Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda | Foto: Dinero

NACIÓN

Las polémicas visitas al ministro Alberto Carrasquilla

El Poder presenta los resultados de una investigación realizada por el Instituto Anticorrupción y la respuesta de la cartera.

22 de abril de 2020

El Poder tuvo acceso a una investigación realizada por el Instituto Anticorrupción. En ella se logran ver los centenares de personas que entran a ver a los diferentes ministros o ministras y directores de instituciones del Estado. El primer caso presentado es el d el Ministerio de Hacienda a cargo de Alberto Carrasquilla.

La investigación muestra cómo personas condenadas por parapolítica o salpicados por escándalos de corrupción han visitado al ministro. Por ejemplo, Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica, entró varias veces, acompañado de su hijo, el hoy representante a la Cámara por el departamento del Magdalena. También se registran las entradas de Juan Manuel López Cabrales, quien fue condenado por parapolítica. De hecho, en una de sus entradas aparece en la agenda como “Juancho” López. López Cabrales entró con su esposa Arleth Casado, hoy concejal de Montería, quien ha sido mencionada en el escándalo de Odebrecht.  

Otras personas que ingresaron de forma recurrente son Mario Aranguren, Piedad Zuccardi, Luis Eduardo Vives Lacouture, entre otros. Las preguntas centrales de la investigación son: por qué entraron, a qué entraron, quiénes se reunieron con ellos y que salió de esas reuniones.

El Poder, igualmente, buscó a los implicados y la versión del Ministro de Hacienda. El ministerio, a través de su secretario privado, manifestó que en sus casi dos años de ejercicio público el ministro se ha reunido con más de 1.000 personas y que “si bien es posible que algunos tengan antecedentes, hoy se encuentran en libertad porque su situación ha sido juzgada y han sido absueltos, o sus penas surtidas y su situación judicial redimida”.

Según el Instituto Anticorrupción, el ministro Carrasquilla debe aclarar pormenorizadamente estas reuniones y, según ellos, situaciones como esta muestran la necesidad de regular el lobby o la gestión de intereses en Colombia.