Memoria de papel

El presidente Virgilio Barco regresaba a Bogotá, luego de insistir ante la ONU sobre la pesadilla del narcotráfico en Colombia, dispuesto a sofocar una candente crisis ministerial. Sin embargo, esa misma noche lo sorprendió un verdadero incendio: en su ciudad natal, Cúcuta, llamas hasta de 15 metros de altura consumieron el Palacio de Gobierno del Norte de Santander y una de las áreas que más apreciaba el mandatario, el archivo histórico, quedó reducida a cenizas. Fue el 2 de octubre de 1989. Pese a la turbulencia sociopolítica, Barco creó entonces una comisión que debía redactar una ley para organizar los archivos públicos y, sobre todo, proteger la documentación, fuente primaria para conservar con vida la memoria del país. Ya desde el inicio de su gestión, Barco había heredado la madeja de enigmas acerca de la toma del Palacio de Justicia, destruido por el fuego originado en el sótano, precisamente donde se alojaban el archivo y la biblioteca. Es probable que ambas tragedias le recalcaran al líder la vulnerabilidad de aquellos repositorios, pero lo seguro es que era consciente de su valor desde mucho antes. “A él le gustaba ir al Archivo Nacional, era una persona muy metódica, iba siempre a consultar cuando aún no era Presidente”, recuerda Mauricio Tovar, director de Servicios al Público del Archivo General de la Nación (AGN). Después de lo ocurrido en su tierra natal, “el presidente Barco llamaba todos los días al ministro de Educación, Manuel Becerra. Le decía: ‘¿Cómo va, cómo va?’ para saber sobre la gestión de la ley. Él hizo suyo el proyecto y lideró el proceso. Su voluntad política fue primordial”, rememora Myriam Mejía, entonces directora (e) de la Biblioteca Nacional, quien después se ocuparía durante 15 años de convertir en realidad el Sistema Nacional de Archivos (SNA), bajo la égida del pionero Jorge Palacios Preciado. La Ley 80 de 1989 es la partida de nacimiento del AGN, que no solo le transfiere el acervo y el personal del Archivo Nacional (fundado en 1868), sino que le confiere un estatus inédito, autonomía, presupuesto, pero sobre todo expande su dimensión: custodiará “papeles viejos” pero además tendrá injerencia en todos los archivos administrativos. “En la norma se ordenó incluso la construcción del edificio; raro que una ley llegue a ese grado de detalle”, me advierte Mejía. El sucesor, César Gaviria, continuó con el ímpetu de Barco: en septiembre de 1992 se inauguró la nueva sede del AGN, diseñada por Rogelio Salmona. Fue una mudanza esperanzadora: de ocupar un espacio en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional, la entidad se apropió de una estructura de 21.000 metros cuadrados. Años después, en 1997, el ex ministro Becerra fue condenado a prisión y el ex presidente Barco fallecía víctima de cáncer. También padecía Alzheimer, mal que causa pérdida de la memoria de largo plazo. Aquellas quijotadas Basta que alguien quiera recordar para que la historia gane otra oportunidad. Así fue como un hombre detuvo un carro que llevaba papeles fundamentales y evitó que los echaran al río Cauca; una antropóloga registró prácticas ancestrales; un coronel recopiló los diarios que pudo desde el siglo XIX; un profesor creó una fundación para la memoria de Antioquia. Esas gestas permitieron que una academia de historia restaurara manuscritos, una universidad salvara una colección privada o una biblioteca recibiera gentes interesadas en escudriñar esas hojas históricas. La verdad era que el patrimonio documental de Colombia no estaba solo en instituciones archivísticas públicas sino disperso entre las manos y los anaqueles de un universo variopinto. De hecho, sonríe Mejía al capturar la imagen: “A punta de directorios telefónicos estuvimos buscando dónde estaban los archivos de este país”. Ella y Palacios Preciado conocían varios esfuerzos personales e institucionales, pero pensaban que aquello no era, no podía ser todo. En una máquina de escribir eléctrica redactaron cartas de invitación para traer a Bogotá a los nombres de esa primera lista e iniciar la red. El Sistema Nacional de Archivos era apenas una quimera. En el camino hubo de todo. “En varias ciudades los archivos fueron destruidos por el mismo gobierno local. Cuando se requería espacio para oficinas se ordenaba desocupar el ‘depósito de papeles’. Muchos archivos municipales y ministeriales se perdieron así”, me cuenta quien fuera entonces director de Colcultura y hoy es rector de la Universidad Eafit en Medellín, Juan Luis Mejía. También hubo que roer el pésimo posicionamiento social del oficio: “Conocí a una encargada que lloraba a lágrima suelta porque la habían enviado al archivo en castigo por un conflicto de intereses