Mingas, minorías y construcción nacional

Partamos de la evidencia. Los pueblos indígenas y la comunidad afro sufren más de pobreza, exclusión, falta de acceso a la salud y a la educación que el promedio de los colombianos. A pesar de las circunscripciones especiales en el Congreso, están subrepresentados en las esferas de poder político y económico.

El otro elemento innegable es que el conflicto armado que ha vivido Colombia se ha ensañado con esas comunidades. Las guerrillas, los paramilitares, los carteles han violentado y amenazado a las comunidades frente a la ausencia proverbial del Estado. Durante décadas fueron expulsados, sus tierras apropiadas por colonos y desplazados o explotados.

Visto así, Colombia tiene las características de un Estado racista, segregacionista, tan odioso como el régimen del apartheid que existió en Suráfrica o en Estados Unidos  hasta los años 60. A diferencia de esos países, en Colombia la discriminación no está sancionada por la ley. Pero existe de hecho. Y desde hace mucho tiempo. Por eso la reivindicación por el derecho a la igualdad y el respeto a esas comunidades es legítima y necesaria.

Pero también sería un error desconocer los avances logrados por los pueblos indígenas y comunidades afro en los últimos 30 años. Desde la Constitución de 1991 se reconoció el carácter multiétnico, pluriracial y  la diversidad religiosa de la nación colombiana. Los derechos de las minorías se consagraron en ella y se sentaron las bases para avanzar hacia el reconocimiento de los mismos, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Desde entonces se han aprobado más de 10 leyes y decenas de decretos han sido expedidos en defensa de los derechos de las minorías étnicas en Colombia.

Fruto de incesantes luchas, mingas y paros han logrado recuperar muchas de esas tierras y lograr que se les entreguen territorios ancestrales. A través de la figura de los resguardos indígenas (hoy hay cerca de 800) se ha reconocido la propiedad colectiva de más de 36 millones de hectáreas (el 30 por ciento del territorio nacional) a dichas comunidades. Esto es muy significativo sobre todo cuando se tiene en cuenta que las comunidades indígenas representan tan solo el 4 por ciento de la población total colombiana.  

En esos espacios, gozan de autonomía y ejercen su propio gobierno. También se les transfieren recursos como a los demás entes territoriales a través del Sistema General de Participación. Desgraciadamente, como lo publicó el portal La Línea del Medio, el Gobierno actual retiró el proyecto de ley que aumentaba los recursos del SGP para los indígenas. Esa decisión no facilita encontrar una solución al paro actual.

En materia de educación y salud, el avance es más lento, pero se ha logrado que los modelos educativos propios sean cada vez más reconocidos y se han establecido modelos de salud interculturales que permiten la convivencia de las cosmogonías y saberes ancestrales con las técnicas y conocimientos occidentales.

Sin embargo las tensiones y las discriminaciones subsisten. Nos ha hecho falta –como sociedad—entender y asumir la huella y las heridas que decenas de años de dominación han dejado tanto en lo material como en lo cultural. No hemos sabido reconocer y valorar nuestra diversidad.

Por su parte, las comunidades indígenas se quedaron atascadas en un modelo de confrontación permanente, el recurso a las vías de hecho y en algunos casos el abuso del poder de veto de una minoría sobre los derechos de la mayoría. La creación de repúblicas independientes indígenas pero 100 por ciento subsidiadas por el resto del país, tampoco es el camino.

Esa doble incomprensión está en la raíz del problema y su persistencia: No tenemos un modelo de sociedad, de integración y autonomía que nos permita ofrecer y construir una nación donde los derechos de todos se respeten, donde las diferencias nos enriquezcan en vez de enfrentarnos y donde por fin superemos la lógica de la suma cero, en la que lo que gano yo, lo pierdes tú.

P.S. Al momento de cerrar esta columna se confirmó el repudiable asesinato de un patrullero de la Policía Nacional. Hechos de violencia inaceptables como este me ratifican la necesidad de cambiar el modelo de construcción de nación y de diálogo intercultural.