Porte de armas y Estado de derecho

En lo fundamental, hace cerca de 500 años surgió la necesidad de tener una teoría que pudiera explicar el porqué los ciudadanos de un Estado ceden su capacidad de ejercer violencia, aplicar justicia y defensa a un ente superior llamado Estado. Haciendo una abstracción, se puede decir, que ese proceso de domesticación de los seres humanos no tenía una explicación social hasta ese momento, la domesticación se derivaba del poder divino de los reyes: sencillamente una comunidad aceptaba ser dominada porque había un rey que supuestamente descendía de Dios.  

Así nace el famoso contractualismo liberal, que es la explicación teórica de los actuales Estados. En teoría los ciudadanos pactan unas reglas de juego, como por ejemplo una constitución, allí los ciudadanos deciden ceder su capacidad de ejercer violencia y justicia, a cambio de dos cosas fundamentales: la protección de la vida y la propiedad. Por tanto, los Estados deben ser “justos”, es decir, todos deben ser tratados por igual ante la justicia.

Sin embargo, casi todos los teóricos del contractualismo sabían que crear un ente superior como el Estado podía traer problemas de autoritarismo y violación de los acuerdos del contrato. Por ello, ante la posibilidad de que el Estado pudiera transgredir esos acuerdos, en algunas sociedades, se dijo que los ciudadanos tenían derecho a rebelarse y defenderse de las agresiones del Estado. Ese es el origen del Delito Político, es decir, la legitimidad de levantarse contra un Estado opresor.  

Determinar si el Estado es opresor o no, depende de la percepción y situación de las personas y de las comunidades en un territorio. Puede ser que un Estado más o menos garantice los mínimos de seguridad y justicia en su territorio, pero que agreda a una comunidad o determinado tipo de población, en ese caso se justifica el levantamiento de este sector social. Todo esto es el origen de los análisis de conflictos armados internos y guerras civiles.

Por otro lado, obviamente los Estados fueron evolucionando, se creó la independencia de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, se han creado controles y se ha mejorado la percepción de seguridad de los ciudadanos frente a las actuaciones del Estado.

Nótese cómo la justificación de la tenencia de las armas está hecha para prevenir la trasgresión del Estado, no para que los ciudadanos se tomen la justicia por sus manos. Así las cosas, si hay una situación de seguridad compleja no se trata de que los ciudadanos hagan justicia por cuenta propia sino que se fortalezca la presencia del Estado. Además, en un Estado de derecho en plenas garantías no se justifica que los ciudadanos estén armados.

Una situación de permitir el porte de armas a lo que llevará es a un mercado negro de  salvoconductos y de armas, las cuales caerán en manos de criminales. De hecho, tener armas en la calle aumentará la violencia entre pares o vecinos, como los asesinatos en medio de riñas por consumo de licor. La letalidad de la violencia intrafamiliar podría incrementarse. En fin, nada justifica tener armas en manos de civiles, lo que se debe garantizar es el monopolio de la violencia y las armas en manos del Estado.

A veces parece un poco estúpida la idea de un sector político de oponerse al desarme de las FARC y ahora promover la entrega de armas a particulares a diestra y siniestra. Es algo ilógico.