El episodio telúrico ocurrido recientemente en Venezuela recordó que ningún país de la región está exento de enfrentar una catástrofe de gran magnitud. Para Colombia, donde amplias zonas del territorio presentan alta amenaza sísmica, se abre un nuevo debate: ¿están realmente preparadas las viviendas y sus propietarios para afrontar un evento similar?
Por un lado, el país ha fortalecido durante décadas sus normas de construcción sismorresistente y un sistema de licenciamiento urbanístico que exige revisiones técnicas y estructurales para los proyectos formales. Pero, por otro lado, aún existe una enorme brecha en materia de aseguramiento: millones de familias tendrían que asumir por cuenta propia los costos de reconstruir su patrimonio después de un desastre.
De acuerdo con cifras de Fasecolda, el gremio de los aseguradores, a marzo de 2026 había 1.667.044 hogares asegurados en Colombia. Sin embargo, al contrastar esa cifra con los 17,9 millones de viviendas ocupadas proyectadas por el Dane para diciembre de 2025, se concluye que apenas el 9,3 % de los hogares cuenta con un seguro de vivienda, mientras que el 90,7 % sigue sin esta protección financiera.
Sobre los seguros, Fasecolda explica que “aunque muchas personas asocian este producto únicamente con terremotos o incendios, la realidad es que puede ofrecer protección frente a una amplia variedad de riesgos. Entre las coberturas más comunes se encuentran los daños causados por incendio, terremoto, hurto, explosión, daños por agua, granizo, lluvias intensas o vientos fuertes, entre otros”.
Para el gremio asegurador, el principal desafío no radica únicamente en la amenaza sísmica, sino en el bajo nivel de protección patrimonial de las familias. Aunque el Estado desempeña un papel fundamental en la atención de las emergencias, un seguro permite que los propietarios puedan reparar o reconstruir su vivienda sin comprometer completamente su estabilidad económica. Actualmente, las viviendas aseguradas en Colombia representan una suma cercana a 361 billones de pesos; solo en Bogotá ese valor asciende a aproximadamente 82 billones de pesos.
Sin embargo, la vulnerabilidad del país no depende únicamente del número de viviendas aseguradas. También está relacionada con la forma en que han sido construidas.
Sandra Forero, concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, aseguró en entrevista con SEMANA que “en Colombia, cerca del 60 % de las viviendas han sido construidas de manera formal, lo que implica el cumplimiento de requisitos diseñados para proteger la vida de las familias. Entre ellos está la Norma Sismorresistente de 2010, que establece estándares técnicos para garantizar que las edificaciones puedan responder adecuadamente ante eventos sísmicos de gran magnitud. Además, las viviendas formales cuentan con estudios técnicos como estudios de suelos, diseños estructurales y procesos constructivos supervisados, elementos que aumentan significativamente la seguridad de las edificaciones”.
Sin embargo, advierte que el mayor riesgo se encuentra fuera del sector formal de la construcción. “Somos un país donde todavía hay una gran presencia de construcción informal y ahí es donde hay un alto riesgo. El 40 % de las viviendas están desarrolladas por autoconstrucción y de manera informal, es decir, que no necesariamente están construidas por profesionales; es lo que las familias pueden hacer sin ninguna verificación de que haya un cumplimiento de la norma sismorresistente”, explicó.
La exdirectora de Camacol también desmiente uno de los mitos más comunes sobre la infraestructura del país: que toda edificación antigua representa un mayor peligro. Argumenta que Colombia ya aplicaba criterios antisísmicos antes de la expedición de la Norma Sismorresistente NSR-10, por lo que numerosos edificios construidos hace varias décadas continúan ofreciendo un adecuado nivel de seguridad. El verdadero problema, insiste, no es la antigüedad de las edificaciones, sino aquellas construidas por fuera de los controles técnicos y urbanísticos.
Retomando la protección financiera, Fasecolda explicó acerca de los seguros asociados a un crédito hipotecario que “en muchos casos, este tipo de pólizas y las de hogar pueden compartir coberturas frente a riesgos como incendio y terremoto. Sin embargo, no necesariamente ofrecen el mismo nivel de protección ni responden a las mismas necesidades. El seguro vinculado al crédito tiene como propósito proteger el inmueble que sirve como garantía del préstamo y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad financiera. Por su parte, el seguro de hogar suele estar diseñado para proteger integralmente el patrimonio del propietario, permitiendo ampliar coberturas y asistencias”.
En Colombia, avanzar en edificaciones capaces de proteger la vida es fundamental, pero no basta. El desafío ahora es reducir la informalidad en la construcción y ampliar la cultura del aseguramiento, de manera que un desastre natural no derive también en una crisis económica para millones de hogares. Porque, aunque un seguro no evita que ocurra una catástrofe, sí puede marcar la diferencia entre perder una vivienda y tener la posibilidad de reconstruirla.