Fundesarrollo, CESORE y Atarraya (tres centros de pensamiento de la región Caribe) publicaron una cartilla de diagnóstico sobre once frentes críticos para el desarrollo de la costa colombiana, junto con propuestas dirigidas al próximo gobierno nacional.
El documento llega en medio del debate electoral sobre las prioridades que deberá asumir la nueva administración a partir de 2026 y plantea que ninguna agenda de país puede ignorar las particularidades del Caribe.
El primer eje aborda la seguridad. Según el informe, delitos como el homicidio y la extorsión han ampliado su presencia en distintos territorios de la región, impactando cada vez más a pequeños comerciantes y transportadores. Este fenómeno ocurre en un contexto marcado por la expansión de economías ilegales, la concentración de varias estructuras criminales y las limitaciones institucionales para hacerles frente.
En materia social, de acuerdo con el informe, la región Caribe concentra cerca del 22 % de la población colombiana, pero reúne el 41 % de las personas en condición de pobreza multidimensional del país. Esto evidencia tanto una deuda social como una limitación estructural. En cuanto a los principales retos en esta cuestión se mencionan los altos niveles de analfabetismo, el rezago escolar y el déficit de vivienda digna.
Por otro lado, el sistema de salud regional también enfrenta una crisis estructural.
Más del 60 % de la población caribeña pertenece al régimen subsidiado, lo que genera una dependencia casi total de las transferencias nacionales. A esto se suma que la cobertura de aseguramiento, que llegó a ser casi del 100 % en 2015, descendió a 98,23 % en enero de 2026, dejando a poco más de un millón de colombianos fuera del sistema.
En educación, la brecha más visible está en el acceso a la universidad: la cobertura en educación superior alcanza el 32 % a nivel nacional, pero apenas el 22 % en el Caribe. El informe también señala las constantes barreras para que las mujeres accedan a carreras STEM y un deterioro de la salud mental escolar.
Sobre el mercado laboral, el informe explica que durante el tercer trimestre de 2025 las capitales caribeñas registraron cerca de 230 mil personas desocupadas y una tasa de desempleo del 10 %, un punto por encima del promedio nacional.
La informalidad, con un promedio del 56 % y hasta del 68 % en algunas ciudades, sigue siendo el mecanismo que más empleo genera. Entre los jóvenes el panorama es más crítico, pues más de la mitad de los que trabajan en las capitales lo hace de manera informal, mientras que la ocupación femenina juvenil es 1,4 veces menor que la masculina.
El documento también aborda el sector energético, donde la región concentra el 27 % del consumo nacional de electricidad, pero enfrenta niveles de pobreza energética cercanos al 74% en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Los capítulos restantes (infraestructura, medioambiente, transición demográfica y transparencia) completan un diagnóstico que argumenta que el Caribe no es una sola región, sino varias realidades distintas según el departamento, y eso exige políticas diferentes para cada una.
Entre las soluciones propuestas están un pacto por la educación del Caribe, un plan de choque de 100 días para el sistema de salud, la creación de unidades subregionales de estructuración de proyectos y la implementación de pliegos tipo territoriales para reducir la discrecionalidad en la contratación pública.
Esta cartilla no tiene como único propósito diagnosticar, sino aportar insumos técnicos a la discusión pública previa a la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.