Se agudiza la disputa entre el rector de la Universidad Nacional y Rotorr: la pelea ‘política’ dejó a 140 familias campesinas sin empleo

La Universidad Nacional de Colombia enfrenta una de las crisis más complejas de los últimos años por diferentes factores que han alterado el ambiente interno de la institución, especialmente desde que Leopoldo Múnera asumió la dirección.

Justamente, una pugna entre Múnera y la corporación Rotorr, institución perteneciente a la Universidad Nacional, que en principio parecía un asunto administrativo, se ha tornado tan fuerte que ha minado drásticamente el desarrollo de importantes proyectos conjuntos que tienen como principales actores a campesinos, excombatientes y estudiantes de escasos recursos.

El choque estalló esta semana, cuando Rotorr responsabilizó directamente al rector Múnera por las decisiones que llevaron a la suspensión de proyectos rurales y al retiro de sus delegados del consejo directivo. El comunicado emitido por Rotor y firmado por Jaime Alonso Restrepo, director ejecutivo de esa entidad, fue tajante: “Es el Estado el que pierde”.

La consecuencia inmediata es la más dolorosa: 140 familias campesinas, entre ellas víctimas del conflicto armado y excombatientes en proceso de reincorporación, quedaron sin empleo.

Los afectados trabajaban en cinco laboratorios de paz que operaban en distintas regiones del país. Estos espacios, desarrollados en alianza con la Unidad para las Víctimas, buscaban garantizar medios de vida sostenibles y dar continuidad a la reintegración social. Hoy, las plantaciones están abandonadas y las comunidades quedaron a la deriva. “La pelea jurídica llegó al campo y se llevó por delante a quienes menos podían resistir otro golpe”, aseguró Diego Torres, profesor de la Universidad Nacional.

En el centro de la disputa está la visión del rector Múnera, quien insiste en que la corporación representa un riesgo de privatización para la universidad. Bajo ese argumento, ha promovido acciones judiciales para disolverla y revocó a los representantes que tenía en su dirección.

Rotorr, por su parte, defiende que tanto la universidad como la corporación son entidades públicas y que el modelo bajo derecho privado fue diseñado para agilizar la contratación y proteger proyectos de innovación.

El fuego cruzado también alcanzó a los estudiantes. Según la corporación, varias dependencias dejaron de aplicar a recursos del Fondo de Apoyo Estudiantil (FAE) por temor a represalias de la rectoría. Este fondo es clave para garantizar matrícula, alimentación y transporte a cientos de jóvenes de bajos recursos. “Politizar el bienestar de los estudiantes es una línea que nunca se debió cruzar”, advirtió Rotorr en su comunicado.

El trasfondo es más profundo: dos visiones del Estado y de la academia se enfrentan. Una que confía en alianzas flexibles con entidades mixtas y otra que exige un control centralizado, aun si eso significa sacrificar rapidez en la gestión. Mientras tanto, campesinos, excombatientes y estudiantes pagan el precio de un pulso político que ha dejado a la principal universidad pública del país en el ojo del huracán.

Finalmente, Restrepo aseguró que la agenda de la rectoría de la Nacional se había vuelto eminentemente política y que Múnera estaba permitiendo la intervención de políticos “afines a su ideología” en temas internos, lo que ha empeorado la situación.

“En la Universidad se ha dejado de hablar de academia o pasó a un segundo plano de importancia, y hoy la agenda de la Rectoría es política, no contento con la atomización de acciones judiciales estériles en contra de Rotorr, las actuaciones del rector se han trasladado al plano de lo político”, aseguró Restrepo.

Y siguió: “Situación por la cual, curiosamente, políticos reconocidos afines a su ideología se han involucrado en esta controversia, y a nuestro juicio, sin competencia alguna, han requerido la misma información que solicitó el CSU, induciendo el rector, a nuestro parecer, la vulneración de la autonomía universitaria”.