políticos”, menciona la ex coordinadora del SNA. En algunos casos se creía que el personal bibliotecario estaba en mejores condiciones; sin embargo, en 2003 el documento Conpes 3222 reveló que “uno de los factores que ha afectado en forma más seria la calidad de los servicios de las bibliotecas públicas es la elevada rotación del personal (…) por razones políticas o administrativas”. Archivos y bibliotecas están regidos por leyes diferentes, pero su devenir siempre ha estado entrelazado; en Colombia hay casos en que la sede de los archivos está en las bibliotecas y viceversa, y juntos constituyen lo que Unesco llamó “sistemas de información y acceso al conocimiento”, esto es, la dinámica para combatir el olvido y proteger las fuentes de memoria, sean primarias o secundarias. Tal vez debido al nexo, el tránsito de profesionales de unas a otras entidades sea una constante, así como sus alegrías y penurias. Margarita Garrido, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, fue parte de un proyecto del AGN en su Cali natal para mejorar los archivos en 42 municipios del Valle. “Logramos que los estantes estuvieran a tantos centímetros del suelo, se instalaron aires acondicionados, control de humedad, capacitamos. Pero lo logramos en apenas cinco sedes. A los archivos les faltan dolientes, pero también hay bibliotecas que dependen de gobernaciones y no tienen dinero. La encargada se ocupa de los libros, del archivo, pero también del Sisbén”. Pese al orgullo con que las altas jerarquías se expresan de la magnífica red nacional de bibliotecas públicas, 2010 fue un año de altibajos. Ana Roda, directora de la Biblioteca Nacional, insistió hasta que se promulgó la Ley 1379 que otorgaba a la red quince mil millones de pesos procedentes del 10% del incremento del IVA a la telefonía móvil. “Cinco meses después”, expone ella, “se introdujo un mico en la ley que eliminó el artículo y nos despojó de recursos importantes para garantizar sostenibilidad y crecimiento”. El dinero habría sido reasignado a Coldeportes. La gran pregunta Trece kilómetros lineales ocupan los documentos en el AGN, desde el siglo XVI hasta 1995. En cada departamento y municipio hay o debe haber su respectivo archivo. “Se puede hablar de 200.000 unidades de información, entre administrativas, eclesiásticas, históricas, notariales, gobernaciones”, calcula Mauricio Tovar. La Biblioteca Piloto de Medellín cuenta 100.000 libros solo en su colección general; la del Valle “Jorge Garcés Borrero”, 110 mil volúmenes; la de Cúcuta “Julio Pérez Ferrero”, 35.000; la del Meta “Eduardo Carranza”, 20.000. Son millones de hojas que ?constituyen el patrimonio colombiano en papel, sobre el cual —en ello hay consenso— se fundamen-?ta parte de la identidad cultural. Pero el término patrimonio no constituye una sumatoria simple, sino elecciones de lo que es “expresión de la nacionalidad colombiana”; así como la memoria personal ataja solo fragmentos de lo vivido, el patrimonio nacional implica la decisión sobre qué es lo que se va a recordar. Es, pues, la voz del poder. “Para mí es la memoria colectiva que legitima el Estado y plantea una gran pregunta: qué se debe conservar, qué es patrimonio”, apunta Juan Luis Mejía, “aunque creo que se han ampliado las agendas, ahora son más incluyentes”. El director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juan Luis Isaza, dijo que en lo concerniente a lo documental y bibliográfico son el AGN y la Biblioteca Nacional las entidades que tienen la palabra sobre qué se debe conservar. En la primera institución, Mauricio Tovar explica que hay un promedio de 20 años entre el momento de producir un documento y su llegada al archivo histórico, “no se guarda todo, el archivista debe seleccionar aún a riesgo de que se pierda información”. En la BN, “todo lo que llega se conserva. No hay temática buena o mala”, explica Myriam Marín, coordinadora de Selección y Adquisiciones de esa institución. “Somos conscientes de que no tenemos todo lo que se publica en el país, y de lo que más carecemos es lo publicado en las regiones. Por eso estamos implementando con las bibliotecas departamentales la aplicación del depósito legal regional”, añade. El espejo en papel En 2011 se cumplen 20 años de la Constitución que reconoció “la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. El hecho dispara otra gran pregunta: ¿cómo refleja el patrimonio documental y bibliográfico existente ese espíritu multicultural? “La del 91 contrastó con la mirada hispánica patente en la Constitución del 86 que veía a los indígenas como un lastre y a los africanos esclavizados muy despectivamente; en aquella lo que no fuera católico, ibérico, castellano, era despreciado”, me explica Diego