Opinión
Una ley de financiamiento que encarece energía y frena la movilidad sostenible
La inversión en generación renovable, por su parte, tampoco sale fortalecida.
Colombia atraviesa un momento crucial: necesita cerrar brechas fiscales sin hipotecar la inversión ni contradecir sus promesas climáticas. La nueva ley de financiamiento recaudará recursos, sí, pero haría retroceder políticas de transición que ya venían avanzando.
En primer lugar, se introduce un impuesto temporal del 1 % a la extracción de combustibles fósiles, un gravamen que abarcaría petróleo y carbón, en el marco de acciones urgentes para aliviar el déficit fiscal. Si bien puede dar un respiro presupuestario inmediato, esta carga adicional encarece los combustibles y, por efecto cascada, la energía generada a partir de ellos. En un país que aún depende en buena medida de estas fuentes, la medida transmite una señal poco atractiva para inversores en energía.
A esto se suma un golpe directo a la movilidad limpia. El proyecto contempla gravar los vehículos híbridos, así como sus componentes (motores, generadores, cargadores), con el IVA general del 19%, eliminándolos del tratamiento especial del 5 %. La decisión contradice tanto la narrativa oficial sobre sostenibilidad como los resultados concretos: los híbridos emiten entre 35 % y 40 % menos gases de efecto invernadero que los autos convencionales. Gravar estos vehículos con tarifa plena hace que pierdan competitividad estableciendo una señal directa en contra de la transición energética.
La inversión en generación renovable, por su parte, tampoco sale fortalecida. Aunque la ley contempla bonos de transición energética y exenciones para proyectos de fuentes no convencionales de energía, la presión fiscal general, combinando nuevas cargas con reducción de beneficio, podría desincentivar nuevos generadores o la expansión de los existentes.
El resultado: precios de energía más altos, menor competitividad en movilidad sostenible y un sector energético desalentado para nuevos proyectos. Todo ello, en un momento en el que justo se necesita expandir capacidad instalada, flexibilizar la matriz y reforzar la resiliencia climática del sistema.
Por supuesto, es legítimo que el Estado busque recaudar recursos para mantener inversión social y estabilidad fiscal. Pero sacrificar la competitividad energética y el avance hacia una matriz con menos emisiones marca un camino de retroceso. La política tributaria puede y debe ser compatible con los compromisos ambientales.
El Congreso aún tiene oportunidad de corregir el rumbo: restaurar el IVA reducido para híbridos, mantener incentivos claros y suficientes para renovables, y revisar la carga sobre combustibles fósiles. Financiar la inversión social no puede implicar un freno a la transición energética ni a la modernización del sector.
