Varios son los frentes en los que las empresas se han tenido que mover en medio de la turbulencia penal y de cumplimiento. Estas situaciones, a juicio de Andrés Jiménez, socio de Riveros Bazzani Abogados, va desde los riesgos derivados del posconflicto –o de situaciones más recientes, por ejemplo, en materia de extorsiones y los programas de compliance– hasta los asuntos de penal tributario y la aplicación del derecho penal en las disputas societarias.
“Con los riesgos actuales de las firmas en zonas de orden público deteriorado, muchas empresas están siendo víctimas de extorsiones y esta situación les demanda una mayor atención por cuenta de sus programas de compliance”, dice Jiménez.
Como advierte Fabio Humar, socio de Fabio Humar Abogados, la reciente sentencia de Chiquita Brands dejó una lección clave: no denunciar es ser cómplice de las actividades delincuenciales. “Ante la duda, la denuncia es el camino. Los programas de cumplimiento, cuando son bien estructurados y ejecutados, son esenciales para la defensa corporativa”.
Cuando una empresa es víctima de extorsión, enfrenta un escenario jurídico complejo. Los pagos que realiza bajo amenaza pueden ser interpretados como aportes a la financiación de grupos ilegales. “No obstante, el derecho penal reconoce distintas figuras jurídicas de defensa, como lo son el estado de necesidad o la insuperable coacción ajena”, explican Juan Diego Melo y Pablo Suárez, de Scola Abogados.
A esta situación se suman los riesgos derivados del posconflicto, pues hay compañías acusadas de haber financiado grupos paramilitares, dice Jiménez, “sin que tengan derecho a conocer o contradecir dichas versiones antes que se hagan públicas, con los respectivos daños legales y reputacionales que ello les puede causar”.
En materia de impuestos, las inquietudes van en aumento. Humar señala que se ha visto un incremento en estos casos cercano al 300 por ciento en su firma. “Es una mala práctica legal que la Fiscalía cobre impuestos que la Dian ha dejado sin cobrar por desidia. Es la criminalización de una deuda”.
Jiménez señala que la Dian está utilizando a la Fiscalía para cobrar impuestos pendientes “y aún hay empresas que no son conscientes de los riesgos penales que acarrea el no pagar impuestos”.
De otra parte, Jiménez destaca el incremento en el uso del derecho penal en los conflictos societarios. “En los dos últimos años hemos tenido un aumento de clientes que llegan con asuntos vinculados a administraciones desleales, desvíos de recursos sin autorización, falsedades, fraudes financieros, entre otros asuntos que van más allá de lo que se puede resolver en un tribunal de arbitramento o en la jurisdicción civil”.
Finalmente, hay expectativa por las sanciones que se puedan dar de un proceso de descertificación de Estados Unidos a Colombia. El presidente Trump ha catalogado el problema de las drogas como una amenaza a su seguridad nacional. Con base en ello, dice Jiménez, ha adoptado múltiples sanciones económicas bajo Ley IEEPA a países como México, Canadá y China. Esas sanciones se han materializado en el aumento de aranceles. Y agrega que otra sanción bajo esa ley es la inclusión de funcionarios estatales en la lista Ofac.
Para los abogados de Scola, la descertificación implicaría restricciones en el acceso al sistema financiero global, mayores exigencias de compliance para las operaciones transfronterizas y un incremento en los costos de transacción, pues contrapartes colombianas serían vistas con mayor riesgo.