La Contraloría General de la República le pidió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) explicar con detalle la decisión de cancelar el proyecto de fibra óptica para la Amazonía. El organismo de control quiere conocer el estado de la iniciativa, sus avances y las consecuencias que tendrá la determinación sobre los recursos públicos.
El requerimiento fue enviado a la ministra Alexandra Falla después de que el Ministerio anunciara el 18 de agosto la cancelación de la licitación correspondiente al proyecto del cable de fibra óptica Putumayo.
La Contraloría ya venía haciendo seguimiento
En el documento, la Contraloría recordó que había informado al Gobierno entrante sobre la importancia de la iniciativa para la región.
Según el organismo de control, durante las mesas técnicas con la nueva administración se puso de presente “la especial relevancia del proyecto denominado ‘Fibra Óptica de la Amazonía’”, debido a su importancia para la conectividad y la reducción de la brecha digital.
La entidad agregó que ha venido haciendo seguimiento a la iniciativa y que ese trabajo contempla aspectos relacionados con “su alcance, nivel de ejecución, cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y gestión de los recursos públicos destinados a su desarrollo”.
Por eso, ahora solicitó al MinTIC entregar información actualizada sobre el proyecto.
Contraloría pide revelar cuánto había avanzado
Uno de los requerimientos busca determinar qué tanto se había desarrollado la iniciativa antes de que el Ministerio anunciara su cancelación.
La Contraloría pidió establecer la etapa y el porcentaje de avance de la planeación y los estudios previos, la gestión financiera y presupuestal, la mitigación de riesgos y la justificación técnica, además del costo de oportunidad y el impacto socioeconómico.
La entidad explicó que necesita información “oficial, actualizada y debidamente soportada” que permita conocer de manera integral el estado del proyecto, incluidos sus avances, dificultades, riesgos y compromisos pendientes.
La pregunta central está en la palabra “cancelado”
El organismo de control también puso el foco sobre la expresión utilizada por el MinTIC en su comunicado. La Contraloría considera necesario conocer “con suficiencia y precisión, el alcance jurídico, técnico, contractual, presupuestal y financiero de la decisión anunciada”.
Por eso, pidió aclarar si la palabra “cancelado” corresponde realmente a una terminación definitiva o si se trata de una suspensión, desistimiento, reformulación, modificación del alcance, terminación de instrumentos contractuales o sustitución por una nueva iniciativa.
Además, solicitó identificar el documento jurídico mediante el cual se formalizó la decisión, junto con su fecha, la autoridad que la tomó y sus fundamentos.
¿Qué pasará con lo que ya se había hecho?
La Contraloría también quiere establecer qué ocurrió con las actuaciones realizadas antes de la cancelación.
En el oficio pidió al Ministerio informar “los efectos derivados de la decisión respecto de las actuaciones y avances previamente ejecutados”, así como el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales.
La respuesta permitirá determinar qué ocurrió con los trabajos adelantados y qué sucederá con los recursos vinculados al proyecto.
El proyecto había aumentado su valor
El MinTIC informó, al anunciar la cancelación, que la iniciativa había sido diseñada inicialmente por $683.000 millones, según el Conpes 4167 de 2025.
Posteriormente, el valor aumentó un 67,1 %, hasta llegar a $1,14 billones, de acuerdo con el Conpes 4195 de 2026. Las vigencias futuras fueron autorizadas el 4 de agosto.
El Ministerio justificó su decisión señalando que encontró “incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva”.
Ahora, la Contraloría busca conocer los documentos y análisis que sustentaron esas conclusiones.
El organismo de control no afirma en su oficio que la cancelación sea irregular. Su solicitud está orientada a determinar cómo se tomó la decisión, qué significa jurídicamente y cuáles son sus efectos sobre el proyecto y los recursos públicos.