No es un secreto que el principal desafío para el recién posesionado presidente Abelardo De La Espriella, por lo menos en el frente económico, es el deterioro de las finanzas públicas.
Ya el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha señalado que estima que el país requerirá un ajuste en el manejo de las finanzas de entre 4 y 5 puntos del producto interno bruto (PIB) para estabilizar la deuda y recuperar una senda sostenible. Para el organismo, la situación es consecuencia del crecimiento del gasto público, el bajo dinamismo de los ingresos estructurales y la sobrestimación de los recaudos tributarios en los últimos años.
Desde Fedesarrollo han señalado que el hueco de las finanzas públicas que dejó el Gobierno anterior es mayor al que reconoció oficialmente y que las proyecciones de reducción del déficit descansan sobre supuestos optimistas en materia de ingresos y disminución del gasto.
A ello se suma el impacto del terremoto que sacudió el suroccidente del país y cuya reconstrucción se estima en unos 30 billones de pesos. Sin embargo, en principio, el Gobierno no recurriría a impuestos para atender esta emergencia.
De esta manera, el nuevo Gobierno deberá implementar un espacio fiscal reducido, con la necesidad de recuperar la credibilidad ante inversionistas y calificadoras de riesgo.
Este reto exige la combinación de una serie de factores y mecanismos que atiendan no solo el gasto, los ingresos, la administración tributaria y una simplificación de impuestos, sino que al mismo tiempo impulsen el crecimiento económico, no golpeen el aparato productivo y reconstruyan la confianza.
Un factor relevante en esta ecuación, y que llevará a ampliar la base de contribuyentes, es alcanzar un nivel mayor de formalización de los negocios, aumentar la bancarización, lograr un sistema tributario más simple y una lucha efectiva contra la evasión y el contrabando.
“Si queremos incorporar a quienes hoy están por fuera del sistema, tenemos que facilitarles la entrada a la economía formal, no hacerla más costosa ni más compleja”, señaló Nicole Ríos Martínez, socia de CMS Rodríguez Azuero.
Una reforma que impulse la inversión
Una de las iniciativas que llegará al Congreso es una reforma tributaria propuesta por el nuevo Gobierno.
Si bien la Administración Petro radicó un proyecto de carácter impositivo del cual se podrían tomar algunas propuestas, varias de las firmas consultadas coinciden en afirmar que no hay similitud ideológica entre el Gobierno actual y el anterior para hacerlo.
Para los expertos, una iniciativa bien estructurada debe promover la inversión, facilitar la formalización, generar las condiciones para lograr una mayor actividad económica, reducir los pleitos y demandas que llegan a los tribunales y acelerar el pago de las obligaciones pendientes con el Estado.
Se hace necesario generar un círculo virtuoso que traiga justamente más recursos al torrente de la economía.
“Antes que crear mayores impuestos que agobien más a los contribuyentes, se podrían considerar incentivos a la inversión y a la creación de empleo formal, que traigan mayor recaudo a través de la generación de mayor riqueza”, expresa Gustavo Pardo, socio de Holland & Knight.
A su vez, Mónica Bolaños, socia de Garrigues, es partidaria de una revisión del sistema tributario que establezca si algunos impuestos podrían eliminarse porque han perdido su justificación técnica.
“Cualquier proceso de simplificación debe responder a una estrategia cuidadosamente diseñada que permita avanzar hacia un sistema más simple y eficiente, sin erosionar la capacidad de recaudo del Estado ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo.
Para expertos como Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, es necesaria una reforma del IVA que, entre otras cosas, elimine la mayoría de las exclusiones y exenciones, lo cual permitiría generar el recaudo suficiente para la eliminación de impuestos, como el gravamen a los movimientos financieros.
Ríos Martínez explica que “una reforma tributaria bien diseñada puede contribuir al mismo tiempo a sanear las finanzas públicas y a reactivar la economía. Todo depende de su enfoque. Las reformas tributarias no deben entenderse únicamente como instrumentos para aumentar el recaudo”.
Por eso, el país requiere la tan cacareada reforma estructural, que no se traduce en más tarifas para quienes ya aportan al fisco, sino más bien en un sistema más simple y competitivo frente a países con los que Colombia compite por atraer capitales extranjeros.
“Subir la carga sobre la inversión formal es el camino más corto para reducir la base gravable de periodos siguientes. Hay que buscar ampliar las bases gravables y cerrarles el paso a la evasión y a la corrupción en la contratación, no castigar al que produce. Las reglas estables atraen más inversión extranjera que cualquier incentivo puntual”, destacó Carolina Rozzo, socia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).
