Un inmueble en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá terminó adjudicado por 7.600 millones de pesos, 63 por ciento menos que su valor real, en una operación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que ahora está bajo cuestionamiento.
Una denuncia que reposa en la Fiscalía General de la Nación pide investigar las condiciones en que se vendió el predio, el valor fijado para la transacción y las decisiones que permitieron disponer de un activo sometido a medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio.
El caso se concentra en un local ubicado en la carrera 12 n.º 82-61, en el sector de El Retiro, cuya enajenación temprana fue cuestionada por el abogado Carlos Alfredo Real, apoderado de Édgar Beltrán Álvarez, representante de Beltranico S. A. S.
Los cuestionamientos
El abogado acudió a la Fiscalía y pidió examinar la actuación de la SAE, incluida la gestión de su entonces directora, Amelia Pérez Parra, y la intervención de Antonio Mauricio Román, quien firmó la promesa de compraventa en nombre de la entidad.
El primer interrogante está en el precio. Según la denuncia, el inmueble tendría un valor de aproximadamente 20.000 millones de pesos de acuerdo con la zona en la que está ubicado y su potencial comercial; sin embargo, fue adjudicado por la SAE por 7.600 millones de pesos a Promotora Costa Verde S. A. S. La diferencia entre ambas cifras asciende a 12.400 millones de pesos.
El denunciante pide establecer qué avalúo se utilizó, quién lo elaboró y qué estudios de mercado respaldaron la decisión de vender por ese monto un activo administrado por el Estado.
La documentación de la subasta añade otro elemento. El acta de Activos por Colombia registra que la convocatoria se abrió el 30 de septiembre de 2025 a las diez de la mañana y se cerró el 1.º de octubre a las cinco de la tarde. En total, hubo solo 31 horas para presentar ofertas. Además, aparecen dos únicas propuestas: Inversiones Nueva Vida 1 S. A. S., por 7.363.320.000 pesos, y Promotora Costa Verde, por 7.600 millones de pesos.
La puja ganadora quedó registrada a las 4:59:57 p. m. del día de cierre. La escasa cantidad de ofertas y el tiempo disponible plantean preguntas sobre el alcance de la convocatoria, la publicidad del proceso y las condiciones que tuvo el mercado para competir por el inmueble. Pese a los aspectos formales, lo que cuestionan los demandantes es si, quizá, ese negocio ya había sido acordado con anterioridad en medio de una negociación irregular. La Fiscalía deberá investigar y determinarlo.
La Resolución 818 del 4 de octubre de 2024 incluyó el predio entre 32 inmuebles urbanos destinados a enajenación temprana. Ese documento fue firmado durante el gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia señala que el proceso de extinción de dominio no contaba con una decisión judicial definitiva y que el predio no estaba dentro de alguna de las siete causales obligatorias para poderse acoger a la enajenación temprana: bienes perecederos, riesgo ambiental, ruina, deterioro o pérdida; costos de administración desproporcionados, muebles fungibles, casos de expropiación por utilidad pública o inmueble que sea imposible de administrar.
La denuncia solicita que la Fiscalía examine posibles conductas relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otras hipótesis.
SEMANA intentó comunicarse con Amelia Pérez, expresidenta de la entidad y quien aparece relacionada en la denuncia ante la Fiscalía; sin embargo, no fue posible establecer la comunicación. De igual manera, se contactó con la nueva administración de la SAE, que aseguró que está revisando la transacción efectuada durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por ahora lo que se sabe es que el bien objeto de la investigación está ocupado, en proceso de remodelación, y que una marca de lujo podría abrir sus puertas próximamente allí sin tener claridad sobre el panorama jurídico que deberá definir el ente investigador en las próximas semanas.