Una mentira que nos han vendido como verdad es que la paz de Colombia debe ser el resultado de diálogos y acuerdos entre los grupos armados ilegales y el Gobierno nacional.
Guardando las proporciones, es como si, para ‘garantizar’ que no agredan a la población civil que vive en diferentes sectores de las ciudades, los gobiernos locales tuvieran que llegar a acuerdos con los grupos delincuenciales urbanos, con el propósito de garantizar el derecho democrático de la ciudadanía a vivir tranquilamente.
En tal sentido, no debemos olvidar que el deber constitucional de todo gobernante, sea de derecha, de centro o de izquierda, es mantener una política de tolerancia cero frente a las diversas actividades delincuenciales de los grupos armados ilegales, así como frente a los corruptos, sencillamente porque sus actividades criminales van en contravía del derecho de la gente a vivir en paz, con tranquilidad y libre de cualquier tipo de acción criminal.
En procura de esos propósitos democráticos, y sobre la base de que todas las manifestaciones de violencia y corrupción, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, sin importar quién las cometa o de dónde provengan, son antidemocráticas y conspiran contra el derecho universal de la gente a vivir en paz y con tranquilidad, debemos actuar con firmeza.
En tal sentido, es deber democrático y constitucional del presidente de la República, de los gobernadores departamentales y de los alcaldes municipales garantizar, con el apoyo de las Fuerzas Militares, la Policía y los diversos organismos de justicia, el derecho de la población urbana y rural a vivir tranquilamente y sin temor a ser amenazada o agredida por los grupos armados ilegales.
En la búsqueda de esos propósitos democráticos, es bueno recalcar que no existe violencia ni corrupción buena o mala: todas son perjudiciales y conspiran no solo contra la democracia, el patrimonio público y privado, sino también contra el derecho de la gente a vivir con tranquilidad y en paz.
Además, todas las expresiones irracionales de violencia en Colombia, que van en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, han terminado por parecerse a las fiestas populares de la ‘vaca loca’, que al son de los ruidos de la pólvora, embiste hacia todos los lados.
De modo que son completamente falsas las tesis de algunas personas que consideran que, cuando el presidente Abelardo De La Espriella ha tomado la decisión de enfrentar militarmente a los diversos grupos armados ilegales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, está adoptando una política militarista y de derecha. Esto no es así, por la sencilla razón de que el derecho de la gente a vivir en paz y libre de violencia es un deber de obligatorio cumplimiento para los gobernantes.
Lo malo sería que, detrás de esa política, se pretendiera imponernos una reforma tributaria muy lesiva para los intereses económicos de la gente, o que se fuera a satanizar la protesta social pacífica o el derecho a pensar de manera diferente a los gobernantes de turno. En mis 80 años de vida, he aprendido que lograremos derrotar a los diversos grupos armados ilegales mediante una política pública respetuosa del diálogo social, de los derechos humanos, de la garantía del derecho de la gente a vivir mejor y de cero tolerancia frente a la corrupción y el despilfarro. En otras palabras, con más y más democracia.