| Foto: JUAN CARLOS SIERRA.- semana

NACIÓN

Aníbal Gaviria seguirá con detención domiciliaria

Lo decidió la Corte Suprema de Justicia al estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento que le impuso la Fiscalía el pasado 5 de junio.

15 de julio de 2020

Luego de estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento que impuso la Fiscalía al suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la misma bajo las condiciones que le había impuesto el ente acusador: prisión domiciliaria.

La Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal argumentó que el defensor de Gaviria “no logró demostrar la violación de garantía alguna ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas”, argumentó la Corte en un comunicado conocido este miércoles.

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Dicha medida de aseguramiento había sido impuesta por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 5 de junio. La defensa del gobernador, quien desde entonces permanece en condición de prisión domiciliaria, le había solicitado al tribunal estudiar los argumentos de la Fiscalía.

Con esto, la Fiscalía y el fiscal general Francisco Barbosa reciben un espaldarazo de la Corte Suprema que, al final, les dio la razón. La decisión, en todo caso, no tiene ningún recurso y ahora el proceso quedará en manos del ente acusador.

De hecho, el propio procurador, Fernando Carrillo, intercedió por Gaviria en este caso y le solicitó a la Corte tumbar la medida de aseguramiento, explicando que la Fiscalía “no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las víctimas”.

Es de recordar que Aníbal Gaviria está siendo investigado por el ente acusador por hechos ocurridos en 2005, cuando ejercía como gobernador de Antioquia durante su primer mandato (2004-2007). Particularmente, los hechos tienen que ver con un contrato por 41 mil millones de pesos para pavimentar un tramo de la Troncal la Paz.