En Colombia bien podría adaptarse el villancico que dice que los peces beben y beben y vuelven a beber en un círculo interminable, pero cambiando la letra por roban y roban y vuelven a robar, y teniendo de protagonistas no a los peces, sino a los políticos y contratistas de este país, que siempre están en un ciclo interminable de saqueo a los dineros públicos.
No pasa una semana en Colombia en la que no tengamos conocimiento de un escándalo de corrupción, cuando ya se sabe de otro, con cifras de miles de millones en los que siempre están implicados contratistas y políticos de alguna región. El último que ha ocupado los titulares es el de los recursos de las regalías asignadas a través de los Ocad Paz, proyectos sobre los que, según se ha denunciado, debían pagarse coimas para poder ser viabilizados.
Pero la corrupción en el tema de regalías no para allí. La Contraloría General de la República adelanta un proceso de revisión de los distintos proyectos que se han ejecutado con dineros de regalías desde 2018 hasta hoy y lo que ha encontrado es para llorar. La mala planeación, el despilfarro, la falta de estudios, la inexperiencia de los contratistas y, por supuesto, la corrupción son la constante en la ejecución de estos proyectos.
Aunque son muchísimos más de los aquí narrados, me voy a permitir hacer un top 5 del despilfarro de regalías más grande del país en los últimos años.
Empecemos con el top número 5: en el Chocó se inició un proyecto por un valor de 35.459 millones de pesos para construir el sistema de masificación de gas natural en Istmina, Quibdó, Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Certeguí, Atrato y Cantón de San Pablo. En el proyecto no hubo planeación, los estudios estaban mal y, al final, muchas de las obras quedaron abandonadas, las obras están desfinanciadas en varios municipios y hoy la comunidad no tiene servicio de gas. El daño fiscal es de 19.436.719.070 pesos.
Top número 4: el megacolegio Cemed, en la isla de San Andrés. Este proyecto fue prometido desde 2013 y pretendía albergar a 1.400 estudiantes de la isla. Pero los dineros girados para la construcción de este y otros colegios de la isla se quedaron en los bolsillos del entonces gobernador de la isla, Ronald Housni Jaller, que, según informes de prensa de The Archipielago Press, acordó con los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez y Mauricio Botero que les entregaría los contratos, y varias adiciones, a cambio del pago de una coima del 10 por ciento para financiar su campaña política y la de su hermano, el representante a la Cámara Jack Housni Haller. El exgobernador firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 15 años de prisión. Por este hecho también condenaron a 13 años a la exgobernadora Aury Guerrero Bowie. Las obras hoy están abandonadas y cada tanto se sigue prometiendo su terminación. La Contraloría halló un daño fiscal de 27.831.498.720 pesos.
Top número 3: en este lugar están los célebres desfalcadores de Córdoba Alejandro Lyons y Edwin Besaile, con un contrato que pretendía hacer una investigación sobre el corredor agroecológico caribeño (Córdoba-La Guajira) en la cuenca del río Sinú. La Contraloría encontró que, aunque la Gobernación de Córdoba liquidó el contrato y solicitó la devolución de los pagos, esto no se hizo efectivo y la pérdida de recursos es del orden de los 45.000 millones de pesos.
Top número 2: para el año 2021, el hallazgo emblemático estuvo en el Meta por valor de 52.643.698.688 pesos, en el proyecto de mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Cabuyaro a Barranca de Upía. En este proyecto hubo errores de planeación y no se contemplaron los accesos de la vía a las fincas aledañas. Este año se aprobaron adiciones por 16.000 millones de pesos a ver si por fin en el Llano pueden ver terminada esta vía.
Top número 1: el deshonroso primer lugar le corresponde a la famosa Vía para la Prosperidad, un corredor vial que los habitantes del Magdalena llevan 50 años esperando y que se ha convertido en la promesa incumplida de cada Gobierno. Se trataba de una obra que pretendía mejorar la comunicación entre los habitantes de Remolina, Sitionuevo y Salamina, a través de la construcción de una vía paralela al río Magdalena.
La obra se empezó a realizar con estudios desactualizados, con presupuesto desfasado y con cambios en el trazado. La bobadita de recursos que se ha perdido en esta obra suma 345.628.996.949 pesos. El contrato se liquidó en 2019 y se empleó el doble del tiempo al inicialmente pactado para entregar solamente 18 kilómetros de los 52 inicialmente planeados. Por estas obras fueron sancionados los exgobernadores de Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga y su sobrino Luis Miguel Cotes Habeych.
Estos son solo cinco de los casos más emblemáticos de desfalco de regalías en todo el país. Pero son decenas y decenas más. Están, por ejemplo, la unidad maternoinfantil de Montería, donde se perdieron 16.000 millones de pesos. El proyecto de construcción de viviendas para madres cabeza de familia en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, donde se construyeron 250 viviendas que quedaron tan mal hechas que no se pueden habitar; el daño fiscal es de más de 11.000 millones de pesos.
O si vamos al sur el país, está el proyecto del muelle fluvial de pasajeros de Leticia, donde se pagaron de forma irregular anticipos y se aumentaron los plazos de entrega, con un despilfarro de 6.800 millones de pesos. No hay derecho. Como dicen, se roban hasta los huecos. Pero lo peor es que a estos señalados les basta devolver un pequeño porcentaje de lo que robaron y están listos para volver a llevarse los recursos con otro contrato en otro lado.
