El Ejército no se puede permitir el lujo de perder buenos generales por caprichos presidenciales. Al comandante de la FAC lo quiso echar por la misma razón por la que ahora anuncian que sacarán al general Erik Rodríguez: decir una verdad que incomoda a Gustavo Petro.
El general Carlos Fernando Silva defendió en su día que el Hércules siniestrado en el Putumayo, que dejó 69 uniformados muertos, no era una “chatarra”, estaba perfecto. A Rodríguez, por admitir que la guerrilla carnetiza a la población rural y obliga a votar por un candidato (Cepeda).
El tsunami de críticas por tamaña cacicada puede obligarlo a aplazar el injusto llamado a calificar servicios hasta después de la segunda vuelta, mandándole a vacaciones o cualquier otra treta. O dejarlo en el puesto, como a Silva.
Y qué decir del general Federico Mejía, marginado por unos hechos que reflejan el fracaso del Estado y la arbitrariedad del Gobierno. Cada vez que voy al Cauca, escucho lamentos, de boca de ciudadanos del común y autoridades civiles, por su partida y el anhelo de que vuelva ante el angustiante deterioro de la seguridad.
Lo describen como tropero. Se dejó el alma, dicen, por transformar un territorio que lleva demasiado tiempo en manos de la criminalidad. Y elogian su insistencia, ante las esferas de poder, de que solo con las armas no vencerían jamás.
Conozco Argelia desde hace tres lustros y en los distintos viajes vi crecer la coca en el municipio y alcanzar las actuales 25.000 hectáreas. Cuando a Mejía le encargaron la misión imposible de recuperar el Cañón del Micay en un santiamén, encontró que, mientras se disparaban sembradíos y todo el negocio narco, decrecía la presencia del Ejército hasta alcanzar niveles mínimos, preocupantes.
Desidia e ineptitud de diferentes gobiernos, unido a sentencias de altos tribunales, dejaron en pañales a los cuerpos de seguridad, permitiendo que guerrillas y cocaleros organizaran a la población para asonadas y paros cada vez que los militares intentaban arrebatarles el control del área.
Mejía encontró una situación aún más inquietante. Según informó a sus superiores, “una crisis operacional, disciplinaria, de contrainteligencia y de infiltración criminal”, que venía desde años atrás. No se quedó quieto y sus denuncias, propiciaron el retiro de cuatro oficiales, tres suboficiales y diez soldados, prueba de la capacidad corruptora del narcotráfico. Beneficiaban, por encima de todo, a la Nueva Marquetalia, extremo que no me sorprendió. Las comunidades en el terreno me lo decían y lo escribía en columnas, pero nadie paraba bolas.
Mientras estuvo en Cauca, el general atacó sin descanso al poderoso Frente Carlos Patiño de las Farc, dueño y señor del Cañón del Micay, tras debilitar al ELN y la Nueva Marquetalia. Era tal su dominio, que no se molestaban en ocultar sus campamentos y vestían de camuflado en todos lados.
En 2023 Mejía se sumó a la Operación Trueno, diseñada en 2021 para recuperar El Plateado. Un año más tarde, Petro ordenó la Operación Perseo con un enorme despliegue militar.
En ese 2024 sucedió uno de los hechos que tiene a Mejía contra las cuerdas y que desnuda la debilidad institucional del Estado y una realidad que jamás comprenderán desde un escritorio.
El 31 de enero, una patrulla detuvo en la vereda El Diamante, de El Plateado, a un motorista en un retén rutinario, que transportaba 4,5 kilos de base de coca. En cuestión de minutos se vieron rodeados de una multitud encolerizada que exigía que lo dejaran libre, escena habitual en esa región y en otras parecidas.
Porque la base la fabrican en laboratorios artesanales, casi todos pertenecientes a campesinos con espíritu emprendedor; pagan unos 3 millones por kilo y alguien con buenas conexiones la lleva a los cristalizaderos de los mafiosos donde lo vuelven polvo blanco y cuadruplican su valor.
Era esperable, por tanto, que los lugareños se alborotaran y que de los insultos, gritos y reproches pasaran a la violencia y al intento de ingresar a la pequeña base, instalada en el caserío. La verdadera amenaza no procedía de los civiles, sino de los guerrilleros que se esconden entre ellos.
Pese a los hostigamientos, consiguieron que aterrizara un helicóptero y se llevaran al arrestado a Popayán. El traslado exacerbó los ánimos y los mandos militares se hallaron ante la disyuntiva de siempre: si se defendían, podían herir o matar a un civil. Y sus mismos subordinados corrían el riesgo de morir por disparos de los subversivos.
En Popayán decidieron devolver al apresado con la “mercancía” en otra nave para evitar males mayores. Lo absurdo, injusto, y prueba de la ignorancia de una compleja realidad que este país prefiere desestimar, señalaron a Mejía de complicidad con el sujeto.
Si continúan retirando a los mejores oficiales con falaces motivaciones, si no hacen la auténtica radiografía de una problemática de infinitos matices, seguiremos perdiendo la guerra.