La cínica politización de la Nueva EPS

Lenta, pero contundentemente, el Gobierno nacional logró tomar el control de la EPS más grande del sistema, la Nueva EPS. Sacó a las dos personas más incómodas en la visión de estatización del sistema –Enrique Vargas Lleras y José Fernando Cardona– para luego avanzar hacia el nombramiento del controversial Aldo Cadena, como nuevo presidente de la entidad.

Esta jugada es, sin lugar a dudas, la más contundente de las realizadas hasta ahora por el petrismo para reformar, de facto, el sistema de salud, ante la incertidumbre que representa la reforma estructural mediante el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República.

La toma de la Nueva EPS por parte del Gobierno nacional es la antesala del mayor desastre institucional del sector salud que veremos durante el Gobierno del Cambio. Veamos por qué:

La “nueva” Nueva EPS, es decir, la que cumplirá la visión de sistema de Petro, está siendo refundada para ejercer el control monopólico del aseguramiento. Es decir, que, tras la llegada de Cadena, el Gobierno preparará la entidad para recibir los usuarios de las EPS intervenidas y/o liquidadas, que pronto serán más. Ese alistamiento tiene como objetivo dar “tranquilidad” a los usuarios ante las inminentes intervenciones y liquidaciones de EPS como Famisanar, eventualmente Sanitas y otras. Con casi 11 millones de afiliados en la actualidad, más los que se sumen este año por cuenta de la asfixia a las EPS, la Nueva EPS desarrollará una fuerte vocación monopólica, no por factores de mercado, sino por política gubernamental.

El inminente monopolio de la Nueva EPS llevará a que la entidad imponga nuevas reglas de mercado: nuevas tarifas y nuevas condiciones que podrían impactar todo el sistema de flujo de recursos, al antojo del Gobierno central. La situación para los prestadores privados (hospitales y clínicas privadas) podría complicarse aún más, en materia de acceso a recursos financieros, porque el nuevo monopolio los podría obligar a renegociar los convenios vigentes con condiciones desfavorables, pero –paradójicamente– podría ser altamente riesgoso para aquellos hospitales y clínicas privados que no tengan convenios robustos con la EPS más poderosa del sistema. Podría ser mejor estar dentro del juego que fuera de él.

El Gobierno estará logrando por vías administrativas, de hecho, lo que no ha podido lograr en su controversial e incierta reforma que avanza en el Congreso: eliminar la necesaria y sana competencia en el aseguramiento en salud, y concentrar los usuarios en un solo asegurador, del que el Estado es accionista. Y si la reforma es aprobada por nuestros “honorables” legisladores –y las EPS desaparecen para convertirse en gestoras– el Gobierno tendrá muy avanzada la tarea de instalar lo que, con reforma o sin reforma, logrará: un asegurador monopólico nacional.

Es esperable también que el Gobierno use la Nueva EPS para cumplir su objetivo de fortalecer a los hospitales públicos, mediante la firma de más y mejores convenios de la entidad con estos, y dando preferencia a los pagos respectivos, despriorizando las obligaciones contraídas con los hospitales y clínicas privados. Al Gobierno claramente le interesa incrementar la demanda de servicios por parte de los pacientes y usuarios hacia los hospitales públicos, para así justificar las millonarias inversiones en infraestructura y dotación que planea hacer en la red pública hospitalaria. Inversiones que en algunos territorios puede estar técnicamente justificada, pero que en otros, serán inversiones clientelistas y politiqueras para asegurar lealtad electoral.

Así, contrario a lo pontificado en contra de la integración entre EPS y clínicas privadas, el Gobierno nacional –sin querer queriendo– podría progresivamente alentar una integración técnica y administrativa de la Nueva EPS con los hospitales públicos.

Por otro lado, por mandato explícito del presidente Petro, la Nueva EPS debe convertirse en la entidad que lidere la implementación de la Atención Primaria en Salud (APS), que es la obsesiva estrategia del Gobierno nacional para mejorar la prestación del servicio. Eso significará la concentración de recursos de la Nueva EPS en ejecutar el modelo de APS, con la respectiva focalización de recursos en enfermedades de baja complejidad y poblaciones vulnerables. Desde luego, nadie o pocos controvierten el interés del Gobierno en atender los determinantes básicos en salud, las condiciones y enfermedades primarias, y su particular impacto en grupos desatendidos.

Pero lo que resulta controversial y preocupante es que el Gobierno desconozca las normas, los recursos y los logros que ha tenido el sistema en atención primaria en salud, y que además despriorice implícitamente la atención especializada o de alta complejidad, que es igual de importante a la atención primaria en el sistema de salud.

No cabe duda de que Cadena, alfil de Petro, llegará a concentrar a la Nueva EPS en atención primaria que –en lenguaje castizo– podría implicar que se desincentive la inversión privada en la atención especializada y que, consecuentemente, se bajen los estándares de calidad en ese nivel de atención. Y por las diversas decisiones, intenciones y anuncios, ya hemos visto que para este Gobierno la calidad en salud no es una prioridad.

La despriorización implícita de la atención de alta complejidad por parte de la Nueva EPS tendrá unas consecuencias muy negativas para el desarrollo de nuestro sistema de salud en materias, por ejemplo, como la innovación en salud y el acceso a servicios y tecnologías de alto desarrollo, entre otras. El Gobierno no quiere entender que diagnosticar y tratar enfermedades mediante equipos de atención básica no evitará que los pacientes requieran atención de media y alta complejidad, en el corto y largo plazo. ¡No hay peor ciego que el no quiere ver!