Política

¿Los datos de los colombianos están en riesgo? Advierten problemas con la nube pública del país

El senador Carlos Eduardo Guevara señaló a Colombia Compra Eficiente de suspender la licitación para adjudicar el contrato para un nuevo acuerdo macro sobre la protección de datos.

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4 de noviembre de 2025, 10:31 a. m.
Estas empresas recolectaron imágenes biométricas del iris (una parte del ojo humano) de millares de personas en el país.
Colombia necesita renovar el acuerdo macro que protege los datos de los ciudadanos. | Foto: Getty Images

La bancada del Partido Mira en el Congreso aseguró que los datos de los colombianos están en riesgo. Esa colectividad aseguró que el país enfrenta un vacío contractual que deja en el aire más de 1.3 billones de pesos y que pone en peligro los servicios digitales de más de 200 entidades públicas.

Esa alarma se debe, según argumenta ese sector político, a la terminación del Acuerdo Marco IV (AM IV) y a los retrasos en la entrada en operación del nuevo Acuerdo Marco V (AM V), los contratos que garantizarían la recolección, monitoreo y protección de la información de los ciudadanos.

La AM IV 100 fue un modelo que contó con la participación de un centenar de entidades vinculadas, 195 instituciones públicas y más de 12.000 empresarios colombianos, de los cuales el 87 % eran pequeñas y medianas empresas. Ese sistema ya finalizó y está en proceso de ser actualizado por el nuevo esquema.

Este establece la infraestructura donde se guardan los datos más sensibles del país, como las historias clínicas, los registros civiles, los trámites en línea o las bases de datos de impuestos. Es decir, una nube pública que no se ve, pero de la que depende la operatividad del Estado.

“Si esa nube falla o se interrumpe, se afecta la salud, la educación, la justicia y el funcionamiento mismo del Estado”, advirtió el senador Carlos Eduardo Guevara.

El Partido Mira convocó a un debate de control sobre la situación de la nube del Estado, al que no llegaron los emisarios del Gobierno, lo que despertó el descontento de los legisladores.

La colectividad advirtió que los retrasos para la adjudicación de ese contrato violan principios esenciales de la contratación estatal, como la planeación, la economía, la transparencia y la libre competencia, la improvisación ha generado incertidumbre jurídica, riesgo de monopolios tecnológicos y una posible parálisis digital del Estado.

Es más, aseguran que tiene en riesgo la soberanía digital del país porque la nube pública es lo que permite que los servicios estén operando para poder aplicar los trámites del Estado.

La Superintendencia de Notariado y Registro maneja, por ejemplo, 7.1 millones de datos. El Ministerio de Salud, a su vez, tiene a su cargo otros tantos millones de datos sobre las compras de medicamentos o la situación de los pacientes. De esa nube pública dependen, incluso, los datos de los estudiantes que son beneficiarios del Icetex o de los programas del Ministerio de Educación.

La renovación del contrato para el acuerdo que protege la nube pública del país está en manos de Colombia Compra Eficiente.