Vuelve al Congreso la posibilidad del voto militar en Colombia

Una vez más, la propuesta de permitir el voto para los integrantes de la Fuerza Pública llegó al Congreso y desde marzo, cuando se retomen las sesiones ordinarias, iniciará su socializaciión y posterior discusión en comisiones y plenarias.

Aunque en un principio la propuesta fue puesta sobre la mesa por el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro, el tema quedó en el aire y el senador de Colombia Justa Libres Édgar Palacio se le adelantó y radicó una reforma constitucional para hacer las modiciaciones necesarias y permitir, si se llegara a aprobar la iniciativa, que los integrantes de la Fuerza Pública puedan acudir a las urnas.

La reforma, que fue radicada este jueves en la secretaría general del Senado, tiene un solo artículo, que en caso de aprobación total de los debates haría una modificación al inciso 2 del artículo 219 de la Constitución Política, quedando de la siguente manera: "Los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho. No les está permitido es intervenir en activiDades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo".

Esto quiere decir que, eventualmente, los uniformados podrían votar por los candidatos de sus preferencias, pero no podrían participar en diversas actividades políticas. "Tenemos unos ciudadanos que no tienen ese derecho fundamental y por eso es importante que ellos puedan acudir a las urnas, queremos hacer ajustes porque el derecho al voto es fundamental y no puede estar prohibido para absolutamente nadie", dijo el senador Palacio.

La polémica por este tipo de proyectos no es nueva, ya que en 2016 el senador Roy Barreras radicó una reforma en el mismo sentido, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc, al considerar que era necesaria una transcición para que los militares acudieran a las urnas. Su idea naufragó rapidamente. Lo cierto es que esa prohibición lleva más de 80 años en Colombia y pocos sectores apoyan ese cambio constitucional.

Por tratarse de un acto legislativo, la iniciativa deberá superar ocho debates para ser aprobada en su totalidad. Se desconoce si tendrá el respaldo político necesario para mantenerse viva durante más de un año que durará su tránsito entre comisiones y plenarias.