Opinión
Secuestro es secuestro
El país se ha acostumbrado al vil atropello a policías y soldados.
Es difícil entender hasta dónde se ha deteriorado el sentir de los colombianos frente al respeto que se debe observar con nuestros conciudadanos y con las autoridades legítimas, representadas especialmente por los soldados y policías que —en forma heroica— velan por la seguridad del país. Son objeto de todo tipo de vejámenes, llegando incluso a la muerte causada por los peores criminales, y ‘nadie se pellizca, pues todo les resbala’ debido al mal ejemplo desde las altas esferas del poder.
Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a la violencia, al crimen, a la corrupción y al narcotráfico, así como al velo que extienden sobre los crímenes de lesa humanidad para brindar impunidad a los bandidos. El secuestro de servidores públicos se ha vuelto costumbre, especialmente cuando los narcotraficantes instrumentalizan a comunidades que viven del cultivo de la coca, bien sea como demostración de fuerza o cuando requieren mantener libres los corredores de movilidad para sacar la cocaína. Estos secuestros confirman la pérdida de control territorial de parte del Estado.
Este es posiblemente el único país en el que se amarra a las autoridades legítimas para que no actúen frente a una perturbación del orden público, pues siempre encuentran cómo colocarle el palo a la rueda, especialmente contra la reunión de personas que buscan impedir la captura de delincuentes, la erradicación de cultivos de coca o como demostración de rechazo a la presencia legítima de las autoridades, llegando inclusive a desarmar a los soldados y policías, cometiendo el delito de secuestro, el cual —tristemente— queda impune.
Es claro que no se pueden emplear las armas de fuego contra estas concentraciones de personas, a menos que estas también las empleen contra la autoridad, pero lo que debe ser imperativo es que los soldados y policías, como autoridades legítimas, deben defenderse y emplear los medios a su disposición para impedir estos actos sediciosos y obligar a que se respeten las instituciones legítimas del Estado y a sus representantes. Los criminales son los enemigos de la sociedad; los soldados y policías son la autoridad que la defiende.
Durante el mal llamado estallido social, impulsado por integrantes de la oposición durante el gobierno Duque (2018-2022), miembros de la izquierda afines al actual mandato, además de tratar de tumbar al presidente, probablemente buscaban la respuesta contundente de la autoridad contra los delincuentes que destrozaban bienes públicos y privados, quienes hasta intentaron quemar vivos a miembros de la Policía para encender la mecha, generar el caos y justificar una guerra civil.
Lo mismo ocurre cuando se secuestra a los miembros de la Fuerza Pública, pues buscan que se genere una respuesta de fuerza donde haya derramamiento de sangre para justificar un levantamiento colectivo violento que permita declarar la perturbación del orden interno o estado de conmoción interior. Esto, para que —según la Constitución— se otorguen poderes especiales al Gobierno con el fin de legislar de acuerdo con los intereses de la ideología política reinante y se coloquen en el congelador las elecciones.
Declaraciones de miembros del Gobierno muestran que su interés es la constituyente, seguramente para oficializar la implantación del marxismo y continuar en el poder. La actual situación de Maduro y el posible desenlace de la confrontación con Estados Unidos va a desembocar en un debilitamiento del progresismo en América Latina, afectando los intereses de la izquierda.
Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Paraguay declaran al Cartel de los Soles como organización terrorista, mientras que gobiernos ‘progres’, como Colombia, o miembros de la izquierda, como Evo Morales, no reconocen la existencia de este Cartel, con lo cual respaldan al régimen de Maduro, se alejan de la influencia de Estados Unidos y se alinean con Rusia, China e Irán, así como con el entorno comunista y dictatorial de Cuba y Nicaragua.
Los secuestros de miembros de la Fuerza Pública son articulados por el crimen organizado, el cual mantiene control territorial de parte del Estado; los secuestros deben ser objeto de pena por parte de la ley. El narcotráfico genera violencia y corrupción, mientras que el terrorismo, el crimen, la intimidación y la inseguridad se han multiplicado. Los ‘progres’ ven afectados sus intereses con la posible caída del régimen de Maduro, pero su meta en el país es cambiar la Constitución para fortalecer el comunismo.
La participación masiva para las elecciones de Congreso y Presidenciales de 2026 son fundamentales para darle a nuestro país el nuevo rumbo político que merece.
