolerancia las opiniones contrarias a su infamante nacimiento. Y, de paso, avergonzarse de que criminales de gruesos prontuarios los defiendan como si fuesen sus amistosos camaradas en lugar de considerarlos magistrados imparciales y distantes, decididos a imponerles duras y justas penas.
Si la JEP obrara con rectitud y neutralidad, habría sentenciado a 20 años a todo el antiguo secretariado por faltar a la verdad. Pero la cárcel, como han dejado nítido con sus decisiones, la reservan para los altos mandos militares.
Así que no esperemos que, en las conmemoraciones de estos días, puros comités de aplausos en buena medida, no dejen espacio para reconocer, a modo de autocrítica, las resonantes mentiras que Santos difundió durante la venta de su aciago proceso de paz. Por ejemplo, la promesa de que jamás serían senadores ni congresistas quienes tuviesen las manos manchadas de sangre o el compromiso de no repetición de la violencia terrorista; o la entrega de todos los bienes adquiridos en su actividad delincuencial (recuerden la guaca de 40.000 millones y el oro de 50.000 millones) y aportar las verdades completas de sus infinitos delitos.
Y qué decir del infundio, que coreaba el santista orfeón político y mediático, de que rebajarían el presupuesto asignado a las Fuerzas Militares porque Colombia sería un remanso de paz tan idílico que no habría necesidad de desplegar soldados por todo el territorio nacional.
Nadie mencionará, por supuesto, que el retorno a las armas de Iván Márquez –cerebro del magnicidio de Miguel Uribe– y la creación de otras dos disidencias farianas se debió a la falta de cooperación del antiguo secretariado. Ni dejarán de repetir la falacia de que retomaron las armas porque Iván Duque hizo “trizas la paz” y por el inventado “entrampamiento” al matón Santrich.
Quizá un día lejano no les quede más remedio que admitir que resultó imposible cumplir lo sellado porque pintaron una nación imaginaria, despegada de la realidad. Tan quimérica como que serían miles los exguerrilleros deseosos de poner en marcha un emprendimiento sin tener en cuenta que llevaban lustros y decenios enseñados, bajo amenaza de muerte, a cumplir órdenes, a no tomar iniciativa alguna ni a pensar por su cuenta.
Diez años de mentiras.