NACIÓN

En medio del covid -19, médicos denuncian despidos y amenazas

Según la Federación Médica Colombiana, en el río revuelto de la pandemia se utilizan las amenazas para doblegar al personal de la salud del país.

8 de abril de 2020

El gremio de los trabajadores de la salud liderado por la Federación Médica Colombiana reclamó al Gobierno nacional garantías para poder ejercer su trabajo durante la lucha contra el nuevo coronavirus, pero además hacen una denuncia: aseguran que su labor se está viendo limitada por temas burocráticos en los que no se están priorizando la vida de los colombianos, la estabilidad laboral, ni las normas de bioseguridad de los empleados del sector.

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, manifestó que en una encuesta realizada a cerca de 1.000 trabajadores de la salud, la mayoría de ellos médicos, indicaron que se están presentando despidos, amenazas y tipos de contrato lesivos cada vez que hacen criticas a los protocolos “pobres” que se están realizando para detectar y diagnosticar el covid – 19.

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Según varias denuncias, la centralización de información está generando constreñimiento de la autonomía médica debido a que los profesionales no pueden, en diferentes oportunidades, diagnosticar el covid- 19 por cuenta de lo que establece el protocolo, lo que frena las investigaciones ya que el comportamiento del virus en todas las personas puede ser diferente.

En una de las denuncias anónimas que hizo pública el doctor Isaza, recogió lo que dice un colega: “Denuncio que en mi lugar de trabajo, coaccionan y estigmatizan; nos dicen que promovemos el terrorismo”. Según ellos, no pueden dar recomendaciones científicas, no pueden hablar de la escasez de los elementos de bioprotección, ni de las faltas de garantías laborales, ni siquiera con sus compañeros porque, si descubren quién lo hace, podrían quedar sin empleo o desmejorarle sus condiciones laborales.

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Otra de sus  preocupaciones radica en que este personal teme enfermarse del covid -19 y su intranquilidad va más allá del contagio de la enfermedad, pero también su angustia también es económica.

Cuando un médico o un enfermero presenta síntomas de covid -19 tiene que ser apartado de su cargo y cumplir la cuarentena como dice la ley. Hasta ahí ningún inconveniente. El viacrucis de ellos empieza cuando nadie responde por el pago de su incapacidad: por orden del Gobierno nacional, esta debería ser una obligación de la ARL, y ahí se encuentra la primera traba.

Para que la ARL reconozca esto como un tema laboral tiene que esperar los resultados y que den positivos (no en todos los casos hay ARL que no reconocen el covid -19 como enfermedad laboral). Los resultados salen varios días después, y si son negativos el trabajador tiene que ir a cobrarle a la EPS. Según el doctor Virgil Carballo, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ahí está la segunda traba. Aunque el aislamiento obligatorio es de 14 días, así el resultado sea negativo para covid -19, algunas EPS estarían diciendo que si está sano podría trabajar desde otra aérea en el centro hospitalario, algo que no está acorde con la realidad.

En algunas oportunidades, quien termina pagando la incapacidad del médico es el hospital o centro de salud para el que trabaja, restándole recursos que se podrían destinar a la atención del paciente y para mejoras en elementos de bioseguridad para el personal. Pero más preocupante aún es que varios de los médicos, bacteriólogos, enfermeros, terapeutas entre otros tiene contrato por prestación de servicios, lo que quiere decir que deja de recibir pago durante 14 días. En las denuncias realizadas relatan que hay profesionales de la salud que llevan 8 meses sin recibir salarios.

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Por otra parte, están las denuncias que hacen los estudiantes de último semestre que están como internos o residentes en centros hospitalarios. Según el protocolo, ellos solo estarían atendiendo a los pacientes en el triage, pero algunos se ven obligados a atender en las salas de urgencias sin protección suficiente de bioseguridad.

Con preocupación manifiestan que si llegan a adquirir el virus, la ARL no los cubre por el tipo de contrato estudiantil que tienen ni tampoco está claro si se responsabiliza la universidad o al hospital en donde están prestando su servicio.

Desde la Federación hacen un llamado al Ministerio de Trabajo para que ordene la prohibición de despidos y  el desmejoramiento de contratos a través de una circular, y le recuerdan que sin personal médico suficiente y bien  remunerado será más difícil combatir la epidemia. “Nos estamos quedando sin armar”, indicó Isaza.