Herrera, director del Icanh. No obstante, hay voces que notan demorado el proceso. “Por ejemplo, el año pasado hubo celebración por el Bicentenario, pero nosotros no teníamos nada que festejar. Mucha de nuestra historia indígena aún está escondida. Se narra la Independencia a partir de los supuestos héroes, pero ellos no estuvieron solos”, sostiene Hilber Humegé de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Cuando le hago la misma pregunta a Giovanni Córdoba, director del Centro Nacional de Estudios y Documentación de la Culturas Afrocolombianas, cita ejemplos: “La historia colombiana sigue siendo la de un país andino que se liberó del yugo español. Esa inercia va a ser dura de combatir aunque hay esfuerzos para contar la historia afro con una mirada alternativa. Sin embargo, en 2001 se reeditó la Nueva Historia de Colombia”; de los 11 tomos, solo hay nueve páginas dedicadas al tema afro”. Ricardo Quintero, director de la Fundación Caucana de Patrimonio Intelectual señala un vacío: “Existen importantes textos fidedignos relacionados con la historia del Cauca, inexistentes en la mayoría de las bibliotecas”. En la academia reconocen los esfuerzos pero no les parecen contundentes. “Las políticas de conservación documental y bibliográfica han privilegiado la tradición occidental descendiente de lo hispano. Aún después de la Constitución de 1991, las cosas siguen manifestando la misma tendencia”, considera la profesora de la Universidad Industrial de Santander, Ivonne Suárez. “Había la expectativa de que con el nuevo AGN se empezarían a reconstruir esos paneles de historia que habían creado ocultamiento e invisibilización, pero no fue así. En los noventa hubo una explosión de estudios antropológicos pero no pasó igual con los históricos, cuya producción bibliográfica fue menor. Ahí hay una paradoja, porque la antropología da cuenta del presente. Es decir, nos preguntamos por lo contemporáneo pero entonces ¿qué nos pasa con la historia?”, se plantea Luz Adriana Maya, docente de la Universidad de los Andes. Eso era antes Hubo decisiones que descontaron para siempre el contenido del patrimonio documental y su repercusión en el acervo bibliográfico y la memoria del país. Una orden fue firmada por el ministro de Gobierno de la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, para que destruyeran más de 70 folios producidos entre los años cuarenta y cincuenta, con el argumento de que estaban en mal estado. “Eran papeles correspondientes al período de la Violencia”, dice Mauricio Tovar. Él sabe dónde está aquella acta, como supo en su momento que debía salvar documentos sobre resguardos archivados en el Incora. Su advertencia no tuvo eco y al final estos fueron quemados. En oposición a esos riesgos ha habido también un singular sentido de apropiación: “El profesor Medófilo Medina llegó a Santo Tomás a hacer un estudio, y el notario le dijo que los documentos eran suyos y que no se los iba a prestar. Otra notaria, la de Manatí, se llevó parte de los archivos a su finca personal”, me relata el director del Archivo Histórico del Atlántico, Adriano Guerra. Fueron situaciones que la avanzada legislación cultural dictada desde los años noventa buscó erradicar y que durante un rato pareció señalar que la memoria de largo plazo, accesible e incluyente, se entendía como tarea sociocultural más que como simple pasado. Pero, advierte Armando Martínez Garnica, historiador de la UIS, aún se está en la fase difícil: “No se ha superado la simulación social, la farsa de los burócratas. (…) Todavía el cuidado de los archivos no se asocia con la idea de patrimonio nacional, pues la burocracia apenas entiende la tarea como un “chicharrón” (…), con lo cual la ética de la preservación patrimonial no se abre camino en la conciencia de los productores de documentación”. Hace 19 años ya que Myriam Mejía realizó el primer diagnóstico: “No es posible que hoy haya casos graves como los que vimos en 1992. Eso es indigno. Haber construido un ambiente de confianza para el SNA no fue fácil. Recuperar esas dinámicas requiere un esfuerzo que Colombia se merece”. Para la profesora Maya se trata de un problema de sociedad. “Debemos preguntarnos qué pasa con el lugar de la memoria en el proceso político y la construcción de ciudadanía en Colombia. ¿En lugar de poner acento en las políticas de la memoria, lo estamos poniendo en las políticas del olvido?” Es una paradoja como las que ha visto Mauricio Tovar en más de 20 años: así como da fe de las consultas documentales del doctor Barco, no olvida que un secretario del Ministerio de Gobierno afirmó que su función en el AGN la podía cumplir alguien de Servicios Generales, o sea, “el área que se encarga de limpiar los baños”.