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Opinión

  • | 2019/04/27 22:58

    ¿Qué pasó con la plata de Odebrecht?

    Como vamos, estamos llegando al colmo de los colmos: mientras que en Brasil, Panamá y Perú se apresan expresidentes y los socios de Odebrecht están en la mira de la justicia, aquí el fiscal Martínez Neira mantiene esa dualidad de ser juez y parte.

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¿En qué consistió realmente el acuerdo de transacción, revelado por esta columna en julio del año pasado, entre Odebrecht y Episol-Corficolombiana, en el que ambas partes de manera secreta acuerdan el 11 de marzo de 2016 no demandarse y transigir sus diferencias en torno a una serie de contratos a favor de terceros que a juicio de Corficolombiana resultaban “innecesarios”? (Ver contrato).

Lo pregunto porque, luego de dos años de escándalo, este acuerdo que muchos interpretamos como un pacto de silencio sigue siendo un misterio insondable. Pese a que se empezó a negociar cuando Marcelo Odebrecht estaba investigado en Brasil y fue firmado tres días después de su captura, la Fiscalía no lo tiene en su radar.  

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Probablemente, la razón para que NHM no lo haya incluido en sus líneas de investigación sobre Odebrecht sea la de que él mismo fue quien lo redactó y lo negoció en su calidad de abogado del Grupo Aval, en momentos en que además iniciaba su campaña para llegar a la Fiscalía. El objeto del acuerdo, según Martínez Neira, era lograr la devolución de 33.000 millones de pesos por parte de Odebrecht por cuenta de contratos “innecesarios”. (Escuchar el audio de la entrevista de La W en la que NHM admite que lo redactó y que gracias a su gestión con Odebrecht se cumplió con el objetivo). Esta misma versión –la de que Odebrecht devolvió 33.000 millones al consorcio– la dio también Sarmiento Junior en una entrevista que le concedió algunas semanas después a María Isabel Rueda.

Para curarse en salud en el tema de sus abrumadores conflictos de intereses, NHM reveló en esa misma entrevista de La W que él había puesto en conocimiento de la Corte Suprema “desde hace mucho tiempo” esa “circunstancia”, cuando le había llegado a su despacho el principio de oportunidad para estudiar la reparación propuesta por Odebrecht. NHM consideró que el hecho de haber negociado con Odebrecht el contrato de transacción, que concluyó gracias a su gestión en la devolución por Odebrecht de esos dineros, lo inhabilitaba para abordar ese tema.  

Esta fórmula de declararse impedido solo cuando llegan los principios de oportunidad a su despacho le ha permitido a NHM tener el control de todos los casos en que ha tenido conflictos de interés durante largo tiempo. Los dos impedimentos que le fueron aceptados en junio de 2018 por la corte –el de las reparaciones de Odebrecht y el de la investigación contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por la adición Ocaña-Gamarra– fueron presentados en mayo de 2018, es decir, dos años después de que estalló el escándalo. Lo ético es que se hubiera declarado impedido desde el inicio de la investigación; lo demás son argucias quirúrgicas, propias de abogados que viven al borde de la ley, que no deberían ser parte del accionar de un fiscal general. (Ver impedimento 1) (Ver impedimento 2)

Las cosas se volvieron más truculentas cuando le pregunté a los representantes de Odebrecht Colombia cuándo y cómo habían devuelto los 33.000 millones de pesos. La respuesta que me dieron me sorprendió. Según ellos, nunca devolvieron esa suma al consorcio.  

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De acuerdo con su versión, lo que se acordó no fue que Odebrecht devolviera una plata por cuenta de los contratos innecesarios, sino que debido a unos problemas de gestión Odebrecht aceptaba dejar de recibir el fee de liderazgo, que era del 1,5 del valor del contrato y que estaba estipulado en 33.000 millones de pesos a lo largo del mismo. Pero como el contrato se finalizó en 2017, esa plata nunca se pagó.

El único dinero que Odebrecht acepta haber devuelto al consorcio fueron 8.000 millones de pesos que era la cifra que había recibido como fee de liderazgo desde el inicio del contrato. (El fee de liderazgo es el porcentaje que le corresponde recibir por asumir la carga del contrato como socio mayoritario).

Esta versión de Odebrecht coincide con lo que dice el contrato que revelé (ver párrafo del contrato) y también con lo que se registra en un documento de Corficolombiana al que tuve acceso.

