Publicado por la Casa Blanca en noviembre último, el documento ‘Estrategia de Seguridad Nacional’ introdujo un nuevo término en nuestro vocabulario político: la ‘doctrina Donroe’. El neologismo captura el significado del “corolario Trump de la doctrina Monroe”, según aparece en dicho texto. Allí se hace explícito el objetivo de restaurar la hegemonía americana en el hemisferio occidental.
La doctrina Monroe es de 1823. Su objetivo era asistir a las nacientes naciones latinoamericanas, impidiendo la recolonización y otras formas de intervención de las potencias europeas y, al mismo tiempo, consolidando la influencia de Estados Unidos en el hemisferio. En el siglo XX, se convirtió en un instrumento de intervención directa, en el marco de lo que se llamaba “gunboat diplomacy”, y luego como estrategia anticomunista.
En esta suerte de actualización del siglo XXI, la ahora doctrina Donroe postula el control de la migración irregular y el combate al narcotráfico, a fin de reforzar la seguridad hemisférica en tierra y por mar, e impedir con ello que potencias extrarregionales accedan a recursos naturales estratégicos en la región. Ello para consolidar el liderazgo energético e industrial de Estados Unidos y expandir su acceso a fuentes de suministro de petróleo y minerales.
De Monroe a Donroe, su puesta en práctica tuvo lugar con la intervención militar del 3 de enero en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Derivó en una fórmula provisoria, con Delcy Rodríguez como presidenta interina. La administración Trump le encomendó estabilizar y gobernar el corto plazo para garantizar la explotación de petróleo y minerales críticos, e impulsar la recuperación económica. A ello obedeció la reciente visita del secretario de Energía a Venezuela.
El problema de dicho arreglo es que, con el chavismo, Venezuela es “ininvertible”. Ya lo habían expresado así los ejecutivos de las compañías petroleras en la Casa Blanca; una larga historia de expropiaciones arbitrarias confirma la fragilidad de los derechos de propiedad, ahuyentando al inversor. Pero Venezuela también es ingobernable. El partido oficial se sostiene sobre una suerte de confederación de facciones criminales con diversas actividades ilícitas y con control territorial de diferentes espacios subnacionales. El poder se ejerce por medio de una verdadera delegación de soberanía.
En los hechos, la extracción de minerales y la producción de petróleo dependen menos de la inversión formal que de las operaciones de estas redes criminales. Es el caso del arco minero del Orinoco, donde el ELN colombiano opera en sociedad con facciones militares en la explotación de bauxita, coltán, oro, rodio y diamantes, entre otros. En la región occidental de Apure, las diferentes disidencias de las Farc se disputan el control de las rutas de la cocaína. En La Guajira actúan el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, entre otros, coludiendo con grupos militares en la extracción de rentas de las economías criminales: robo y contrabando de gasolina, así como tráfico de personas y drogas.
El modelo de negocios sostiene al sistema de dominación: de la base económica, cuyo método es la diversificación de ilícitos, a la superestructura política, cuya lógica es la fragmentación. Los arquitectos de este modelo siguen en el poder, no pueden ni tienen incentivos para modificarlo. En Venezuela no existe una autoridad política centralizada; es decir, no hay un Estado en el sentido estricto del término. Los grupos criminales que ejercen control sobre una región especifica hacen las veces de “gobierno”. Al no tener el monopolio legítimo de los instrumentos de fuerza, las rivalidades entre ellos son inevitables. He allí una descripción estilizada de la “guerra por el recurso”.
La reconstrucción del Estado es —en consecuencia— condición necesaria para lograr una cierta “paz del recurso”. Los inversores requieren estabilidad para sus derechos de propiedad; o sea, seguridad jurídica, la cual proviene de un poder judicial independiente. Eso se llama Estado de derecho, es el mismo diseño institucional que otorga derechos y garantías a los ciudadanos quienes, en el ejercicio de su ciudadanía, se constituirán en sujetos democráticos.
Bajo la estructura de poder existente, ni los inversores ni los ciudadanos tienen derechos. Tener una industria petrolera eficiente y competitiva, con paz social y estabilidad, no parece posible en estas condiciones. Las tres fases de la administración Trump deben ser una sola, no hay una secuencia definida de estabilización, recuperación y transición. Se deben encarar las tres al mismo tiempo, pues prosperidad y orden político se encuentran en una relación de causalidad recíproca.
Esa es la lógica del capitalismo democrático. La doctrina Donroe también debe ser una estrategia de transición democrática.