La soberanía nacional

Escuchaba recientemente a una analista política mencionar una verdad de a puño cuando se refería al Cartel de los Progresistas, haciendo referencia a los gobiernos de Colombia, Venezuela, Brasil, México y otros países de América Latina que lamentablemente han caído en las garras de esta orientación político-ideológica de izquierda que solo ha traído odio, polarización, empobrecimiento, impunidad, narcotráfico, inseguridad y violencia.

Sin embargo, los resultados logrados por la derecha y la centro-derecha en Bolivia con los comicios para la elección presidencial, muestran que el péndulo político de esta parte del mundo está regresando hacia el camino de la prosperidad y la libertad de los pueblos, así como reflejan el rechazo definitivo a la opresión del socialismo. Con la posible salida del dictador vecino, presionado por la guerra al narcotráfico adelantada por los Estados Unidos, se irá decantando el panorama y derrotando al comunismo.

Es difícil entender que el narcotráfico y los carteles que se han formado alrededor de esta actividad delictiva hayan podido crecer y traspasar las fronteras estatales de varios países sin que se establezcan estrategias conjuntas y/o combinadas para neutralizar el crimen y la violencia que esta fechoría genera. Mientras que, por el contrario, la impunidad que propician algunos gobiernos frente a esta amenaza a la sociedad invita a continuar delinquiendo, pues en algunos países han recomendado ‘abrazos en lugar de balazos’ y en otros se pide ‘trato con amor’ a los criminales.

América Latina sigue siendo considerada un conejillo de indias empleando estrategias de la guerra fría 2.0 en la disputa por el poder global, ya que el socialismo que ha fallado en otras latitudes tratan de implantarlo, a las buenas o a las malas, por medio de títeres denominados dictadores, de adoctrinamiento ideológico desde las aulas de escuelas y universidades, pasando por muchos sindicatos o llegando inclusive a las tarimas de arenga política donde se logra captar adeptos ilusos a los que les prometen casa, carro y beca que nunca llegan o que solo benefician a los arrodillados más cercanos a los niveles de poder.

Para manejar las riendas de un país se requieren conocimientos, preparación, diálogo político, concertaciones y tal vez lo más importante, ejemplo personal y un equipo de asesores que brillen por sus capacidades profesionales y sean seleccionados por meritocracia, mas no por ser diferentes y representar a una minoría que probablemente poco o nada aporta a la acertada conducción del Estado.

La imagen del país inexorablemente se deteriora cuando algunos de los representantes del Gobierno o de sus aliados políticos actúan como bufones, o cuando los preceden sus propias declaraciones donde reconocen su drogadicción, o que ni siquiera saben cuál es su verdadera orientación, así como cuando estos tienen grandes prontuarios en su hoja de vida. Esto es un insulto y una afrenta para los 50 millones de colombianos.

Un jefe de Estado debe dominar las relaciones internacionales, los tratados con otros países, los compromisos y las responsabilidades en el escenario mundial, así como conocer la Constitución, en especial en lo que debe cumplir como cabeza del poder Ejecutivo, en lugar de utilizar la dialéctica comunista para instigar al odio y a la violencia. Pero también, debe ser consciente del impacto que podría tener su discurso, particularmente cuando trata de alinearse con una ideología desprestigiada y se aferra en la defensa de causas políticas pérdidas en el mundo.

Dentro de las responsabilidades de la cabeza del gobierno se tiene, entre otras, la defensa de la independencia, la honra de la nación, la inviolabilidad del territorio, la soberanía nacional en general, así como conservar en todo el país el orden público. El apoyo por afinidad ideológica que este ofrece a gobiernos declarados narcoestados, afectan la soberanía nacional y muy seguramente sobrepasan sus atribuciones cuando se habla de presencia extranjera en el propio territorio y más peligroso cuando trata de vincular las Fuerzas Armadas con las de otro Estado, buscando, posiblemente, asegurar el mismo apoyo en caso de que no se efectúen las elecciones del 2026.

La creación de una zona binacional con Venezuela, promovida por Maduro en su afán por atravesar obstáculos a la posible acción de los Estados Unidos en contra de quienes hoy se ofrecen jugosas recompensas por su captura, afectará totalmente la soberanía nacional y esta proporcionará ‘autopistas’ a los narcotraficantes para sacar la droga del Catatumbo. Y lo más complejo está representado en que brinda la posibilidad de la legalización de la — denominada por el crimen organizado— república independiente del Catatumbo, afectando la integridad del territorio nacional.

De otra parte, el probable respaldo que se ofrece a un importante alfil del Gobierno que está acusado de cohecho y peculado para que le den asilo político en un país comunista que nos ataca desde hace casi medio siglo, además de demostrar una vez más la complacencia con los malos, mantiene abierta la puerta de la impunidad ante el delito, viola los mandatos constitucionales y hace perder la confianza en la justicia.

La escalada terrorista que está viviendo el país con el vil asesinato de líderes políticos, policías y civiles de forma indiscriminada, el derribo de un helicóptero, el incremento de los secuestros y las masacres, el fracaso definitivo de la paz total, la destrucción del aparato productivo de la nación, el debilitamiento de la fuerza pública y el chu, chu, chu o golpe de gracia a la salud de los colombianos, son algunos de los elementos que indican el fracaso del famoso gobierno del cambio. Sin duda, en estos últimos años se han afectado los valores democráticos.

Para que se ponga freno al crimen transnacional y se recobren los principios y valores, para que cese la complacencia con el crimen organizado y se refuerce el combate al narcotráfico, para que se recupere la economía y florezca el campo, para que el Gobierno no renuncie a la explotación racional e inocua de los recursos naturales —a fin de lograr los recursos para atender las enormes necesidades del país—, para que se mantengan las libertades y se exijan los deberes ciudadanos, para que se combata frontalmente la corrupción y para que se dignifique la profesión del político, se requiere un voto consciente y responsable en las próximas elecciones del 2026.

La experiencia vivida con este Gobierno ha sido amarga.