El Gobierno de De La Espriella ha abatido a ocho mandos criminales en tan solo 29 días, mientras que en los cuatro años previos de “Paz Total” los grupos armados ilegales prácticamente se duplicaron y suman hoy cerca de 28.800 integrantes. En este corto lapso, la Policía y las Fuerzas Militares han dado de baja a mandos de las disidencias de Iván Mordisco, de Calarcá, del Clan del Golfo y de Los Pachenca. El más visible, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cayó el 4 de septiembre en Riohacha: el primer objetivo de alto valor que el nuevo Gobierno señaló públicamente y neutralizó.
No es el jefe más poderoso del país. Mordisco, Calarcá, Chiquito Malo y Pinocho siguen vivos. Pero la lista de los que ya no están marca un cambio de ritmo que el cuatrienio anterior no sostuvo contra la cúpula criminal.
Los que cayeron, de mayor a menor peso:
- Urías Perdomo (Juan Antonio Agudelo Salazar). Lugarteniente de Calarcá y jefe del frente Rodrigo Cadete. Abatido el 27 de agosto en Guaviare. Durante la Paz Total, su orden de captura estuvo entre las que se congelaron.
- Alias Tigre o Pintado. Cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de Iván Mordisco. Cayó el 31 de agosto en Miraflores, Guaviare, en la Operación Azarías: 20 muertos en combate, cinco capturados, dos menores recuperados. El presidente la presentó como la operación militar más contundente en años.
- Bendito Menor. Jefe del frente Javier Cáceres de las ACSN, las herederas de Los Pachenca. No era el máximo jefe de la organización, pero sí el que se paseaba por La Guajira en TikTok, desafiaba al Estado y tenía arrodillado el comercio de la Troncal del Caribe. Recompensa de hasta 1.000 millones. Lo acompañaron en la baja La Bebecita, El Tío y Casiloco, su círculo financiero y logístico.
- Max Max (Dubán Ramiro Castillo Cortés). Principal explosivista del bloque occidental de Mordisco. Tenía una recompensa de 500 millones de pesos. Abatido el 12 de agosto en Jamundí.
- Felipe o Arcadio. Relacionado con ataques con drones y explosivos en el corredor Cali-Buenaventura. Cayó el 30 de agosto en Dagua.
- El Ruso o Alemán. Cabecilla del Frente 28 de Mordisco. Abatido el 9 de agosto en Mapiripán.
- Alias Momo. Cabecilla regional del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia. Cayó el 14 de agosto.
- Alexis Perdomo. Financista de la Segunda Marquetalia en Caquetá y Huila. Cayó el primer día del Gobierno.
En paralelo, hubo capturas de peso —Coty y Páez, del Tren de Aragua; Bonito, de Comandos de Frontera; y Claudia/La India, vinculada a las finanzas de Mordisco— que no entran en esta cuenta de bajas, pero sí en el resultado ofensivo. Es el inventario de un mes en el que el Estado dejó de tratar a esos nombres como interlocutores y volvió a tratarlos como objetivos militares.
La Fundación Ideas para la Paz, con cifras de la propia Fuerza Pública, cerró el cuatrienio 2022-2026 con un dato difícil de maquillar: los grupos armados ilegales pasaron de unos 15.100 integrantes a finales de 2022 a cerca de 28.800 en julio de 2026. Un aumento del 90 %. El Clan del Golfo —o Ejército Gaitanista— se consolidó como el más numeroso, con más de 10.000 miembros. El ELN superó los 7.000. El EMC de Mordisco y el EMBF de Calarcá también crecieron por encima del 100 % en varios conteos. No es que no hubiera operativos en el cuatrienio pasado; es que, al final del día, el enemigo salió más grande y más fuerte.
Con Mordisco, la tropa no combatió durante 459 días de cese. Con Calarcá, fueron 762 días. Se suspendieron decenas de órdenes de captura —81 en disidencias, 29 en el Clan del Golfo y 23 en el “tarimazo” de Medellín—. Urías Perdomo, el mismo que este Gobierno abatió en agosto, había figurado entre los favorecidos por esa congelación. Bendito Menor llegó a ser designado negociador de las ACSN en 2025. Mientras tanto, las disidencias carnetizaban campesinos y los grupos ampliaban su control territorial. Un informe militar citado por SEMANA habló de un salto de 312.000 a 421.000 kilómetros cuadrados de presencia criminal entre 2022 y 2025.
Cuatro años de mesas, ceses y salvoconductos no desarmaron a nadie que pesara, pero sí les dieron tiempo para fortalecerse. En los 48 meses previos, Calarcá y Mordisco siguieron mandando, el Clan del Golfo se duplicó y Los Pachenca convirtieron a un sicario de 26 años en un influencer armado de La Guajira.
Lo que cambió en un mes no es magia. El nuevo Gobierno cerró diálogos heredados, reactivó extradiciones y volvió a autorizar ofensivas contra objetivos de alto valor. La Policía utilizó inteligencia, GPS e infiltración en Riohacha. El Ejército bombardeó campamentos en Guaviare. La Dijín sacó a Bendito Menor de una casa urbana. El presidente viajó al centro de operaciones y lo dijo sin eufemismos: no va a negociar con esas estructuras.
Hay que decir también lo que el parte no cubre. Un mes no deshace cuatro años de crecimiento. Los máximos jefes siguen. Varias de las bajas son mandos regionales, no el Estado Mayor completo. La Fuerza Pública que hoy aparece en esos operativos es, en lo sustancial, la misma institución que durante el cuatrienio anterior recibió la orden de esperar. La diferencia no está en el fusil. Está en el liderazgo, la determinación y la moral elevada de la tropa: ahora hay ofensiva, recompensas reactivadas y nombres puestos sobre la mesa.
El primer mes no cierra la guerra, pero al menos deja claro que el Estado dejó de pedirles permiso a los criminales. Si bien un buen comienzo puede anticipar el rumbo de la partida, es importante consolidar la seguridad en los territorios con mayor presencia de la Fuerza Pública, lo cual requiere presupuesto e inversión tanto militar como social.