Estos proyectos ambientales esperan debate en la nueva legislatura

Trazabilidad de la carne, protección de la palma de cera, participación ciudadana en contextos extractivos, regulación del uso de animales en protestas y prohibición de la pólvora, estas son algunas de las iniciativas ambientales presentadas al Congreso y que tras el fiasco en la ratificación del acuerdo de Escazú, esperan algo de buena voluntad por parte del legislativo. “Cada uno de estos proyectos tiene un objetivo específico para avanzar en la construcción de un país incluyente, seguro para los líderes sociales y justo con el ambiente y los animales. Con el proyecto de trazabilidad de carne, por ejemplo, proponemos actualizar el sistema ya existente que está centrado en asuntos sanitarios para evitar que se sigan deforestando amplias zonas de bosque en el país con el fin de ampliar la frontera ganadera”, manifestó, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el partido Liberal.Colombia es el país de la palma de cera, sin embargo, las plantaciones de estos árboles, ubicadas principalmente en departamentos como el Quindío, se están reduciendo considerablemente por cuenta de la ampliación de la frontera agrícola.La iniciativa presentada por Losada le otorga herramientas al Estado y a las comunidades para conservar y proteger los bosques de palma de cera, y las diferentes especies que lo componen, atendiendo a su relevancia ecosistémica.Respecto al proyecto de participación en contextos extractivos, el representante señaló que éste busca darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional SU-095 de 2018, que exhortó al Congreso a expedir una norma que garantice el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables del país.Con respecto a este tema también hay una iniciativa del senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, denominado Democracia Ambiental, construido con el Movimiento Nacional Ambiental, que también busca regular la participación de la ciudadanía afectada y potencialmente impactada por proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.“Este proyecto cumple con las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia que ordena al Congreso expedir una norma que garantice estos mecanismos de participación de la ciudadanía frente a proyectos mineros y de hidrocarburos”, explicó Sanguino.La iniciativa es también, según el congresista, una oportunidad para que el país establezca mecanismos que permitan solucionar conflictos ambientales y avanzar en el desarrollo de los principios base del Acuerdo de Escazú.Recordó que según al Atlas de Justicia Ambiental, a julio de 2020 se habían presentado 2.743 conflictos ambientales por deforestación por efectos del modelo extractivista y por la delimitación de páramos, entre otros. El objetivo de esta iniciativa, según Sanguino, es que en el país se puedan implementar estrategias que permitan que todos los actores trabajen en defensa de los territorios.Según Losada, con respecto a las iniciativas relacionadas con protección animal, una buscará prohibir el uso de animales, principalmente caninos y equinos, para mantener y restablecer el orden público y la otra actualizará las normas existentes sobre espectáculos pirotécnicos y uso de pólvora para evitar afectaciones ambientales e impacto en la salud de los animales.“La pólvora afecta seriamente a los animales de compañía, a las aves migratorias, a la fauna nativa, contamina el aire y las fuentes hídricas. Es necesario regular su uso y tener en cuenta estas afectaciones, además de las que ya se encuentran reguladas por la ley”, aseguró el congresista.Finalmente, el representante agregó que gran parte de sus proyectos han sido construidos de manera colectiva con la sociedad, la academia y organizaciones sociales. “Son iniciativas que trabajamos de la mano con movimientos, organizaciones, expertos y líderes ambientales buscando la defensa de los recursos y la biodiversidad de nuestro país”.Los que se han anunciadoPor el lado del Gobierno, a través del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, se informó que en las próximas semanas de radicará ante el legislativo un proyecto de ley que elevará a rango legal las metas sobre reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático.Estas metas fueron anunciadas en diciembre de 2020 en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y están consignadas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), la hoja de ruta a través de la cual el país pretende alcanzarlas.Este proyecto, conocido como Ley del Clima, busca establecer la ejecución de acciones y esquemas de articulación que le permitirán al país continuar avanzando hacia sus metas de mediano y largo plazo, entre las que se encuentran reducir en un 51 % las emisiones de GEI al año 2030, disminuir las emisiones de carbono negro en un 40 % respecto del 2014 y alcanzar la carbono-neutralidad al 2050, entre otras, según informó el jefe de la cartera ambiental.Correa también se comprometió a que en esta nueva legislatura presentarán nuevamente el proyecto que busca la aprobación para ratificar el Acuerdo de Escazú, una iniciativa que fue radicada el 20 de julio del 2020 con mensaje de urgencia, pero que nunca se debatió.Frente a este tema, el funcionario dijo que realizarán circuitos pedagógicos en las regiones con el fin de dar a conocer con mayor detalle los alcances de este convenio regional.