En el contexto del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, se ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de lo deportivo: el de la infraestructura necesaria para acoger eventos de talla mundial. Así lo plantea el más reciente capítulo del podcast de la firma Posse Herrera Ruiz, en el que los expertos en derecho urbanístico Andrea Henao y Héctor Otálora analizan cómo la unión entre el capital privado y la planeación urbana resulta determinante para el éxito de los grandes escenarios deportivos.
Según se expone en la conversación, la realidad inmobiliaria de los estadios varía notablemente según el país anfitrión. Mientras en las sedes canadienses predomina la propiedad pública, en Estados Unidos y México se ha optado por esquemas de operación conjunta con actores privados, para dinamizar las economías locales y atraer turismo.
La situación colombiana es distinta por el carácter jurídico de estos bienes, que tradicionalmente han pertenecido al Estado. Sin embargo, la normativa actual sí permite incorporar capital externo mediante diferentes mecanismos contractuales, incluidas las concesiones de largo plazo renovadas.
En cuanto a esto, Héctor Otálora señaló que “hoy en día, con las APPs, con la generación de nuevos proyectos particulares que involucran la inversión privada, la gestación de estos escenarios podría implicar que sea mucho más fácil la participación del privado en el desarrollo urbano”.
Este panorama contrasta con lo ocurrido en 1986, cuando Colombia declinó ser sede mundialista debido a que, en ese entonces, el financiamiento de infraestructura dependía exclusivamente del Estado, en competencia directa con otras necesidades presupuestales prioritarias. Hoy, el andamiaje legal vigente abre la puerta a inversiones externas de mayor magnitud.
Un ejemplo claro de esta transformación normativa es el proyecto de modernización del estadio El Campín, en Bogotá. Lo que en la década de 1930 comenzó como una simple donación de terrenos, hoy se concibe como un ecosistema urbano integral, financiado mediante alianzas estratégicas que combinan comercio y transporte masivo.
No obstante, este tipo de intervenciones no está exento de exigencias técnicas y administrativas. Las curadurías urbanas deben evaluar aspectos como la sismorresistencia y la seguridad arquitectónica de las obras, mientras que las secretarías locales están encargadas de vigilar los estudios de tránsito y los planes de mitigación sobre el espacio público.
El propósito de fondo, señalan los expertos, es evitar la construcción de recintos aislados que solo se utilicen unas pocas horas a la semana. Por ello, las normativas actuales exigen que estos proyectos se articulen desde los Planes de Ordenamiento Territorial, garantizando conexiones eficientes con los sistemas de transporte para prevenir el colapso vial en las zonas aledañas.
“Es emocionante porque ya se pasa de solo hablar de sillas, de número de espectadores a hablar de proyectos mucho más complejos. Y en esa complejidad donde convergen componentes urbanísticos normativos hay algo muy importante y es dónde lo voy a hacer y luego el cómo lo voy a hacer”, añadió Andrea Henao.
Finalmente, el análisis concluye que el futuro del entretenimiento masivo en Colombia dependerá en gran medida de la voluntad gubernamental y de la seguridad jurídica necesaria para atraer capital. Las instituciones, advierten los panelistas, tienen la responsabilidad de asegurar que estas obras trasciendan el evento deportivo puntual y se conviertan en motores de renovación urbana permanente y de mayor competitividad económica para las ciudades.