Todo comenzó cuando el presidente de Colombia, tras asumir su cargo, anunció a la nación la que sería la mayor purga de oficiales de alto rango en la historia de las fuerzas militares. Se convocó a calificar servicios a 52 generales, y los medios de comunicación señalaron que la justificación detrás de esta medida era la búsqueda de nuevos liderazgos entre los militares y policías más jóvenes.
Desde que el ministro Velásquez fue nombrado, quedó claro que se pretendía apartar a cualquier persona que, según él, tenía indicios de irregularidades, y la población confió en estos argumentos con buena fe.
Sin embargo, las consecuencias de confiar la seguridad en manos de militares y policías, muchos de los cuales carecen de la preparación adecuada para enfrentar situaciones de orden público, se han vuelto evidentes. A esto se suma la instrucción del gobierno de no intervenir activamente contra la delincuencia y de desocupar áreas afectadas por grupos terroristas y criminales, en un intento de establecer parámetros de confianza con dichos grupos para alcanzar la tan ansiada ‘paz total’.
Este enfoque ha generado un aumento significativo en la inseguridad del país, marcado por un crecimiento alarmante de actividades delictivas dirigidas contra la vida y los bienes de los colombianos, con más de 90 masacres registradas. Además, se ha observado un incremento notable en los secuestros, con más de 38 colombianos en manos del ELN.
El abigeato también ha experimentado un aumento, y el propio ministro de Defensa, Velásquez, lo ha reconocido públicamente sin que ello conlleve consecuencias legales. En sus declaraciones a este mismo medio afirmó: “Nos encontramos, además, con una fuerza pública disminuida por muchas circunstancias, y entonces empezamos a definir cómo incrementamos la capacidad de la fuerza pública”. Todo esto se desarrolla en medio de un creciente temor en las áreas urbanas de todo el territorio debido al aumento de la delincuencia, lo que afecta a todos, obligándonos incluso a ser cautelosos al transitar por las calles.
En mi papel como columnista habitual de este medio de comunicación, me siento en la responsabilidad de plantear algunas preguntas abiertas al gobierno del cambio. Estos cuestionamientos son fundamentales para determinar si nos enfrentamos a un posible ataque frontal a la democracia, como ya hemos denunciado en el tema de tierras, o si, como sostiene el ministro, estamos frente a una fuerza pública debilitada que carece de la capacidad necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
- ¿Persiste la intención del Gobierno de trasladar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior?
- ¿La desmilitarización de la Policía Nacional es una prioridad, con un cambio de enfoque hacia actividades de autoridad civil?
- ¿Está contemplada la inclusión de las guardias indígenas ancestrales, organizaciones campesinas y afrocolombianas en la Policía Nacional para proteger sus territorios?
- ¿Es cierto que en las negociaciones con grupos al margen de la ley que se sumen a la paz total, los líderes de estos grupos participarán en una mesa de reconciliación para definir las futuras funciones de las fuerzas militares y de policía?
- ¿La solicitud de calificación de servicios para muchos generales se debió a sus liderazgos en contrainteligencia y a su formación en la Escuela de las Américas?
- ¿Está previsto un cambio en la educación de las fuerzas militares y de policía, eliminando el concepto de enemigo interno y dando prioridad a términos como territorio indígena, derechos de las minorías, y garantías para los movimientos sociales y rurales?
- ¿Se implementará la política de retirar a las fuerzas militares y de policía (fuerza pública) de los territorios donde hay grupos insurgentes en acuerdo con el gobierno, permitiendo que las comunidades aseguren su propia seguridad y convivencia, como sucedió en Planadas y fue reconocido por el Gobierno?
- ¿La prioridad es poner fin a la justicia penal militar en los acuerdos, y en caso afirmativo, cuál será el mecanismo propuesto: una nueva justicia o los procesos se llevarán a la justicia ordinaria?
- En cuanto al crecimiento de grupos delincuenciales en nuestras ciudades, principalmente en Medellín, vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y comandos brasileños, ¿qué medidas tiene el Gobierno para combatirlos, siendo en su mayoría extranjeros en nuestro territorio urbano?
Las respuestas a estos interrogantes, que esperamos se conviertan en elementos de un debate no solo en el Congreso de la República, sino también en los medios de comunicación y las redes sociales, nos permitirán comprender la realidad y el futuro de nuestra democracia bajo el actual gobierno de cambio. Asimismo, brindarán la tranquilidad de que nuestra democracia continuará garantizándose, como ha sucedido en los últimos 200 años.
Una democracia que comprometa las relaciones entre el gobierno y las fuerzas militares y de policía, priorizando una política de debilitamiento de estas últimas, como lamentablemente está ocurriendo en Colombia, traerá consigo consecuencias significativas.
El debilitamiento de las fuerzas militares podría generar un desequilibrio y potencialmente debilitar los mecanismos de control esenciales, cuya función principal es proteger y defender a la nación ante amenazas tanto internas como externas. Si estas fuerzas se debilitan en exceso, podrían surgir consecuencias adversas para la seguridad y estabilidad del país, así como para su sistema democrático.
Es crucial señalar que estas son solo algunas de las posibles consecuencias, por lo que es fundamental abrir un debate. Reconozco que abordar temas de esta índole y formular estas preguntas puede suscitar sensibilidades y molestias de diversa índole. No obstante, soy consciente de que, por encima de los intereses individuales, existe un interés común que debe unirnos a todos: fortalecer nuestra democracia, la cual se encuentra actualmente en un riesgo evidente, caracterizado por la falta de seguridad y la ausencia de garantías de propiedad.
El fortalecimiento de nuestra democracia solo se logra cuando se alcanza un equilibrio en el cual las fuerzas militares estén bajo un control civil efectivo, respetando plenamente los principios democráticos y pudiendo actuar en todo el territorio contra cualquier amenaza a la institucionalidad, sin excepciones. Todos compartimos la identidad colombiana y no debería haber preferencias hacia ninguna organización, ya sea comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas o ciudadanos comunes, a quienes la mayoría de los colombianos pertenecemos.
Espero que la respuesta vaya en esa dirección y es lo que deseo como colombiano. Asimismo, confío en que la hipótesis de que el actual gobierno del cambio esté generando una política de inseguridad para desestabilizar la democracia, llevando a Colombia por el mismo camino que países como Venezuela o Nicaragua, estrategias que han sido vinculadas al famoso Foro de São Paulo, no se materialice.