Otros advierten que una reforma que promueva la inversión debería eliminar impuestos que obstruyan la bancarización —como el gravamen a los movimientos financieros—; debe dar la posibilidad de que, en caso de grandes inversiones, se firmen acuerdos de estabilidad jurídica para brindar estabilidad en las reglas del juego y previsibilidad a grandes proyectos; modificar los límites a las deducciones por costos y gastos incurridos en el exterior y reducir la tarifa de renta de personas jurídicas de manera gradual.
“La iniciativa debe revisar los impactos en dobles y triples tributaciones que se pueden generar en diferentes escenarios de cara al impuesto al patrimonio y al denominado impuesto a los dividendos. Y en personas jurídicas la prioridad debe ser la competitividad y la estabilidad en la normativa, eliminando sobretasas y gravámenes ineficientes, que redundan en una disminución de la confianza inversionista”, explicó Juan Camilo De Bedout, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.
Estabilidad jurídica
Una de las premisas en las que insisten las firmas de abogados es la necesidad de que un cambio en las normas tributarias traiga estabilidad, reglas claras y perdurables en el tiempo, coherencia y, principalmente, que dejen de responder a coyunturas y que más bien respondan a una visión estructural.
“Uno de los pilares fundamentales es la estabilidad jurídica. Los inversionistas, los empresarios y quienes deciden emprender necesitan reglas claras y previsibles que les permitan planear sus decisiones de largo plazo. El país necesita una reforma con visión de largo plazo. Una reforma que simplifique el sistema tributario, facilite el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes”, destacó Bolaños, de Garrigues.
En esto coincide Héctor Ramírez, de PPU, quien advierte que una reforma estructural debe propender por el fortalecimiento de la seguridad jurídica para todos los contribuyentes, incluidos los inversionistas nacionales y extranjeros.
“Más que una reforma orientada únicamente al recaudo o al otorgamiento indiscriminado de beneficios tributarios, el objetivo debería ser construir un sistema más eficiente, estable y predecible”, puntualizó Ramírez.
Lo cierto es que para los expertos una reforma tributaria estructural sería motor para el cumplimiento de dos objetivos fundamentales: enderezar la economía y estabilidad en las reglas del juego a inversionistas y empresarios en general.
“Cuando la crisis es más profunda es cuando se requieren reformas profundas, soluciones de largo aliento y no colchas de retazos, que son las reformas tributarias que se han dado en los últimos 20 años”, concluyó Piñeros.
Poner la casa en orden
El cambio de mando en el liderazgo del país es, para muchos, la oportunidad de empezar a enderezar el camino y poner la casa en orden.
Para ello, además de trabajar por el lado de los ingresos, es necesario hacerlo también por el gasto y echar mano de otros mecanismos como el control a la evasión, como lo planteó en un inicio el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Gustavo Pardo, socio de la firma Holland & Knight, llama la atención en el sentido de que la lucha contra la evasión y el contrabando ha sido promesa de anteriores gobiernos y sería una herramienta que permitiría obtener mayores ingresos, precisamente de quienes evaden las obligaciones tributarias.
Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia, señala que es un ejercicio que está en mora de hacerse; sin embargo, “la capacidad de la DIAN en este frente es muy limitada. La DIAN se enfoca en ‘cazar en el zoológico’ persiguiendo a los grandes contribuyentes y a las empresas formalmente establecidas, cuando debería enfocarse en perseguir a la economía informal”.
Por su parte, Nicole Ríos Martínez, socia de CMS Rodríguez Azuero, destaca que en esta lucha se requiere inteligencia fiscal, mejores cruces de información, mayor coordinación entre autoridades, inversión en capacidad operativa y una política clara de formalización económica.
En esto coincide Héctor Ramírez, socio de PPU, quien agrega que son indispensables, además, mecanismos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones. “Todo ello contribuirá de manera importante al aumento del recaudo sin necesidad de incrementar la carga tributaria”.
Sin embargo, también advierten que los resultados de la lucha contra la evasión no se materializan de manera inmediata.
“La lucha contra la evasión y el contrabando no puede ser tomada como un sustituto automático de los ingresos fiscales, dado que su resultado no impacta de inmediato. Las proyecciones de cifras que se hagan como resultado de esto deben ser tomadas con cautela porque los litigios y procesos de materialización de esa lucha toman los tiempos regulados por el debido proceso”, advierte Juan Camilo De Bedout, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.