Esta reforma busca la paulatina nacionalización de los servicios públicos, destruyendo a los empresarios y al sistema económico con la excusa de crear un sistema de salud utópico para reducir la inequidad en el país.
Sin embargo, la realidad es otra al sueño socialista, en las que el sistema de salud quedará sepultado por la improvisación y burocracia que propone el articulado de esta reforma.
En primer lugar, el gobierno demuestra su corte populista y demagógico impulsando la reforma por vía ordinaria, la cual viola directamente el trámite legislativo, ya que, una reforma que afecta a la salud de los colombianos debería tramitarse por vía estatutaria, debido a que este tipo de leyes son las encargadas de regular derechos humanos.
Recordemos que la salud está plasmada en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto, este presunto error muestra una intención de utilizar mecanismos como las reformas como una herramienta política para argumentar que están haciendo grandes cambios en poco tiempo y de esta manera ganar en las elecciones de alcaldes y gobernaciones.
Consecuentemente, y haciendo un análisis de fondo sobre la reforma, el principal problema del texto es la afectación que tendrá la reforma en las EPS, en conjunto con el rol que cumplirá la ADRES por medio de las Instituciones de Salud del Estado.
La reducción de las EPS a organismos que solo se concentren funciones limitadas, como el poder crear algunos centros de atención primaria y en algunos casos ser contratadas como auditoras, resulta ser una medida absurda que llevará a estas empresas a la desaparición, puesto que, la entidad encargada de contratar a las prestadoras de salud será la ADRES, entidad que actualmente se encarga de garantizar el flujo adecuado de recursos dirigidos a las prestadoras de salud al igual que un respectivo control y vigilancia de la administración de esos dineros.
Básicamente, el gobierno nacional ha condenado a las 9 EPS que cumplen con los requisitos legales a morir lentamente debido a que su función principal, la cual es la gestión del riesgo en salud o básicamente el contratar con las prestadoras del servicio, les será usurpada con esta reforma, siendo reducidas a su mínima expresión.
Lo anterior, quiere decir que la deformación funcional de las EPS generará catástrofes en los principios económicos de oferta y demanda, ya que en una supuesta insolvencia de las EPS que quedan, los usuarios tendrán que repartirse entre el sistema público de las ISE y la medicina prepagada, lo que ocasiona un exceso en la demanda por el servicio de la salud.
Esto a su vez va a incrementar los costos de la medicina prepagada debido a que estos no tienen los medios de producción para atender al exceso de población que dejará la reforma.
Por otra parte, también resulta problemático las funciones que se le proporcionarán a las ADRES, ya que estas no están preparadas para ejercer el papel de las EPS, lo cual en últimas generará una crisis del sistema de salud, también cabe recalcar que se forman monopolios de la salud en las regiones porque los centros de atención primarios serían regidos por las instituciones de salud del estado, lo cual viola por completo el derecho a la libre escogencia y un atentado contra nuestro estado constitucional.
El segundo problema que presenta la reforma, son los costos de la transición de un régimen a otro.
Recordemos que para la creación de un sistema estatal de salud que monopolice los sistemas municipales, es necesario crear muchos más puestos burocráticos, con sus respectivas oficinas.
De hecho, el Representante a la Cámara, Andrés Forero, afirmó que esta reforma busca crear entre 6.099 y 31.107 cargos burocráticos.
Ahora bien, la reforma también presenta un problema de recursos que en el articulado del documento se explica de manera superficial, donde se afirma que, la financiación de este proyecto vendrá del presupuesto general de participaciones, por lo que, en última instancia, el sistema se pagaría con más impuestos del ciudadano común.
De hecho, la situación es tan alarmante que el costo total de esta reforma a la salud va a ser de dos reformas tributarias, cosa que afecta al principio constitucional de economía (art. 109) y la grave situación económica que vive el país.
Como alternativa de política pública, la contrarreforma impulsada por la oposición y los sectores empresariales, resulta ser la más idónea y respetuosa para nuestro modelo estatal, ya que esta busca respetar a las EPS, creando acuerdos entre estas y las prestadoras para así prevenir corrupción y crear procesos más sencillos para el ciudadano de a pie adicionalmente se propone afianzar los mecanismos de control encontrados en las superintendencias y comisiones económicas.
Debido a todo lo expuesto anteriormente, Colombia no necesita más intervención estatal que desangran las arcas gubernamentales, necesitamos mejorar nuestros sistemas de control y vigilancia para así salvar a una Colombia que podría terminar en urgencias.