NACIÓN

La preocupación de los médicos por el pago de sus consultorios a inmobiliarias

El Colegio Médico de Cundinamarca le pidió al Gobierno que aclare si los consultorios están incluidos en el decreto que estableció condiciones especiales para los locales comerciales arrendados en medio de la pandemia.

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30 de junio de 2020 a las 9:25 a. m.
Foto: AP Newsroom

La pandemia ha tenido efectos devastadores sobre el comercio. Son cientos los locales que han debido cerrar por la falta de ventas que, se explica, tanto por el cierre de la gran mayoría durante la cuarentena, como por la caída en los ingresos de quienes fueran sus clientes. El gremio de la salud no ha sido la excepción, ya que salvo los que trabajan en lo relacionado directamente con el coronavirus, psiquiatras, dermatólogos, cirujanos y otros, han tenido que cerrar sus puertas.

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Leonardo García Rojas, representante legal del Colegio Médico de Cundinamarca, le envió un derecho de petición al presidente Iván Duque y al Ministerio de Industria y Comercio, para que aclaren si los consultorios médicos están incluidos en el decreto 637 que estableció “medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales en el marco del estado de emergencia”. En caso de que no, le solicitó al Gobierno que expida la normatividad para que así sea.  En concreto piden que la inmobiliaria no cobre penalidad.

“Hay tres razones fundamentales: la mayoría son mayores de 65 años que tienen comorbilidades, atienden pacientes de la misma edad y con comorbilidades. Finalmente, las instalaciones locativas de los consultorios no son las óptimas para funcionar durante el coronavirus”, le explicó el profesional a Semana Noticias.

Dadas las circunstancias, algunos profesionales han tenido o tendrán que terminar de manera unilateral los contratos de arrendamiento. García Rojas y los demás integrantes del Colegio Médico de Cundinamarca piden que “no se haga efectiva la cláusula penal”, solamente durante la emergencia sanitaria prorrogada por la resolución 844 del 26 de mayo.

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Lo anterior, dice García Rojas, sería posible porque el decreto establece que quienes arriendan deben quedar al día en todas las cuentas y cancelar el 30 por ciento de dicha cláusula penal, para cancelar el contrato. El derecho de petición fue radicado el 26 de junio y hasta el momento, no hay una respuesta por parte del Gobierno nacional.