Las importaciones de maíz en Colombia siguen en ascenso y están encendiendo alertas en el sector agrícola.
El más reciente análisis de la Fenalce evidencia un incremento significativo, especialmente en el maíz blanco, cuyas compras externas crecieron 411 % entre enero de 2025 y enero de 2026, al pasar de 6.008 a 30.701 toneladas.
El comportamiento del maíz amarillo también muestra una tendencia al alza, aunque más moderada: las importaciones aumentaron 20,4 % en el mismo periodo, al pasar de 600.644 a 723.342 toneladas. Este cereal es clave para la cadena productiva, especialmente en la industria de alimentos balanceados.
Para Arnulfo Trujillo, gerente general del gremio, este fenómeno responde en gran medida a condiciones internacionales favorables para las compras externas.
Entre ellas, menciona la caída de los precios internacionales y una tasa de cambio estable en niveles cercanos a los $3.600–$3.700, factores que han hecho más competitivas las importaciones frente a la producción local.
Sin embargo, ese mismo contexto está generando presión sobre los productores nacionales. Según Fenalce, el ingreso de grano importado a menor costo está impactando los precios internos y reduciendo la competitividad de cultivos como maíz, soya, fríjol y sorgo.
Esto ocurre en un escenario donde la demanda de cereales sigue creciendo, lo que refuerza la dependencia del país de las importaciones para abastecer el consumo.
El tema ya empezó a escalar a nivel institucional. A comienzos de abril, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lideró una mesa técnica interinstitucional, solicitada por Fenalce, para analizar la situación del sector. En este espacio participaron entidades como el Ministerio de Comercio, el ICA, el Invima y Finagro, entre otras.
Durante la jornada, se discutieron variables clave como precios, áreas sembradas, niveles de producción, calidad del grano y los efectos de los tratados comerciales.
El gremio también presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la producción nacional, entre ellas el impulso a asociaciones de pequeños productores, la creación de bancos de maquinaria agrícola, el desarrollo de infraestructura de almacenamiento y la implementación de instrumentos de cobertura de precios.
Adicionalmente, se plantearon medidas como líneas especiales de crédito, incentivos al seguro agropecuario y el diseño de estrategias para financiar la compra de cosecha nacional, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones.
Para Trujillo, el reto es avanzar hacia una estrategia articulada que proteja a los agricultores y garantice la soberanía alimentaria. En ese sentido, el aumento de las importaciones no solo refleja condiciones de mercado, sino también un desafío estructural para el agro colombiano.
El consenso entre los actores del sector es claro, sin medidas que impulsen la producción local, la brecha frente a los mercados internacionales podría seguir ampliándose.