Una de cada tres pensiones que se reconocen en Colombia corresponde a invalidez o sobrevivencia, dos contingencias que dependen de un esquema de aseguramiento cuya sostenibilidad comienza a generar preocupación en el sector asegurador. Fasecolda advierte que el aumento del costo de estas prestaciones y los cambios previstos con la reforma pensional podrían trasladar una parte mayor del riesgo al Estado si no se preserva un mecanismo de seguro suficiente.
Milton Moreno, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social, Vida y Personas de Fasecolda, explicó que cerca del 33 % de las pensiones del país corresponde a invalidez o sobrevivencia, y no a vejez. Se trata de prestaciones que pueden reconocerse cuando una persona pierde su capacidad laboral o cuando fallece y deja beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos.
El riesgo, aclaró Moreno, no significa que hoy se estén dejando de pagar esas pensiones. “Hasta este momento, todos los pensionados que han cumplido los requisitos se han pensionado”, afirmó. La preocupación está hacia adelante: si el seguro previsional se vuelve financieramente insostenible, las AFP no encuentran aseguramiento o Colpensiones no contrata una cobertura suficiente, el costo terminaría recayendo sobre el Presupuesto General de la Nación.
Parte de la presión viene del encarecimiento del seguro previsional. Moreno explicó que sus primas aumentan de acuerdo con la siniestralidad, es decir, con el número de fallecimientos e invalideces que terminan generando nuevas obligaciones pensionales. A ese comportamiento normal se sumaron recientemente dos factores: el aumento del salario mínimo y la reducción de la cobertura de deslizamiento.
Según el directivo, una pensión cercana a un salario mínimo que antes exigía un ahorro de entre 400 y 450 millones de pesos pasó a costar aproximadamente 511 millones bajo las nuevas condiciones. Ese mayor valor obliga a elevar la prima del seguro previsional.
La prima del seguro previsional la pagan los fondos privados de pensiones con parte de la cotización mensual que hacen sus afiliados, exactamente con el 3 %. Ese monto lo deben dividir entre pagarles a las aseguradoras y la comisión con la que financian su operación. “Es como una cobija corta, con la que debo decidir si me tapo la cabeza o me destapo los pies. Y los pies son la comisión del fondo”, explicó Moreno, pues mientras más aumenta la prima, menor es el espacio para la comisión.
Fasecolda teme que llegue un punto en el que esos 3 puntos resulten insuficientes, con dos posibles consecuencias: que el fondo se quede sin margen de comisión o que deje de existir una oferta suficiente de seguro previsional para los afiliados.
La reforma pensional agrega otro frente de discusión, pues estableció que Colpensiones debe contratar un seguro previsional o utilizar un mecanismo alternativo definido por el Gobierno. Posteriormente, uno de los pocos decretos reglamentarios que han salido (Decreto 514 de 2025) priorizó la utilización del mecanismo alternativo, específicamente un patrimonio autónomo. Fasecolda sostiene que ese esquema no replica elementos propios del seguro, como las reservas técnicas, el régimen prudencial, la mutualización del riesgo y el reaseguro.
Para el gremio, la diferencia no es menor. Bajo un seguro, parte del riesgo se transfiere a aseguradoras y reaseguradores; con un patrimonio autónomo, cualquier insuficiencia puede terminar afectando directamente las finanzas públicas. En Fasecolda advierten que, si arranca la reforma, Colpensiones concentraría los riesgos de los afiliados que no entren en transición y que su respaldo, en última instancia, dependería del Presupuesto General de la Nación.
El sector asegurador calcula que más de 171.000 colombianos han accedido a pensiones de invalidez o sobrevivencia gracias al seguro previsional. Además, mantiene reservas superiores a 66 billones de pesos para respaldar obligaciones pensionales.
Moreno aseguró que Fasecolda ha advertido tanto al Gobierno anterior como al actual sobre estos riesgos. Por ahora, dijo, el Ejecutivo analiza posibles ajustes, pero el gremio no ha recibido información sobre cambios concretos. fasecol
La discusión, por tanto, no gira alrededor de pensiones que hoy hayan dejado de pagarse, sino sobre quién asumirá en el futuro el costo de invalidez y sobrevivencia si el aseguramiento pierde viabilidad.