Reforma tributaria sin estallido social

La reciente propuesta de reforma tributaria impulsada por el desgobierno de Petro constituye un ejemplo evidente de la incoherencia discursiva de quienes hoy están en el poder.

Es oportuno recordar los acontecimientos del año 2021, cuando una iniciativa fiscal de menor alcance, presentada por el gobierno de Iván Duque, generó un estallido social sin precedentes, auspiciado entonces por figuras como Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, en su condición de senadores de la República.

Hoy, paradójicamente, quienes se presentaron como voceros de los sectores históricamente marginados y defensores de los intereses populares adoptan medidas impositivas que afectan de manera directa a los ciudadanos más vulnerables.

En contravía de sus promesas de campaña, el Ejecutivo parece privilegiar la concentración de poder y recursos, sacrificando la confianza ciudadana y la estabilidad económica del país.

Uno de los mayores retos estructurales del Estado colombiano sigue siendo la alta tasa de informalidad laboral y empresarial, que supera el 56 %. Este fenómeno implica que más de la mitad de los trabajadores no realiza aportes al sistema de seguridad social, configurando una situación de inequidad que exige soluciones de política pública integrales, y no simplemente cargas tributarias adicionales sobre quienes ya cumplen sus obligaciones fiscales.

En este contexto, la propuesta gubernamental carece de visión estructural y termina castigando a los contribuyentes formales, sin atacar la raíz del problema.

Asimismo, las cifras macroeconómicas revelan un panorama preocupante: la deuda pública se ubica alrededor del 57 % del PIB, mientras que la inflación, especialmente en alimentos, alcanzó el 12 % en 2024.

Dichos indicadores, lejos de ser atendidos mediante estrategias de desarrollo productivo y sostenibilidad fiscal, son enfrentados con medidas que aumentan la presión sobre el consumo y la inversión, deteriorando el poder adquisitivo de los hogares.

El discurso del presidente Petro, en ocasiones cargado de afirmaciones simplistas —como aquella según la cual “el pobre casi no usa gasolina”—, desconoce la realidad social y económica de millones de colombianos.

Este tipo de manifestaciones omite el impacto directo que el aumento en los precios de los combustibles tiene sobre sectores como el transporte de alimentos, los servicios de mensajería y el trabajo de los taxistas, configurando una narrativa que, lejos de unir, profundiza la división y el resentimiento social.

La actual propuesta de reforma tributaria, en lugar de ser una herramienta para la equidad y el fortalecimiento del Estado social de derecho, evidencia la distancia entre el discurso populista y la gestión gubernamental.

El Ejecutivo, que alguna vez izó la bandera de la justicia social, hoy parece desconocer el mandato constitucional de garantizar la progresividad, la eficiencia y la equidad del sistema tributario.

Las decisiones adoptadas por Gustavo Petro responden únicamente a sus propios intereses. El mensaje es claro: entregar un país sumido en la deuda, debilitado y con una creciente desconfianza en las instituciones.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en 2021, cuando el hoy presidente y sus aliados promovieron el estallido social, actualmente depositamos nuestra confianza en las instituciones, con la certeza de que serán estas las que frenen esta nefasta reforma tributaria, sin necesidad de ver nuevamente el país en ruinas.