Les quedó grande la salud

Transformaron una crisis en una catástrofe. Es evidente que el actual gobierno no pudo con la salud. ¡Por favor! Déjensela al siguiente gobierno. Será lo mejor que puedan entregarles a los colombianos. Han sido más de tres años de desaciertos que desembocaron en la destrucción de un bien social tan relevante: el sistema de salud. Sus nefastas actuaciones los han dejado sin legitimidad alguna para pretender ahora —en los últimos 11 meses de gobierno— solucionar tan grave problema. Deberían tener alguna responsabilidad con la historia del país y de todos los colombianos. Podrían seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, quien revirtió todos sus delirios reformistas deshaciendo —a medianoche y a hurtadillas— todo el daño hecho con su fracasada reforma a la salud.

No hay manera de esconder —ni tampoco de justificar— los terribles resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República. Ese informe simplemente reveló los resultados de una política reivindicativa, torpe y cegada, incapaz de comprender las condiciones críticas en las que se desenvuelven los sistemas de salud. Un dominó que ya derribó su última ficha, gracias al trabajo de una ideologizada exministra, un neurasténico ministro y los temerarios superintendentes de salud.

Todo les ha fallado. Pero la peor decisión del Gobierno fue la toma de posesión e intervención de las EPS más representativas del país. Deberían reconocerlo y asumir, sin tanto dolor, la responsabilidad política. Recibieron unas EPS que, durante años, venían enfrentando una demanda infinita de beneficios, por una sociedad alentada a malentender que el derecho a la salud era un acceso irrestricto a todos los beneficios sociales que la sociedad le negaba, incluso desde otros sectores. Desde pañales y albergues hasta terapias equinas y procedimientos cosméticos disfrazados de tratamientos médicos.

Como resultado de esto, muchas EPS sucumbieron y tuvieron que liquidarse, como ya se conocen las IPS afectadas. Efectivamente se perdió dinero de servicios prestados no reconocidos, como ocurre en cualquier quiebra empresarial. Por ello, desde 2011 se implementó el giro directo y en 2017 se creó la Adres, para tener mayor control de los recursos públicos. Fue un plan de liquidación de EPS inviables que siguieron varios ministros en diferentes gobiernos, nunca con el fin de administrar EPS viables, como decidió este gobierno, reivindicando una total incompetencia en la gestión de interventores que apenas permanecían unos meses en el cargo.

Pero recibieron un sistema de salud que les respondió a los colombianos en la peor crisis de salud pública de nuestra historia. Durante la pandemia ningún colombiano dejó de recibir los procedimientos médicos y tratamientos que requirió. Fue un sistema capaz de duplicar en menos de seis meses la capacidad de cuidado intensivo y de cubrir a más de 40 millones de colombianos con vacunas en menos de ocho meses. Ningún colombiano tuvo que pagar un peso por la atención en cuidado intensivo, ni le faltó medicamento alguno. Se ejecutó la mayor operación de transporte aéreo de pacientes en la historia del país, todo bajo la responsabilidad de proteger la salud de los colombianos. Como resultado, se registró la menor tasa de mortalidad de los países equiparables de Latinoamérica y muchos desarrollados.

Recibieron un sistema frágil, sí, pero en un franco camino de recuperación. Gracias al Acuerdo de Punto Final, que invirtió más de nueve billones de pesos para saldar cuentas viejas e inyectar liquidez al sistema de salud. Los desmañados ministros del presente gobierno lo destruyeron mediante un galimatías de desaciertos: desfinanciación de la UPC, desmantelamiento del Ministerio de Salud, imposición de un disfuncional piloto de reforma a costa del sistema de salud de los maestros; burocratizaron las EPS intervenidas con masivos racionamientos y cierre de servicios, además de la negación de otros. Incrementaron las deudas hospitalarias, indujeron a hospitales públicos y privados a la crisis y destruyeron EPS. Ese es su legado.

Los indicadores no mienten por más que traten de esconderlos. Una Nueva EPS que no ha podido entregar estados financieros durante dos años lo dice todo; $ 12,8 billones en facturas sin tramitar y más de $ 11,9 billones en anticipos entregados que no han podido legalizar. Todo generado entre 2023 y 2025. A ello se suman más de diez billones de pesos en pérdidas o detrimento patrimonial.

Y lo peor es la falta de transparencia. La Contraloría tuvo que entrar a la Nueva EPS haciendo uso de sus facultades de policía para poder entregar a los colombianos información que explique por qué hay tantas dificultades para acceder a los servicios de salud que tanto necesitan. Es un claro ejemplo de que el Gobierno no cumplió, no ha salvado vidas y, por el contrario, las ha perdido.

Deberían hacerle un gran favor al país retirando del Congreso su reforma a la salud. Esa reforma no tiene políticas efectivas que permitan el rescate de la salud de los colombianos, ni siquiera tiene una propuesta coherente que sea alternativa al sistema existente. El actual gobierno ya no tiene el tiempo para implementar nada de lo allí escrito. Al próximo presidente, cualquiera que sea su perfil político, le corresponderá un escenario muy complejo para enderezar el rumbo de la salud en Colombia. Deberían dejarle las manos libres, para que pueda empezar a resolver esta crisis inducida desde la libertad del ejercicio del poder que los colombianos le confieran.

La crisis del sistema de salud no quebrará a la nación. Pero sí la entregarán moralmente fragmentada como consecuencia de los odios y estigmas —certeramente dirigidos a diario— durante estos eternos cuatro años de gobierno.