En dicho documento se advierte otro gran hallazgo: que de esos 8.000 solo le llegaron al consorcio cerca de 3.000. En junio de 2016, cuando fueron a repartir dividendos de la compañía, Odebrecht hizo valer su fee de liderazgo y de esos 8.000 millones que entregó se quedó con 5.517,717, 916 y 74 centavos, y lo que en realidad le terminó desembolsando a los socios fue 2.936.376.249, 84 para Episol, y para Solarte 444.015.681,42. (Ver documento de Corficolombiana).

Por cuenta de ese contrato que redactó y negoció NMH, la multinacional le quedó debiendo al consorcio 24.183.888.546 de pesos, de los cuales el 33 por ciento le correspondería al Grupo Aval.

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Odebrecht afirma que hasta el momento no han sido notificados de ninguna denuncia en su contra por parte del Grupo Aval. Sin embargo, desde el Grupo Aval se me aseguró otra cosa: que sí existe una denuncia en su contra ante la Fiscalía desde 2017. Pedí copia de la misma, pero el Grupo Aval me respondió que solo la Fiscalía podía revelarla.

Si la denuncia existe, habría que preguntarse cuál fue entonces el propósito del contrato de transacción, cuya esencia era el de ser un acuerdo entre las partes para no demandarse. Sería bueno preguntarle al fiscal Martínez Neira en qué va esa denuncia y por qué luego de dos años de radicada y tratándose de un tema de tanta relevancia no se le ha comunicado ni a Odebrecht ni al país. Sería importante también que el señor fiscal nos dijera si le contó “esa circunstancia” a la corte cuando pidió su impedimento en mayo del año pasado o si se la ocultó con el argumento de que todavía no le había llegado a su despacho.  

Por último, el Grupo Aval ha explicado que este contrato secreto permitió imponer nuevos correctivos en materia de gobernanza del proyecto para evitar nuevos contratos “innecesarios”. Sin embargo –según testimonio dado por el difunto controller del Grupo Aval, Jorge Enrique Pizano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio–, estas medidas fueron solo “un saludo a la bandera”. Y en el colmo de los absurdos, se le permitió a Odebrecht seguir manteniendo el control del proyecto. (Ver el otrosí del contrato).

Gracias a los audios de Pizano, hoy sabemos que el Grupo Aval ya sabía que esos contratos denunciados por el controller eran más que innecesarios porque el mismo NHM salió en uno de ellos repitiendo todos los posibles delitos que podrían haberse cometido, según un informe hecho por el penalista Juan Carlos Forero a pedido de Aval. Es decir, el grupo Sarmiento descubre que su socio está haciendo marrullas. Que en el peor de los casos puede que le esté robando, y en el mejor que haya hecho desembolsos innecesarios a contratistas que podrían ser delitos, y en lugar de denunciarlo firma un contrato en el que el único castigo que se le impone a su socio es obligarlo a que renuncie a su fee de liderazgo mientras le deja el control del proyecto. ¿Hubo en realidad un desacuerdo real entre los socios? ¿Por qué el acuerdo fue redactado de manera quirúrgica, cuidándose de calificar los contratos innecesarios de presuntos sobornos, pese a que ya lo sospecharan y pasando por alto el hecho de que estos contratos hubieran podido frenarse si Episol no los hubiera autorizado? ¿Se le olvida al Grupo Aval que la mayoría de los contratos falsos fueron autorizados por ambos socios, como bien lo demostró Pizano? ¿Qué se pretendía al considerar unos contratos ficticios como una simple desavenencia comercial entre los socios? ¿Acaso enterrar por esa vía la irregularidades que podrían convertirse en delitos?

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Como vamos, estamos llegando al colmo de los colmos: mientras que en Brasil, Panamá y Perú se apresan expresidentes y los socios de Odebrecht están en la mira de la justicia, aquí el fiscal Martínez Neira mantiene esa dualidad de ser juez y parte, y puede terminar estudiando una denuncia en contra de un contrato que él mismo redactó y negoció de manera secreta, en nombre de una de las partes de la controversia; un contrato que no forma parte de las líneas de investigación y del que ni siquiera se le ha preguntado a Martorelli, el jefe de Odechecht en Colombia, quien presuntamente fue su contraparte en la negociación.

Por muuuucho menos tuvo que renunciar el fiscal en el Perú. 

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