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| 3/26/2020 8:20:00 PM

Corte Constitucional toma primeras medidas para afrontar crisis del covid-19

Los responsables de las URI y estaciones de Policía tendrán un plazo no mayor de ocho días para garantizar que las personas privadas de la libertad tengan acceso a servicios sanitarios.

Corte Constitucional toma primeras medidas para afrontar crisis del covid-19 Corte Constitucional toma primeras medidas para afrontar crisis del covid-19

La Corte Constitucional, que viene sesionando vía virtual debido a la cuarentena decretada por el Gobierno, adoptó las primeras medidas para proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.

Se trata de medidas de salubridad básicas para prevenir el riesgo de contagio, a la luz de las cuales quedó al descubierto el nivel de hacinamiento por el que atraviesan este tipo de centros de reclusión transitoria.

En su decisión, el alto tribunal entregó un informe detallado del estado de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), así como de las estaciones de Policía que se encuentran en 22 departamentos de Colombia. El reporte final da cuenta de una cifra alarmante: el nivel de hacinamiento en dichos centros asciende al 132,12 %.

En tal sentido, la Corte señaló en su primer auto para afrontar la crisis del coronavirus que es urgente tomar decisiones inmediatas tendientes a prevenir cualquier riesgo de contagio masivo. Así las cosas, las autoridades locales y nacionales tendrán que comenzar por identificar a los capturados.

Además, la Corte Constitucional dijo que las instituciones encargadas de responder por esta crisis, con el Ministerio de Justicia a la cabeza, tendrán un plazo no mayor de 8 días para garantizar que las personas privadas de la libertad en las URI y las estaciones de Policía tengan acceso a servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria y agua potable de manera permanente. Particularmente porque según la información aportada por la Policía a la Corte Constitucional, las personas detenidas en estos centros permanecen entre uno y 14 meses hasta que son trasladadas a los centros carcelarios o penitenciarios.

En otro aparte de las medidas también se ordena a la Uspec y al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que en el término de 8 días diseñen y adopten un protocolo de atención en salud en los Centros de Detención Transitoria (Uris) y estaciones de Policía de todo el país.

Decisión dividida

La decisión que adoptó la Corte este jueves sobre la protección de los derechos fundamentales de quienes se encuentran en los centros de detención transitoria generó división en la Sala Plena. Tres magistrados Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo salvaron el voto por considerar que las medidas adoptadas por el tribunal son “inoportunas” e “inconvenientes”.

Los tres togados argumentaron que se trata de tutelas (10 en total) interpuestas con varios meses de anterioridad a que se produjera la emergencia por el virus covid-19. “(Están) relacionadas con supuestos fácticos que en su conjunto la Corte ha considerado desde hace más de 20 años constitutivos de un problema estructural y que el Estado aún no ha podido superar”. Efectivamente, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado con antelación acerca del preocupante estado de hacinamiento en el que se encuentran no solo estos centros de detención, sino las distintas cárceles del país, al punto que ha advertido que hay una violación flagrante de derechos fundamentales.

“Impertinentes dicen los magistrados Guerrero, Linares y Lizarazo porque no tienen por objeto proteger provisionalmente los derechos alegados por los accionantes frente a los supuestos que les sirvieron de fundamento, sino enfrentar la amenaza de propagación del covid-19, justo en momentos en que el ministro de Salud declaró el estado de emergencia sanitaria y en virtud de la misma adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar su propagación”.

Además, dicen los magistrados que no acompañaron la decisión, el Gobierno nacional también decretó, por 30 días, el estado de emergencia económica, razón por la cual “la intervención de la Corte no solo resulta ajena a la problemática planteada por los accionantes, sino que invade la órbita de competencia de las autoridades responsables del manejo de la emergencia sanitaria”. Así las cosas, las medidas adoptadas esta noche son inocuas, argumentan en sus reparos, pues ya las autoridades del ámbito nacional, regional y local están tomando medidas “sin necesidad de orden alguna”.

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